En el marco de una estrategia de reindustrialización en el país y a pocos días de que comience la revisión formal del T-MEC, es importante recordar que todo proceso de industrialización sostenido requiere de un sector primario, capaz de generar los productos necesarios para satisfacer la demanda interna que este proceso demanda. Ello no se limita a la producción de los alimentos que la población requiere para su reproducción básica, sino también a las materias primas que servirán de insumos para las industrias nacionales.

En nuestro país esto se vio materializado durante los años de bonanza del llamado Milagro Económico Mexicano, cuando el PIB del sector primario registró un crecimiento promedio anual del 7 por ciento, prácticamente el mismo crecimiento que la economía en su conjunto. Uno de los principales factores que explican este comportamiento radica en la activa participación del sector público mediante el gasto destinado al sector agropecuario y forestal, y la política de otorgamiento de créditos preferenciales para los productores agrícolas.

Sin embargo, con la llegada de políticas económicas de corte neoliberal esto cambió significativamente. De acuerdo con Zermeño (1995), el gasto público en el sector de desarrollo rural –que en el año 1980 se reportó en 139 millones de nuevos pesos– se redujo de manera significativa durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari a 44 millones de nuevos pesos. Esto significó un evidente cambio en la política agrícola nacional, pues los programas de fomento a este sector comenzaron a reservarse a las agroindustrias empresariales, a la par que los campesinos mexicanos se fueron reduciendo a una concepción de sujetos “pobres”, que debían ser apoyados principalmente a través de la política social asistencialista; es decir, no productiva.

Para muestra se tiene la desatención y el consecuente declive del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), la red de sociedades nacionales de crédito creada en el año 1975 a partir de doce instituciones financieras regionales y una nacional, cuya misión era financiar la productividad primaria agropecuaria y forestal; y con una estructura descentralizada, buscaba atender las particularidades de cada región.

A partir de este abandono crediticio, sumado al aumento de las tasas de interés en detrimento de los pequeños y medianos productores, se fue configurando el escenario de crisis en el sector primario, al punto de que, en el año 2002, Vicente Fox liquidó Banrural, y en su lugar creó Financiera Rural. Esta institución fue objeto de múltiples críticas, entre las que destacan su enorme canalización de recursos hacia el mercado de deuda pública –lo que favoreció la liquidez del gobierno federal– en lugar de ser un instrumento de fomento productivo del sector agrícola. Y es que, de acuerdo con datos oficiales, en el año 2004 el 53 por ciento de sus ingresos provino de inversiones en valores y operaciones bursátiles –es decir, de deuda del propio gobierno federal–, y no de crédito otorgado a productores.

La situación provocó que en el año 2013 Enrique Peña Nieto cambiara su denominación a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FNDL), pero, al continuar con las mismas normas de operación, se siguieron reproduciendo sus fallas e ineficiencias. Muestra de ello fue el incremento de carteras vencidas, y su incapacidad para impulsar el desarrollo rural.

Expuesto el contexto, queda más clara la medida adoptada en el año 2023 por Andrés Manuel López Obrador de decretar la extinción y liquidación de la FNDL, bajo la lógica de que los recursos debían entregarse directamente a las y los productores del campo mexicano, sin intermediarios y sin gastos en infraestructura administrativa innecesaria. Esto en el marco del impulso al programa Sembrando Vida, con el cual se rompió el círculo vicioso de postergación de atención al campo mexicano, como parte de la búsqueda por alcanzar la autosuficiencia alimentaria.

Y en el marco de esta liquidación, el pasado 6 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el programa Volver a Crecer FNDL 2026, con el objetivo de apoyar a cerca de 70 mil deudoras y deudores de la FNDL que mantenían una cartera vencida de más de 11 mil millones de pesos. Esta medida, además de poner un alto a las prácticas abusivas de cobranza –que incluían extorsiones, cobranzas excesivas y amenazas– hacia los productores del campo, representa un tabique más en la construcción del tejido social y productivo en el país, por la clara intención de continuar caminando hacia la reactivación productiva del campo mexicano, aun a costa de asumir una pérdida patrimonial que ya era prácticamente irrecuperable.

La medida es el comienzo de la atención al gran problema histórico que enfrenta el sector agrícola mexicano en materia de acceso al crédito formal, pues con la limpieza de los historiales crediticios de las y los campesinos mexicanos, se reactiva la posibilidad de créditos formales y regulados, los cuales pueden ser destinados a nuevos recursos para reinvertir en insumos, maquinaria o expansión de sus cultivos.

Con ello, se espera la reactivación productiva de este sector.

Referencia

Zermeño, F. (1995). La crisis agrícola. En J. Valenzuela (Comp.), México: ¿Fin de un Régimen? Universidad Autónoma Metropolitana.

Carolina Hernández Calvario*

*Académica de la UAM Iztapalapa; licenciada y doctora en economía (Facultad de Economía, UNAM); y maestra en estudios latinoamericanos (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM). Su campo de especialización es en economía política.

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