La comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ante la Fiscalía General de la República (FGR) no responde a una acusación penal ni a una persecución política, sino a una investigación relacionada con la participación de agentes extranjeros en un operativo realizado en territorio mexicano, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria rechazó las versiones que presentan el caso como un conflicto político entre el gobierno federal y la mandataria estatal panista. Según explicó, el objetivo de la investigación es determinar cómo se autorizó la presencia de dos agentes extranjeros en una operación de campo realizada en Chihuahua y si se cumplió con la legislación mexicana vigente.

“Se ha dicho que se está contra la gobernadora, que es un asunto político. No tiene nada que ver. Es un asunto de una investigación de la fiscalía sobre este caso que es muy relevante para el país”, sostuvo la titular del Ejecutivo federal.

La presidenta recordó que el caso se originó tras un operativo realizado el pasado 19 de abril en la Sierra Tarahumara, donde personal de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua localizó un laboratorio de producción de metanfetaminas. Sin embargo, precisó que la localización del sitio y su posterior desmantelamiento son acciones distintas, pues la facultad para destruir este tipo de instalaciones corresponde exclusivamente a la FGR.

De acuerdo con Sheinbaum, la relevancia del caso aumentó después de que se conociera que en el operativo participaron dos agentes extranjeros y que, posteriormente, cuatro personas murieron en un accidente: dos elementos de la fiscalía estatal y los dos agentes foráneos.

Señaló que la investigación no se centra en el hallazgo del laboratorio, sino en esclarecer por qué había personal extranjero participando en actividades operativas dentro del territorio nacional. “¿Por qué había dos personas extranjeras en una operación en campo? Porque en México cualquier agente extranjero tiene que registrarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y no puede hacer operaciones conjuntas en campo”,

La primera mandataria enfatizó que la legislación mexicana permite la cooperación internacional en tareas de inteligencia, intercambio de información e investigación, pero no autoriza que agentes extranjeros sustituyan o acompañen físicamente a las autoridades mexicanas en operativos de campo.

En ese contexto, explicó que la FGR abrió una investigación para determinar quién autorizó la participación de los agentes extranjeros y si se siguieron los procedimientos legales correspondientes. Como parte de esas diligencias, diversas personas han sido llamadas a rendir declaración, incluida la gobernadora María Eugenia Campos. “De acuerdo con lo que ha dicho la fiscalía, se le convocó para que pudiera dar su versión de qué fue lo que ocurrió en esta circunstancia”.

Además, sostuvo que algunos actores políticos y medios de comunicación han intentado presentar la investigación como un supuesto obstáculo a las acciones contra el narcotráfico. Sin embargo, rechazó esa interpretación al recordar que durante la actual administración se han destruido más de 2 mil 300 narcolaboratorios sin necesidad de participación extranjera.  “Es importante por la soberanía nacional y por el cuidado de nuestras leyes que se conozca por qué había dos personas extranjeras en este operativo”.

Aclaró que el caso no representa un conflicto diplomático con Estados Unidos ni modifica los mecanismos de coordinación bilateral en materia de seguridad. No obstante, subrayó que la cooperación entre ambos países debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes mexicanas. “Se colabora y se coordina, pero no puede haber operativos en tierra conjuntos, porque para eso está la autoridad mexicana. Ningún gobierno extranjero puede realizar actividades en México fuera de la ley”.

Sheinbaum Pardo insistió en que permitir excepciones en este tipo de casos abriría la puerta a futuras violaciones de la legislación nacional, por lo que consideró indispensable que la FGR esclarezca plenamente los hechos y determine si existió alguna responsabilidad administrativa o penal.

De igual manera, recordó que el entonces fiscal estatal César Jáuregui Robles dejó su cargo después de que se conociera la polémica relacionada con la participación de agentes extranjeros en el operativo. Para la jefa del Ejecutivo federal, ese hecho refleja que incluso autoridades involucradas reconocieron la necesidad de revisar lo ocurrido y aclarar si se actuó conforme al marco legal mexicano.

En otro momento de su conferencia, la presidenta Sheinbaum Pardo relacionó el tema con las solicitudes presentadas por autoridades estadunidenses respecto de exfuncionarios y políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Recordó que, en el caso que involucra al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el gobierno mexicano solicitó la opinión de la FGR antes de responder a una petición de autoridades estadunidenses. Según explicó, la fiscalía concluyó que no existían pruebas suficientes para sustentar las acciones solicitadas, por lo que se optó por abrir investigaciones propias en México.

De acuerdo con la primera mandataria, ambos casos ilustran un mismo principio: la necesidad de que cualquier acusación o acción legal se sustente en pruebas y se procese conforme a las leyes mexicanas, sin presiones externas ni decisiones tomadas desde el extranjero. “Tenemos que ser muy serios como mexicanos. No es porque cualquiera venga a decir que alguien cometió un delito que automáticamente se actúe. Tiene que haber pruebas y tienen que respetarse nuestras leyes”.

Finalmente, la presidenta insistió que la investigación en Chihuahua no busca afectar políticamente a ninguna persona, sino garantizar el cumplimiento de la ley y preservar la soberanía nacional frente a cualquier actuación extranjera que exceda las facultades permitidas en México.