El Instituto Politécnico Nacional está bajo un profundo escrutinio por parte del Órgano Interno de Control, que investiga posibles quebrantos patrimoniales relacionados con contrataciones asignadas entre 2021 y lo que va de 2026. Las indagatorias se centran en la Secretaría de Administración del IPN y abarcan no sólo el periodo en el que Javier Tapia Santoyo fue administrador de esa casa de estudios, sino también la actual gestión de Ana María Arrona González. Los hallazgos revelan que podría haber peculado, conflictos de interés y contrataciones de empresas factureras. Adicionalmente, se revisa la terminación del convenio entre el Instituto y la Fundación Politécnico, donde habría una disputa por 5 mil millones de pesos; así como la creación del Patronato Corazón Guinda y Blanco, en la que estuvo involucrada Arrona González antes de ser nombrada administradora general del IPN

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno –a través del Órgano Interno de Control– mantiene abiertas varias líneas de investigación por presuntos quebrantos patrimoniales en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y por una disputa que podría alcanzar los 5 mil millones de pesos relacionada con el pleito entre la dirección general de esa casa de estudios –encabezada por Arturo Reyes Sandoval– con la Fundación Politécnico, y posterior creación del Patronato Corazón Guinda y Blanco, AC. 

Hasta ahora, los hallazgos revelan que podría haber peculado, presuntos conflictos de interés e irregularidades en varias contrataciones asignadas entre 2021 y lo que va de 2026. Particularmente, se revisa el posible uso de empresas factureras, subcontrataciones relacionadas con servicios de limpieza, trabajos con sobreprecios o no concluidos, y el manejo de recursos relacionados con aportaciones estudiantiles para inscripción y reinscripción a través del Banco Azteca.

Las indagatorias del OIC se centran en la actuación de la Secretaría de Administración del IPN, y abarcan el periodo en el que Javier Tapia Santoyo fue administrador de esa casa de estudios y la actual gestión de Ana María Arrona González. Ello, porque el presupuesto público del IPN tan sólo en 2026 supera los 22 mil millones de pesos.

Tapia Santoyo fue nombrado por Reyes Sandoval en marzo de 2021, y se desempeño en el cargo hasta noviembre de 2025, cuando fue separado por instrucciones de la propia Secretaría Anticorrupción, y posteriormente vinculado a proceso por un juez, aunque por otro presunto caso de corrupción ocurrido durante su paso en el ISSSTE. El caso que se judicializó en diciembre de 2025 se relaciona con un quebranto patrimonial en el Hospital 20 de Noviembre, por un presunto fraude que habría implicado el uso de empresas factureras de operaciones simuladas.

Tras ser separado del cargo, el director general del IPN nombró a Arrona González como administradora general del Politécnico, lo que podría a su vez implicar un conflicto de intereses, según el análisis de los auditores internos. Ello, porque la funcionaria participó previamente en la creación del Patronato Corazón Guinda y Blanco ex profeso para suplir a la Fundación Politécnico, y manejar no sólo los donativos millonarios en efectivo, sino también los que son en especie. Y aunque el nombramiento de Arrona González se formalizó el 27 de febrero de 2026, el OIC indaga ese vínculo con Reyes Sandoval. 

Además, la autoridad fiscalizadora presume que la disputa entre la Fundación Politécnico y el director general del IPN podría tener un trasfondo económico, por el manejo de unos 5 mil millones de pesos. Sobre este asunto, destaca que la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional dio por terminado el convenio de colaboración con la Fundación, el 11 de julio de 2025, bajo el argumento de que el órgano de gobierno de la asociación civil excluyó de la toma de decisiones a las autoridades politécnicas. Posterior a ello, el propio IPN promovió la creación del Patronato Corazón Guinda y Blanco, y firmó convenio con esta última el tres días después: el 14 de julio de 2025.

En ese momento el Patronato quedó integrado de la siguiente forma: Ana María Arrona González ocupó la Dirección Operativa del Consejo Directivo del; Claudia Islas Sánchez, la Coordinación Administrativa y Finanzas del Consejo Directivo; Norma Alicia Ramírez Palacios, la Coordinación Técnica y Promoción del Consejo Directivo; Julio Alberto Santibáñez Luna, la Coordinación Jurídica del Consejo Directivo, y Dulce María Monroy Becerril fue nombrada comisaria.

El rompimiento entre la Fundación Politécnico y la dirección general del Instituto se dio después de que, en febrero de 2024, ambas instancias habían renovado el convenio de colaboración sin definir plazo de terminación. A esta firma la llamaron “alianza histórica”, pues según informaron, había permitido triplicar los ingresos por donativos de la asociación civil, entre 2021 y 2023.

A nombre del director general del IPN, la renovación fue signada por el entonces secretario de Administración de la casa de estudios, Javier Tapia Santoyo, y a nombre de la Fundación, por su presidente Jesús Padilla Zenteno.

Además de este último, en la asociación civil participan: Héctor Díaz García; Héctor Luna de la Vega; Juan Jesús Navarro Parada; Luis Sánchez Estrada; Marco Antonio Martínez Terán; Raúl Vertti Omaña; Víctor Manuel Alcerreca Sánchez; Sergio Enrique Cervantes Rodiles; Vicente Gutiérrez Camposeco; Javier Hernández Hernández; Raúl González Apaolaza; Héctor Saúl Ovalle Favela; Juan Carlos Cuevas Sainz de la Peña; Mario Luis Salazar Zúñiga; Raúl Eric Talan Ramírez; y Jorge Javier Jiménez Alcaraz.

De acuerdo con el informe financiero presentado ante el Servicio de Administración Tributaria en mayo de 2025, y que son los más recientes, la Fundación Politécnico obtuvo ingresos en efectivo por 276 millones 550 mil 411 pesos, en el ejercicio de 2024; y donativos en especie por 2 millones 825 mil 852 pesos. Asimismo, refiere que la AC posee una cuenta de inversión con un fondo de 173 millones 514 mil 886 pesos.

Del total de ingresos, la Fundación reportó al SAT haber entregado 234 millones 190 mil 997 pesos al Instituto Politécnico Nacional; 2 millones 639 mil 286 pesos a la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN; 4 millones 60 mil pesos al British Council Asociados, AC; y 3 mil pesos al Centro Mexicano para la Filantropía, AC. Es por ello que la lupa fiscalizadora del OIC también revisa este desencuentro entre la Fundación y el director del IPN.

OIC investiga la administración del IPN

Las principales líneas de investigación del Órgano Interno de Control se centran en el actuar de la Secretaría de Administración del IPN, para determinar si existen desvíos de recursos públicos (o peculado), conflicto de interés e irregularidades en varias contrataciones asignadas entre 2021 y lo que va de 2026. 

Se revisa sobre todo el presunto uso de empresas factureras, un modus operandi que la autoridad fiscalizadora le atribuye al exadministrador del IPN, por su trayectoria en el ISSSTE y por lo cual ya fue vinculado a proceso. Además, se documentan casos de subcontratación, sobre todo relacionados con servicios de limpieza y jardinería.

Ejemplo de lo anterior es el contrato que asignó el IPN a la empresa Got Und Glück, SA de CV –mediante licitación pública nacional para prestar el servicio de limpieza para el ejercicio fiscal 2024 en inmuebles de dicha casa de estudios, y tras reponer el primer proceso de contratación–, y que incumplió el pago de sueldos a las y los trabajadores, además de no inscribirlos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dicha empresa fue inhabilitada por la entonces Secretaría de la Función Pública a mediados de 2024.

Otro contrato que se revisa por incurrir presuntamente en subcontratación es el que se asignó en 2025, por licitación pública, a la empresa Servicios Integrales Retimar, SA de CV, para el servicio de limpieza. Este implica más de 2 mil 500 millones de pesos y tiene una vigencia hasta diciembre de 2028.

Asimismo, se fiscalizan contratos de diversos seguros (en especial los que cubren las instalaciones), del servicio integral de jardinería, arrendamiento y mantenimiento del parque vehicular; así como contratos de construcción y mantenimiento a edificios e instalaciones; y de mantenimiento y conservación a equipos; servicio de impresión, entre otros. El OIC revisa que estos contratos no hayan implicado sobreprecios, si ya no están vigentes que hayan sido concluidos de forma satisfactoria y que no tengan antecedentes como el empleo de factureras.

Aunado a lo anterior, fiscaliza el manejo de recursos relacionados con aportaciones estudiantiles para inscripción y reinscripción a través del Banco Azteca, pues esta institución financiera ligada al empresario Ricardo Salinas Pliego ha sido vetada de participar en manejo de recursos del presupuesto público.

En medio de estas indagatorias, el director general Reyes Sandoval enfrenta una crisis estudiantil, pues la cancelación del convenio con la Fundación Politécnico ha dejado a decenas de estudiantes sin acceso a sus becas. Por ello, alumnos y alumnas se han manifestado contra la administración del IPN, a la que acusan de presuntos actos de corrupción.

Para la elaboración de este trabajo, Contralínea solicitó conocer la versión del IPN a través del titular de Comunicación Social. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

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