El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, propuso transformar la impartición de justicia en materia agraria mediante un enfoque social que reconozca los derechos territoriales de los pueblos indígenas, fortalezca a los ejidos y deje atrás el formalismo judicial. Al presentar la visión que impulsará desde el máximo tribunal del país, sostuvo que la reforma judicial solo tendrá sentido si garantiza soluciones a los conflictos históricos del campo mexicano, protege la propiedad social y acerca la justicia a comunidades que durante décadas han permanecido en condiciones de desigualdad.

La reforma judicial de 2024 habrá fracasado si los nuevos ministros, jueces y magistrados mantienen la misma visión formalista del pasado, y se limitan a emitir sentencias sin resolver los problemas reales de la población, advirtió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, al plantear que el nuevo Poder Judicial debe asumir una perspectiva social que coloque en el centro a ejidatarios, comunidades indígenas, campesinos y sectores históricamente marginados.

Durante la conferencia magistral El nuevo Poder Judicial y el marco jurídico agrario e indígena, realizada en la Procuraduría Agraria, el ministro presidente sostuvo que la transformación de la justicia no puede reducirse a la renovación de personas en los cargos, sino que debe traducirse en una nueva manera de interpretar la Constitución y de atender los conflictos que persisten en el territorio. “Podemos entregar sentencias, pero si no entregamos soluciones, no habrá valido la pena la reforma judicial”.

El ministro presidente señaló que durante décadas la impartición de justicia se construyó bajo criterios estrictamente formalistas que, en numerosos casos, han ignorado la realidad social de comunidades rurales e indígenas. Por ello, sostuvo que el principal desafío de la nueva integración de la Corte será hacer que la justicia responda a las condiciones concretas que enfrentan quienes habitan y trabajan la tierra.

En ese sentido, afirmó que uno de los mayores retos consiste en reconocer que la propiedad social, representada por ejidos y comunidades agrarias ha sido tratada históricamente como una figura de menor relevancia frente a la propiedad privada. “La propiedad social ha sido vista como una propiedad de segunda o tercera categoría”.

El ministro sostuvo que el nuevo Poder Judicial debe garantizar una protección plena a ejidos y comunidades, al recordar que estas formas de organización cuentan con sustento constitucional y, continúan como pilares de la vida económica, social, cultural y ambiental del país.

Bajo esa lógica, propuso avanzar hacia una nueva interpretación jurídica que permita transitar del tradicional derecho agrario hacia un derecho territorial, capaz de reconocer la relación histórica que los pueblos indígenas mantienen con sus territorios y recursos naturales.

A su juicio, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público abre la posibilidad de construir un modelo jurídico distinto, en el que las normas agrarias dialoguen con los sistemas normativos propios de las comunidades.

Incluso planteó la posibilidad de desarrollar un régimen agrario diferenciado para comunidades indígenas, tomando en cuenta sus formas de organización, sus autoridades tradicionales y sus mecanismos internos para resolver conflictos.

“Tenemos que asumir una posición frente a esa realidad. O cerramos los ojos y nos guiamos exclusivamente por la norma, o atendemos el principio de realidad y reconocemos las formas de organización que hoy tienen sustento constitucional”.

El presidente de la Corte consideró que gran parte de los conflictos agrarios que persisten en México tienen su origen en agravios históricos acumulados durante décadas, muchos de ellos derivados de obras públicas, proyectos de infraestructura o decisiones gubernamentales realizadas sin consulta ni indemnización adecuada.

“Este país se ha construido con injusticias”, afirmó, al señalar que caminos, presas y diversos proyectos fueron desarrollados sin tomar en cuenta a quienes habitaban los territorios afectados.

Por ello, defendió la necesidad de incorporar una perspectiva histórica en la impartición de justicia para evitar que dichos agravios continúen reproduciéndose.

El licenciado en derecho Aguilar Ortiz también destacó que el futuro ambiental del país depende en buena medida de los ejidos y comunidades indígenas, responsables de conservar gran parte de los bosques, ecosistemas y áreas naturales del territorio nacional.

En ese contexto, rechazó que las decisiones sobre desarrollo o conservación ambiental se impongan desde los centros urbanos sin considerar a quienes habitan las regiones rurales. “Todo el futuro medioambiental del país está en los ejidos y comunidades”.

Asimismo, subrayó que ningún proyecto de desarrollo puede construirse sin diálogo y sin consulta con los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, derechos que ya cuentan con reconocimiento constitucional.

Como parte de los cambios que vislumbra para los próximos años, adelantó que en las siguientes semanas iniciará el proceso de consulta de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, una legislación que, dijo, surge de décadas de reflexión colectiva de los propios pueblos originarios.

De acuerdo con lo que explicó, el nuevo marco legal podría sentar las bases para una transformación profunda de la justicia agraria, indígena e incluso de otras ramas del derecho, al incorporar conceptos construidos desde la experiencia de las comunidades y no únicamente desde la academia o las instituciones. “La esperanza es que tengamos una perspectiva distinta de la justicia”.

Durante el encuentro, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, respaldó los planteamientos del ministro presidente, y destacó que México continúa siendo un referente internacional en materia de propiedad social.

La funcionaria coincidió en la necesidad de impulsar nuevas herramientas jurídicas para fortalecer los derechos territoriales de pueblos y comunidades, además de reconocer que la actualización del censo agrario constituye una tarea pendiente para las instituciones del sector.

Por su parte, la titular de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, sostuvo que el reconocimiento de los derechos indígenas abre la puerta a una transformación profunda en la manera de impartir justicia en el medio rural.

La funcionaria advirtió que únicamente en la Ciudad de México existen 19 conflictos agrarios de fondo relacionados con comunidades indígenas y tierras comunales, además de plantear la necesidad de avanzar hacia un verdadero derecho al desarrollo rural integral que genere oportunidades para jóvenes, mujeres y poblaciones históricamente excluidas.

Finalmente, el ministro Hugo Aguilar insistió en que la legitimidad obtenida por el nuevo Poder Judicial mediante el voto popular deberá sostenerse a través de un contacto permanente con la sociedad y de resoluciones capaces de responder a las demandas reales de las comunidades. “Si nos conformamos solo con hacer sentencias, no va a haber cambio”.