Es tan relevante el derecho de las audiencias a recibir una información veraz, por más que muchos interesados, principalmente periodistas, medios y políticos opositores, aleguen violaciones a la libertad de prensa, que en el primer párrafo del Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO -único organismo de Naciones Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa en el mundo- se señala enfáticamente “El derecho del pueblo a una información verídica: El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa, y de expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación”.

Para que no quede dudas, los que hacemos periodismo no tenemos derecho a mentir, como algunos creen, ni a engañar ni manipular, y en el segundo apartado de ese mismo Código se establece: “Adhesión del periodista a la realidad objetiva. La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado”.

Para aquellos que se dicen periodistas y que se arrogan el derecho a mentir a sus lectores, radioescuchas o televidentes o que consideran que la verdad es irrelevante en el periodismo, en la Carta Ética Mundial Para Periodistas, elaborada en 2019 en el Foro Mundial de la Federación Internacional de Periodistas celebrado en Túnez, también en su primer párrafo señala: “Respetar la verdad de los hechos y el derecho del público a conocerla constituye el deber primordial del periodista”. Así o más claro para todos aquellos que se han vendido a un patrón y que a cambio traicionan a la sociedad al abandonar los principios y valores éticos del periodismo.

En otras líneas del segundo apartado de la misma Carta Ética, se indica: “Él/ella se asegurará de distinguir claramente la información de la opinión”. Esto con motivo de que hoy como nunca la prensa mexicana privilegia la opinión, en donde acusa sin pruebas y descalifica sin investigar, al extremo de tratar de engañar a la población al presentar opiniones como si fuera información investigada.

Por lo anterior, considero como un falso debate promovido por medios y periodistas, el menospreciar y hasta descalificar el derecho constitucional que tienen las audiencias para recibir información veraz de los medios de comunicación y de los periodistas. Y digo que es un falaz debate porque este derecho está consagrado en la propia Constitución, artículo 6º, en donde se establece: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Así también dicho derecho a la información se precisa en los códigos de ética de la Unesco y de federaciones y asociaciones internacionales de periodistas, en donde con total claridad se destaca el derecho que tiene la sociedad a recibir información veraz.

Así que los medios de comunicación y periodistas, como reporteros, editorialistas, columnistas y articulistas que difunden mentiras, difamaciones, engaños o manipulan deliberadamente, simplemente no hacen periodismo, pues vulneran el derecho a la información que tiene la población, porque la sociedad tiene derecho a recibir información veraz, lo que significa que ésta debe ser corroborada previamente y contrastada con los actores involucrados en un hecho noticioso antes de hacerlo público.

Entonces, conductores, opinadores, youtuberos, dueños y concesionarios de medios de comunicación que dicen estar “alarmados” y “espantados” porque se vulnera sus libertades de prensa y de expresión ante la reglamentación del derecho que tienen las audiencias para recibir información veraz, pues les recomiendo leer los artículos 6º y 7º  constitucionales y los códigos de ética (Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, único organismo de Naciones Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa) para que dejen de convertir el periodismo en un vil negocio mercantilista.

También cuando se publique alguna información falsa o equivocada por mala praxis, el periodista y el medio de comunicación tienen la obligación ética y legal de aceptar y hacer público el derecho de réplica, además de ofrecer disculpas a los involucrados en dicha información falsa y también disculparse públicamente con la sociedad, pues es a ésta a quienes nos debemos los periodistas y no a los dueños de los medios de comunicación.

Hoy en día vemos la difusión diaria de mentiras, acusaciones sin sustento ni pruebas -más allá del abuso de citar “fuentes confidenciales”-, difamaciones personales, en donde se involucra hasta la vida privada de las personas, notas o reportajes que buscan engañar y manipular para establecer ideas, conceptos o hechos que nunca sucedieron, informaciones engañosas que responden a intereses políticos o económicos a cambio de pagos económicos, favores personales o hasta contratos gubernamentales que nada tienen que ver con el periodismo.

El primer párrafo del Artículo 6º Constitucional relativo a la “Libertad de Acceso a la Información”, establece: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Y el Estado cómo garantiza el derecho a la información, pues vigilando precisamente que los periodistas y medios de comunicación no publiquen o difundan mentiras, no acusen sin pruebas, que contrasten sus informaciones. Es decir, los periodistas deben dedicarse a investigar y no sólo a difundir versiones u opiniones de personas interesadas.

Mientras que el derecho a la información significa que la sociedad debe y puede conocer los asuntos de interés público; es también un conjunto de leyes y normas que permiten satisfacer el derecho de la sociedad a estar adecuadamente informada y esto es precisamente lo que garantiza el Artículo 6º Constitucional.

Cuando se dice adecuadamente informada, obviamente se refiere a que los medios y los periodistas tienen la obligación ética, moral y legal de difundir información veraz y no mentir ni tratar de engañar a la sociedad con información falsa que, como ahora sucede, lo hacen todos los días.

Esta es precisamente la razón por la cual los medios y la prensa han perdido credibilidad ante la sociedad, lo que se ha traducido en una reducción significativa de sus audiencias, mientras que las peligrosas redes sociales se han convertido en los mayores difusores de comunicación entre la sociedad, en donde no intervienen sólo periodistas o medios, sino la población en general y con ello se pierde ese valioso filtro que significaba el trabajo honesto de la prensa antes que la información llegara al público, pero siempre cuando los periodistas actuaran con ética, responsabilidad y profesionalismo en beneficio de la sociedad, de nadie más.

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