La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel tras ser acusado de tráfico de combustibles y delincuencia organizada por su presunta participación en la red más grande de huachicol fiscal, no es un caso de justicia selectiva ni responde a intereses políticos, sino que es producto de una investigación que la Fiscalía General de la República mantiene abierta desde hace un año, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La primera mandataria negó los señalamientos del expresidente Felipe Calderón, quien mediante una publicación en la red social X se solidarizó con el exfuncionario y acusó una aplicación selectiva de la justicia, ello a pesar de que en el pasado él mismo señaló a Ruffo Appel por presuntos nexos con el crimen organizado.

Explicó que la investigación de la Fiscalía se mantiene abierta desde hace más de un año y comenzó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025.

“Es falso que haya un asunto político aquí, es derivado de una investigación que tiene un año, un año en donde se hacen todas las diligencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión”, afirmó.

De acuerdo con la información presentada por la FGR, la red investigada estaba dedicada a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo mediante la evasión de impuestos y la alteración de información sobre los productos introducidos al país.

La investigación se originó luego de que autoridades federales localizaron 33 carrotanques abandonados cerca de una estación de ferrocarril en Ramos Arizpe, con 3 millones 960 mil litros de hidrocarburo.

En aquel momento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, como parte de las acciones de seguridad en Coahuila, diversas instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con seguridad física de Pemex y autoridades locales, aseguraron en dos acciones 129 carrotanques y 15 millones 480 mil litros de combustible.

En relación a ello, la jefa del Ejecutivo federal explicó la manera en que se operó: “Entraron tanques de ferrocarril y no reportaron que traían diésel, sino que traían otro material ¿Con qué objetivo? Evitar el pago de impuestos, porque el diésel tiene un impuesto que es el IEPS [Impuesto Especial sobre Producción y Servicios], si se dice que es otro producto, no se paga ese impuesto, eso es lo que le han llamado el huachicol fiscal”.

Sostuvo que, en realidad, se trata de contrabando de combustible, y señaló que la operación consistía en introducir derivados del petróleo desde Estados Unidos a México con la declaración de productos distintos, menores volúmenes o mercancía sujeta a un menor pago de impuestos.

Sobre el caso de los ferrotanques, explicó que una línea de ferrocarril conecta directamente a Estados Unidos con México y que, a partir de la investigación, se identificó a la empresa Ingemar SA de CV encargada de importar el combustible, de la cual “es socio mayoritario el exgobernador, es así de directa [la relación]”.

No obstante, Sheinbaum Pardo subrayó que, si el exgobernador cuenta con documentación para demostrar su inocencia, “actuará el sistema de justicia […] si él demuestra que no estaba involucrado en esto, actuarán los jueces y tienen que hacerlo de manera imparcial”.

Red involucra a 25 objetivos

La FGR reveló que sus investigaciones permitieron identificar una estructura integrada por empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como empresas encargadas del transporte, comercialización y distribución del producto.

Las operaciones de la red de huachicol se realizaban a través de la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos que, al momento de ser introducidos al país se declaraban cantidades menores a las reales, productos distintos a los transportados o derivados sujetos a un menor pago de impuestos.

De acuerdo con el informe de la autoridad, para lograr operar con impunidad “la red contaba con la participación de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso de los productos. Posteriormente, el producto era trasladado por ferrocarril a un punto de descarga, donde era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a 17 empresas diferentes. Desde ahí, los derivados del petróleo eran comercializados y distribuidos en distintos puntos del país”.

La Fiscalía detalló que los trabajos de inteligencia de las autoridades permitieron reconstruir la estructura mediante el análisis y cruce de información sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa.

La dependencia verificó domicilios y centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Como resultado se estableció que la red involucra a 25 objetivos, entre ellos socios de las empresas vinculadas, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales.

“Es una investigación en curso”: Harfuch

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la investigación fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada tras el aseguramiento de los 33 ferrotanques, “logra identificar esta red que es de las más grandes de contrabando de combustible, es una investigación de más de un año”.

Informó que el pasado miércoles se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, aunque aún faltan otras por ejecutar. “Es una investigación en curso, todavía no está terminada, pero es una investigación de más de un año de la Fiscalía General de la República”.

El funcionario también enfatizó que la red declaraba prácticamente solo el 10 por ciento de la capacidad real de los ferrotanques, lo que representaba un daño al erario público.

Juez debe determinar situación jurídica del acusado

Ante los señalamientos sobre la detención del exgobernador, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró el funcionamiento del proceso establecido en el sistema penal acusatorio: “la Fiscalía presenta pruebas ante el juez y el juez determina si hay suficientes elementos para una orden de aprehensión”.

Añadió que, durante el proceso, el juez también determinará, con base en los argumentos de los abogados y del propio exgobernador, “si hay elementos suficientes para continuar el caso o no, o qué acciones deben tomarse”.

La presidenta de la República subrayó que se debe establecer la situación jurídica del acusado con “la participación de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial”, además de que el sistema cuenta con “los elementos suficientes para que él pueda manifestar lo que a su derecho convenga”.

Además, rechazó que su gobierno proteja a funcionarios o exfuncionarios de un partido político en particular. “Se ha actuado contra presidentes municipales en donde hay conocimiento de que están vinculados con alguna red delictiva o casos de corrupción; son más de 25 casos y ahí hay detenidos presidentes municipales que llegaron por Morena, por el Partido Verde, por el PAN, por el PRI o por Movimiento Ciudadano”.

Indicó que todos los casos se investigan con independencia de las afinidades políticas, “no hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro partido sí se les investiga, de ninguna manera”.

Como ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que a inicios de 2025 fue detectado un buque tanque en la costa de Tampico, Tamaulipas, hecho que derivó en una serie de investigaciones y en la denuncia de dos integrantes de la Secretaría de Marina, presuntamente involucrados en una red de entrada de combustible ilícito.

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