El panista Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California detenido la tarde de este 16 de julio por la Fiscalía General de la República, ha sido acusado de tráfico de combustibles y delincuencia organizada por su presunta participación en la que se considera la más grande red de huachicol fiscal. Su relación se habría dado a través de su empresa Ingemar, SA de CV, con RFC: ING180809AU5, que fue amparada en su momento por el exjuez Juan Pablo Gómez Fierro para que se le restituyera el permiso de importación de combustibles.

De acuerdo con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, dicha red criminal habría causa un daño al erario nacional por más de 4 mil 456 millones de pesos. Ello, derivado no sólo del daño a la Hacienda Pública por no pagar impuestos de las importaciones de combustibles, sino por toda la cadena de valor asociada a los negocios ilícitos.

En un video difundido por la FGR, Godoy Ramos detalló que “a partir del análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible, detectada hasta el momento”.

Agregó que en este primer bloque se desplegó una operación de alto alcance con la cual se obtuvieron órdenes de aprehensión contra 25 objetivos. Entre ellos, los cinco que fueron detenidos este día, entre quienes se encuentra el exgobernador panista Ruffo Appel.

La fiscal general detalló que esta organización criminal utilizó 162 carros de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones. Detalló que el análisis ministerial permitió identificar las operaciones financieras: “la empresa presenta un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, registrando ingresos por flujos superiores a 3 mil 75 millones de pesos en cuentas nacionales, y operaciones de divisas por más de 1 mil 386 millones de dólares, con un patrón de dispersión inmediata de recursos y saldos finales mínimos, característico de cuentas puente”.

Asimismo, expuso que se detectó triangulación financiera, con operaciones en 80 cuentas vinculadas con la empresa. “La empresa depende financieramente de recursos provenientes de otra empresa, los cuales posteriormente son canalizados a empresas extranjeras mediante transferencias internacionales.

configurando un esquema de flujo financiero con indicios de triangulación de recursos”.

Ingemar y la protección del pasado PJF

El permiso de importación de energéticos que Ingemarconsiguió en el sexenio de Enrique Peña fue cancelado a inicios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque no pudo demostrar que contaba con sitios para almacenar el combustible. Y de acuerdo con las áreas de inteligencia federales, los dejaba confinados en ferrotanques, lo que ponía en riesgo la seguridad nacional.

A pesar de ello, el entonces juez Juan Pablo Gómez Fierro –quien se opuso a la reforma judicial, y posteriormente a su aprobación renunció al Poder Judicial– le otorgó un amparo y obligó a la Secretaría de Energía a restituirle la autorización, a pesar de las irregularidades que motivaron la cancelación.

Para el 7 de julio de 2025, Ingemar reincidió en las anomalías. Ese día, las autoridades federales realizaron un decomiso histórico de huachicol fiscal en ferrotanques –alasegurar 15 millones de litros de combustible ilegal–. De acuerdo con los datos oficiales, la empresa Ingemar estaba detrán de la introducción de ese combustible, y ese sería elcaso por el cual Rufo Appel fue detenido.

Fuentes consultadas por Contralínea indicaron que las empresas implicadas en la introducción del combustible ilegal –entre ellas Ingemar– carecen de sitios de almacenamiento. Por ello, además de investigar el modus operandi del tráfico de combustibles, las autoridades federales indagaron si las compañías estaban utilizando indebidamente los ferrotanques para concentrar los energéticos, lo que no sólo es ilegal, sino que representabaun riesgo extremo en materia de seguridad.

Las fuentes consultadas advierten que la cancelación de 1 mil 265 permisos a lo largo del sexenio de López Obrador –a empresas como Valero, Shell, Trafigura, Ingemar– no sólo se enfrentó a resistencias de las empresas involucradas, sino también a redes de intereses y presiones desde Estados Unidos. Además, agregan que hubo mucha complicidad del Poder Judicial, para amparar a trasnacionales y empresas locales, para que continuaran con las importaciones ilegales de combustibles, tal como ocurrió con Ingemar y Gómez Fierro.

Las cancelaciones no fueron la única estrategia que aplicó el gobierno pasado para combatir el huachicol fiscal; también prohibió temporalmente la importación de combustibles para frenar el modus operandi de empresas e incluso trasnacionales en el tráfico ilegal.

Así, el 23 de octubre de 2023, el entonces presidente López Obrador emitió un decreto para suspender de forma temporal las importaciones de 68 productos derivados de hidrocarburos –entre ellos, gasolinas y diésel industriales–, con el objetivo de combatir a fondo el huachicol fiscal.

El decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación prohibía la importación de aceites derivados del petróleo, gasolinas de uso industrial, naftas, ceras, benzol, vaselinas [ver: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5706285&fecha=23/10/2023#gsc.tab=0 ].

De acuerdo con ese decreto, el gobierno federal realizó revisiones extraordinarias en puntos de internación de combustibles al país para conocer cómo operaba el mercado ilegal, mismas que “demostraron que sólo el 25 por ciento de las mercancías analizadas correspondían a gasolina y diésel que cumplían con la normativa vigente, mientras que el 75 por ciento eran otras mercancías cuyo volumen de importación registrado no tiene justificación, pues excede aproximadamente en 40 veces el volumen que usa la industria nacional como materia prima”.

La detención

De acuerdo con la FGR, la detención de Ruffo Appel es “resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible”. Agregó que se le señala por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles relacionados con la operación de la empresa fundada por el exgobernador de Baja California, es decir Ingemar.