El PRI en el gobierno no sólo significó represión y censura, sobre todo en el periodo de la Guerra Sucia; también representó una larga “tradición” de espionaje, lo mismo contra opositores que contra sus propios militantes. La “policía política” –encarnada en la ya desaparecida DFS y en su antecedente: la DGIPS– vigiló sistemáticamente a miembros del PRI –incluidos expresidentes de la República–, del PAN y de la izquierda; a escritores mexicanos y de otros países; empresarios; artistas; diplomáticos; agentes extranjeros; grupos radicales de ultraderecha; guerrilleros; narcotraficantes; dueños de medios de comunicación, comunicadores y periodistas. Los expedientes resguardados en el Archivo General de la Nación revelan el modus operandi del régimen opresivo; el propio recinto se reconoce como un sitio de memoria, “dedicado a recordar y visibilizar violaciones graves a los derechos humanos, como la tortura, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales, perpetradas por el Estado en contextos de persecución y represión política sistematizada”. Con esta entrega, que revisa el seguimiento contra la presidenta Sheinbaum y su familia, Contralínea inicia la publicación de un reportaje seriado sobre los expedientes de la ignominia priísta

Primera parte. En las celdas del Palacio de Lecumberri ya no hay presos políticos, lo que hay son archivos históricos en los cuales se narran los pasajes más oscuros de un régimen opresivo encabezado por el Partido Revolucionario Institucional. Los expedientes bajo custodia del Archivo General de la Nación (AGN) revelan represión, antidemocracia, censura y una larga “tradición” de espionaje, que se extendió hasta el periodo del panismo en el poder, y se recrudeció con el regreso del PRI a la Presidencia, de la mano de Enrique Peña Nieto.

Generalmente basado en el falso supuesto de enfrentar “riesgos” a la seguridad nacional, el espionaje político –incluida la vigilancia contra la prensa– representa una grave violación a derechos humanos, y es una práctica antidemocrática que impide el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. En el caso mexicano, éste se profundizó con la evolución de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS, surgida después de la Revolución Mexicana) a la Dirección Federal de Seguridad (DFS, creada por el gobierno de Miguel Alemán Valdés en marzo de 1947, un año después de que el Partido de la Revolución Mexicana se transformó en el PRI).

Desde su origen, la DFS tuvo por consigna “acabar” con las actividades sediciosas y subversivas. De acuerdo con el propio AGN, la Dirección Federal de Seguridad se dedicó , desde su creación, a vigilar, controlar, detener y exterminar a grupos y movimientos disidentes, con acciones que atentaron no sólo contra la privacidad de las comunicaciones, la libertad de reunión y la libre asociación, sino contra la vida de los supuestos “enemigos” del régimen.

La larga lista de objetivos de la llamada policía política incluye a miembros del propio PRI; entre éstos, los expresidentes de la República: José López Portillo, Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Alemán Valdez, Gustavo Díaz Ordaz, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León. Así como militantes aún activos, como Roberto Madrazo Pintado y Manlio Fabio Beltrones.

Así como militantes de la izquierda política, entre los que destacan la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien fue objeto de vigilancia desde su niñez; y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, espiado desde sus inicios en la política.

También, los integrantes del Partido Acción Nacional fueron objeto del seguimiento. De éstos, sobresalen figuras como el expresidente Vicente Fox Quesada, el fundador Juan Manuel Gómez Morín, o Manuel Jesús Clouthier del Rincón, y sus hijos Manuel Jesús, Rebeca y Tatiana Clouthier Carrillo (esta última, militante de Morena).

A esa lista se suman presidentes de otros países –como el chileno Salvador Allende Gossens–; escritores mexicanos y de otras nacionalidades –entre ellos, el colombiano Gabriel García Márquez, y el estadunidense Albert Maltz–; artistas –David Alfaro Siqueiros, Vicente Rojo, Rufino Tamayo–; diplomáticos –incluido Gilberto Bosques–; agentes extranjeros –entre los que destacan: Phillip Agee, miembro de la CIA que realizó labores de espionaje en México, Ecuador y Uruguay, y que escribió el libro Inside the Company: CIA Diary; y Michael Townley, un doble agente estadunidense que además de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia también operó para la Dirección de Inteligencia Nacional (policía secreta) chilena, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Asimismo, la DFS mantuvo bajo vigilancia a grupos radicales de derecha –como el MURO, el Yunque y el Frente Popular Anticomunista de México–; a grupos guerrilleros –entre ellos, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, brazo armado del Partido de los Pobres; así como a su jefe, Lucio Cabañas Barrientos; lo mismo que a las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo.

Otros que permanecieron en la mira de la policía política fueron los narcotraficantes más relevantes de la época: el líder del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien portaba identificación como agente de la propia DFS; Rafael Caro Quintero; y Juan José Esparragoza Moreno, alias el Azul.

Incluso fueron espiados militares de alto rango, como los secretarios de la Defensa Nacional en el sexenio de José López Portillo –Félix Galván López–, y en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz –Marcelino García Barragán–. En esa lista de militares también aparecen Mario Arturo Acosta Chaparro, implicado en la Guerra Sucia; y Francisco Quiroz Hermosillo, acusado de haberse aliado al narcotráfico.

En los archivos que retratan la ignominia priísta hay pruebas del seguimiento que hicieron los agentes del Estado contra víctimas de la Guerra Sucia. Por ejemplo, están las fichas de vigilancia a los desaparecidos forzosamente Rosendo Radilla Pacheco y Jesús Piedra Ibarra, hijo de la ya fallecida Rosario Ibarra de Piedra. Los expedientes dan cuenta de las actividades de toda la familia: además de doña Rosario y su hijo, fueron espiados su esposo Jesús Piedra Rosales, y sus otros hijos: María del Rosario –actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, Carlos y Claudia Isabel Piedra Ibarra.

Otro sector que fue espiado de forma sistemática es el de los empresarios; ese fue el caso de los hermanos Bernardo y Eugenio Garza Sada, y del dueño de Kimberly Clark, Claudio X González Laporte. También, los dueños de medios de comunicación –Emilio Azcárraga Milmo (Televisa), Juan Francisco Ealy Ortiz (El Universal).

Incluso, intelectuales y comunicadores de derecha cuentan con expediente de la DFS: Joaquín López Dóriga, Enrique Krauze, Carlos Loret de Mola Mediz –abuelo de Carlos Loret, del portal LatinUs–, Leo Zuckerman, Héctor Manuel Aguilar Camín.

De estas labores de espionaje no quedaron fuera los periodistas: Julio Scherer García, Manuel Becerra Acosta, Miguel Ángel Granados Chapa, entre muchos otros, fueron objeto de seguimiento. E incluso líderes religiosos, como el sacerdote fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, posteriormente acusado de pederastia.

Así, la Dirección Federal de Seguridad retrata de cuerpo entero lo que significó el PRI en el gobierno: represión –con el periodo más oscuro conocido como Guerra Sucia–, antidemocracia, censura y una larga “tradición” de espionaje que, con el paso del tiempo, evolucionó junto al ya extinto Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional). Este periodo más reciente incluye el uso de plataformas de vigilancia masiva, como Pegasus, cuyos escándalos abarcan tanto el gobierno del panista Felipe Calderón como del priísta Enrique Peña Nieto.

El expediente de la presidenta Sheinbaum

El Palacio Negro, como también se le conoce a Lecumberri por su historia penitenciaria, alberga expedientes ligados al espionaje que sufrió la presidenta Claudia Shienbaum Pardo desde su niñez. El propio Archivo General de la Nación hace referencia a uno de ellos para ilustrar la forma correcta de cómo solicitar copias maestras y versiones públicas cuando se visita físicamente el recinto con fines de investigación.

El documento ubicado en la caja 325, legajo 1 de las versiones públicas de la DFS, titulado Claudia Sheinbaum Pardo, se integra por tres hojas, de las cuales sólo una está relacionada con las labores de vigilancia de la DFS, y esta fechada el 31 de enero de 1979. Esa hoja da cuenta de una serie de viajes al extranjero y de regreso, especialmente a Cuba, España y Estados Unidos. De la información, se advierte que sólo uno de esos vuelos –de México a Cuba– se atribuye a la ahora primera mandataria. De ello también sobresale la fecha, pues en aquel año Sheinbaum Pardo era menor de edad: tenía 16 años, pues su fecha de nacimiento es el 24 de junio de 1962.

Contralínea consultó a la Presidencia de la República si se reconocía que el resto de viajes tuvieran relación con la doctora Sheinbaum Pardo. La respuesta fue que no, y aclaró que la presidenta no viajó a esos países referidos en el resto de la hoja.

El documento que lleva por título el nombre de la primera mujer que preside México no es el único que hace referencia a ella. Otros cuatro expedientes tienen relación con su familia, particularmente con su mamá, la científica Aniie Pardo Cemo, quien fue objeto de espionaje por sus labores en el ámbito académico e incluso fue identificada como “comunista”.

De nueva cuenta, las referencias a la presidenta y a su hermano Julio se dieron en un contexto en el que ambos eran menores de edad. En uno de los documentos se incluyen datos personales adicionales a los nombres, como su número de seguridad social en el ISSSTE, fotografías y huella dactilar.

Además, se presentan otros documentos que dan cuenta de las actividades de la científica Annie Pardo, en el contexto de la represión estudiantil de 1968 y 1971, por considerar que eran subversivas. Respecto de esos expedientes, el 12 de noviembre de 2024, la presidenta Sheinbaum reveló que, cuando aún era jefa de gobierno de la Ciudad de México, le pidió al AGN conocer si tenían los archivos de sus padres y de ella.

“Ahí en el Archivo General de la Nación hay una investigación de cuando yo tenía seis años porque –lo he platicado aquí y lo platiqué incluso el 2 de octubre– cuando fue el movimiento estudiantil de 1968 –no es secreto, al contrario– mi madre lo reconoce orgullosamente: participó en ese movimiento; era profesora del Politécnico y estudiante del Politécnico, estudiaba también el posgrado. Y después del movimiento la expulsaron del Instituto Politécnico Nacional por haber participado en el movimiento, la expulsaron como maestra y la expulsaron como alumna. Tuvo que ir a la UNAM –la UNAM, si ustedes recuerdan, el rector, el ingeniero Javier Barros Sierra, pues tuvo un papel completamente distinto– y ahí pudo regresar a continuar sus estudios.”

En su conferencia matutina de aquel 12 de noviembre, Sheinbaum Pardo agregó que, posteriormente, su mamá “pudo conseguir, a partir de los concursos académicos, una plaza en la Facultad de Ciencias de la UNAM; hoy es investigadora emérita de la UNAM y una de las investigadoras en su área más reconocidas. Y le costó trabajo, por las dos cosas: por ser mujer y también por participar en movimientos sociales, porque siempre fue muy participativa en la Universidad”.

Acerca del espionaje del que ella misma fue objeto, dijo: “y cuando éramos pequeños nos llevaba algunos fines de semana a Lecumberri a visitar a los presos políticos del ´68. Entonces, pues ahí quedó registrado mi nombre desde que era niña, no sé si seis u ocho años [de edad], de que había entrado a Lecumberri a ver a los presos políticos. Para mí, es un orgullo ser hija de Annie Pardo”.

La presidenta de la República también reflexionó sobre el abuso de poder y las violaciones a derechos humanos de aquel régimen, al advertir que ese espionaje “habla de lo que eran los gobiernos del pasado. Porque ahora, fíjense, y vale la pena porque ahora se habla de ‘autoritarismo, de antidemocracia’; participar en aquellas épocas no era fácil, o sea, estaba prohibido, había presos políticos por participar. Los estudiantes del ’68 estuvieron presos y, como bien dijo aquí Pablo Gómez, nunca se les retiró su sentencia; después hubo una amnistía, pero esos sí eran regímenes represivos.

“Si algún periodista se atrevía a hablar en contra de un presidente, pues de inmediato era retirado de la televisión […]; era represión desde el Estado mexicano. Eso no existe ahora; por supuesto, hay problemas de inseguridad en el país que estamos atendiendo, pero no hay represión por parte del Estado mexicano, es otra cosa.”

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