Documentos y correos electrónicos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre el fallido operativo Rápido y Furioso –acordado por las administraciones de Felipe Calderón y Barack Obama– revelan similitudes con la operación Walking Fentanyl. Aunque las agencias encargadas son distintas –en el primer caso fue la ATF y, en el segundo, la DEA–, ambas se ejecutaron a sabiendas de que ocasionarían muertes; en las dos se autorizó la violación de las leyes estadunidenses para, supuestamente, conocer las entrañas de los delitos, y se abrió la frontera estadunidense para dar paso libre tanto al tráfico de armas y como al de fentanilo. Otra característica que comparten es que fracasaron: las agencias no asestaron ningún golpe contundente a las redes criminales que operan en territorio estadunidense. En el caso del Fast and Furious, también implicó violación intencional de leyes mexicanas; además, contribuyo al incremento de la violencia mortífera en el norte del país: las armas fueron entregadas al Cártel de Sinaloa, organización a la que estaba aliado el entonces secretario de Seguridad Pública federal y brazo derecho de Calderón

Segunda y última parte. A la par de que Estados Unidos aumentaba su intromisión en México mediante la Iniciativa Mérida –una de las principales fuentes de financiamiento de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico de Felipe Calderón y su secretario Genaro García Luna–, entre 2009 y 2010 se desarrolló el operativo Fast and Furious (Rápido y Furioso), que permitió traficar unas 2 mil armas de alto calibre para el Cártel de Sinaloa.

Encabezado por el Grupo VII de la División de Phoenix –de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos)– ese fallido “experimento” para conocer las redes que posibilitaban el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México guarda varias similitudes con la recién descubierta operación Walking Fentanyl, realizada por la Agencia Antidrogas (DEA) durante la pasada administración de Joe Biden.

Documentos y correos desclasificados por el gobierno estadunidense sobre el operativo Rápido y Furioso, así como el anuncio de la apertura de una investigación sobre el operativo Walking Fentanyl, revelan que ambos se ejecutaron a sabiendas de que ocasionarían muertes; en los dos se autorizó la violación de las leyes estadunidenses para, supuestamente, conocer las entrañas de los delitos, y se abrió la frontera del vecino país del norte para dar paso libre al tráfico de armas y de fentanilo, respectivamente.

Otra característica de las dos operaciones es su fracaso: ni la ATF ni la DEA obtuvieron información para desmantelar las redes criminales que operan en territorio estadunidense y, con ello, impedir el tráfico ilegal; tampoco asestaron golpes contundentes contra criminales del otro lado de la frontera.

Adicionalmente, en el caso del Fast and Furious –operación autorizada por el gobierno de Calderón– implicó la violación intencional de leyes mexicanas, además de contribuir al incremento de la violencia mortífera en el norte del país: las armas fueron entregadas al Cártel de Sinaloa, y los miembros de dicha organización –entonces asociada con García Luna– les retiraron los chips de rastreo, y las usaron para ampliar su capacidad de fuego.

Ante los intentos del gobierno estadunidense de presionar a México bajo el falso argumento de que no se hace lo suficiente contra el narcotráfico, y amagar con intervenir en nuestro país, el pasado 10 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó estos dos casos como parte de los problemas que Estados Unidos no ha resuelto en su propio territorio. Asimismo, observó que es parte de la efervescencia electoral, por lo que exigió que no se use a México para tratar de ganar votos.

Tras leer la noticia del operativo Walking Fentanyl, la primera mandataria observó: “es, hagan de cuenta, un ‘Rápido y Furioso’, pero allá; pero con droga, no con armas. Entonces, bastantes problemas tienen allá, o sus problemas, para que en sus campañas se dediquen al tema de Estados Unidos. No tienen por qué usar a México en su campaña electoral”.

Además, evidenció las contradicciones en la que caen constantemente las autoridades estadunidenses: “unos días dicen: ‘no, México está haciendo muy bien su trabajo y nos coordinamos muy bien’. Y otro día: ‘no, pero no están haciendo lo suficiente. Claro, si México hace su trabajo, pues muy bien; pero, si no, pues puede haber consecuencias’. Entonces, es parte de la campaña, desde nuestro punto de vista. Y ¿qué decimos? Coordinémonos, como lo hemos hecho hasta ahora, y cada quien en su territorio sus campañas”.

En aquella conferencia matutina, Sheinbaum Pardo recordó que las elecciones intermedias en Estados Unidos se celebrarán en noviembre próximo, por lo que reiteró: “que no usen a México en su campaña. Estados Unidos tiene sus problemas. Entonces, no se debe usar a México como parte de la campaña electoral de Estados Unidos”.

Investigación contra la DEA

Más allá de la campaña electoral que enfrenta la administración de Trump con baja popularidad, el operativo Walking Fentanyl demostraría que las agencias de Estados Unidos no aprendieron la lección que le dejó a la ATF la operación Faast and Furious.

El pasado 31 de agosto, el congresista James Comer envió una comunicación al fiscal general Blanche, en el que le informó que el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental inició una investigación acerca de la “flexibilización”, por parte de la administración de Joe Biden, “de los protocolos de mitigación de riesgos relacionados con el fentanilo”. El oficio detalla que, por dicha operación, presuntamente se impidió a las fuerzas del orden que intervinieran para frenar el tráfico del opioide.

“Permitieron que drogas callejeras mortales llegaran a las comunidades de Estados Unidos. La primera administración de Trump desarrolló protocolos de mitigación de riesgos que abordaban la amenaza única que el fentanilo representa para la seguridad pública, exigiendo a los agentes realizar esfuerzos razonables para impedir la distribución de esta droga letal. Pero la administración de Biden desestimó dichos protocolos y, en su lugar, permitió que los cargamentos permanecieran bajo custodia y control de delincuentes”.

El documento refiere que, a principios de 2023, intencionalmente, la DEA dejó de aplicar los protocolos contra el narcotráfico en Nuevo México: “en su lugar, la DEA permitió que cargamentos de hasta 100 mil pastillas permanecieran en manos de delincuentes, dando lugar a la práctica de ‘fentanilo en circulación’ (‘Walking Fentanyl’), en la que no se interceptaban las pastillas y se les permitía seguir moviéndose a través de redes criminales. Los agentes de la DEA monitoreaban los cargamentos de pastillas pero no los incautaban, permitiendo que cientos de miles de pastillas llegaran a las calles de Nuevo México” entre el 21 de enero de 2021 y el 19 de enero de 2025.

En su oficio, el congresista agrega que, según funcionarios del gobierno de Biden, el objetivo de dicha operación era construir un caso de mayor envergadura para procesar a más delincuentes; sin embargo, el resultado fue un aumento de las amenazas a la seguridad pública. Agrega que Nuevo México se vio gravemente afectado por el tráfico de fentanilo, lo cual se comprueba porque se registró un aumento de casi el 21 por ciento en las muertes por intoxicación con esta sustancia, frente a una disminución del 14 por ciento en el resto del país.

Acerca de los protocolos que dejó de aplicar la DEA, explica que no se realizaron operativos para impedir que la droga llegara a las calles de Nuevo México, no se solicitaron órdenes de registro ni se incautó el fentanilo, sino que se le dejó “caminar”.

Y aunque reconoció la probabilidad de que los agentes de la DEA no cuenten con los recursos suficientes para interceptar todos los cargamentos de los que tienen conocimiento, señaló que “una política que les ordene no interceptar cargamentos importantes resulta inaceptable y, sin duda, provocó daños considerables y la pérdida de vidas”. Según la DEA, por los efectos devastadores del fentanilo, más de 50 mil personas murieron en 2024; y casi 80 mil, en 2023.

Adicional a los apuntes del congresista Comer, destaca que la DEA mantuvo oculta la operación Walking Fentanyl, y que esto se conoció hasta que lo reveló la prensa estadunidense. También se contrapone con otras políticas públicas de la propia Agencia, como la iniciativa “Estados Unidos Libre de Fentanilo”. Ésta no sólo se centra en el control del opioide para reducir su oferta, sino que incluye campañas de concienciación para mermar la demanda.

La Agencia detalla que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación han modificado sus prácticas comerciales: “las pruebas de laboratorio de la DEA indican que el 29 por ciento de las pastillas de fentanilo analizadas durante 2025 contenían una dosis potencialmente letal, una disminución significativa con respecto al 76 por ciento de las pastillas analizadas sólo dos años antes, en 2023. Además, la pureza del fentanilo en polvo disminuyó al 10.3 por ciento, frente al 19.5 por ciento registrado durante el mismo periodo. La reducción tanto en la potencia como en la pureza se correlaciona con una disminución de las muertes por opioides sintéticos a niveles no vistos desde abril de 2020”.

Lecciones del Rápido y Furioso

La operación ‘Walking Fentanyl’ revela que las agencias estadunidenses no aprendieron la lección del desastroso operativo Rápido y Furioso, encabezado por el Grupo VII de la División de Phoenix. En ese caso, la ATF dejó “caminar” unas 2 mil armas de alto poder a México, con el supuesto objetivo de rastrearlas y determinar cómo operaba el tráfico ilegal de armamento para los cárteles de la droga.

Informes y correos electrónicos desclasificados de esa operación detallan la actuación de la ATF: en tiempo real, la agencia supo que las armas que se traficaron con su anuencia estaban incrementando la violencia en México, y causando cada vez más asesinatos.

Ejemplo de ello son los correos electrónicos que David J Voth, supervisor del Grupo VII de Phoenix, les envió a los otros agentes implicados en el operativo. El 12 de marzo de 2010, y con el tema: “Reunión del lunes por la mañana, grupo de trabajo (Strike Force), 9:30 a. m.”, les indicaba: “he sido informado de que podría estarse gestando una división dentro del grupo. Este es el momento en que todos debemos unirnos, no separarnos. Todos tenemos derecho a nuestras respectivas opiniones (aunque sean diferentes); sin embargo, debemos llevarnos bien y comprender que tenemos una misión que cumplir.

“Me entusiasma y me enorgullece que nuestro grupo sea el primero de los grupos de la ATF para la frontera suroeste del país en… [CENSURADO]. Dicho esto, agradezco a todos sus esfuerzos hasta la fecha y aplaudo los resultados que hemos logrado en poco tiempo. Les importe o no, los altos mandos y las autoridades de la sede central están siguiendo muy de cerca este caso y también creen que nosotros (el Grupo VII de Phoenix) estamos haciendo aquello para lo que se concibieron los grupos de la frontera suroeste. Puede sonar cursi, pero somos ‘la punta de lanza de la ATF’ en lo que respecta al tráfico de armas de fuego en la frontera suroeste.

“Debemos resolver nuestros problemas en esta reunión. No permitiré bajo ningún concepto que este caso se vea perjudicado por discusiones triviales, rumores u otros comportamientos propios de adolescentes. No sé cuáles son todos los problemas, pero todos somos adultos, todos somos profesionales y tenemos una oportunidad apasionante de utilizar la herramienta más importante de nuestro arsenal policial. Si no creen que esto es divertido, están en la profesión equivocada; ¡y punto! Esta es la cúspide de las técnicas policiales nacionales de EE. UU. Después de esto, el arsenal se queda vacío. Quizás la cárcel del condado de Maricopa esté contratando oficiales de detención y puedan ganar 30 mil dólares (en lugar de 100 mil) por servir el almuerzo a los reclusos todo el día.

“Por último, muchos de nuestros compañeros agentes de la ATF vendrán a la ciudad para ayudarnos en este caso. Debemos dar lo mejor de nosotros y predicar con el ejemplo. Nadie quiere dejar atrás a su familia ni abandonar sus casos pendientes para ayudar a alguien que ni siquiera valora su sacrificio. Debemos superar este obstáculo de una vez por todas y seguir adelante con la misión que tenemos entre manos. Esta puede ser la experiencia más divertida que vivas en la ATF; ¡el único que limita la diversión somos nosotros mismos!”

Casi un mes después, el 2 de marzo de 2010, David J Voth volvió a escribirle a todo el grupo y le puso copia al entonces fiscal en Phoenix, Emory Hurley –involucrado también en el operativo Rápido y Furioso y que tras el escándalo fue reasignado de casos penales a civiles–, y a George T Jr Gillett, agente especial adjunto a cargo de la ATF en Phoenix. El asunto del e-mail fue: “Sin presiones, pero tal vez con un mayor sentido de urgencia…”

Su contenido fue muy elocuente, pues inicia con una lista que ilustraba la violencia en México:

“958 muertos en marzo de 2010 (el mes más violento desde 2005)

“937 muertos en enero de 2010

“842 muertos en diciembre de 2009

“187 asesinatos en marzo, incluidos 11 policías

“Espero que este correo electrónico se reciba bien, ya que no pretende insinuar nada más que el hecho de que la violencia en México es grave y, sin ánimo de dramatizar, sentimos urgencia respecto a esta investigación. Nuestros sujetos compraron 359 armas de fuego tan solo en el mes de marzo, incluidos numerosos rifles Barrett calibre .50. Considero que nuestro plan de desmantelar toda esta organización está justificado, y que apresurarse a detener a una sola persona sin tener en cuenta el alcance total de la conspiración sería poco aconsejable para el éxito general de la misión. Reconozco que todos estamos de acuerdo en que hacerlo correctamente requiere paciencia y planificación. No obstante, si hubiera algo que pudiéramos hacer para facilitar una respuesta o gestión oportuna por parte de otros, deberíamos comunicar nuestro sentido de urgencia respecto a este asunto.

“Gracias a todos por su continuo apoyo en esta iniciativa,

“David Voth

“Supervisor de Grupo Phoenix Group VII”

Un mes después, el 3 de mayo de 2010, el mismo Voth escribió como asunto del correo electrónico: “Solo para su información…” Y en el contenido, les señalaba: “Abril fue el segundo mes más violento durante la administración de Calderón, con 1 mil 231 ejecuciones. Esta cifra es más del doble de la registrada en el mismo mes de 2009 (560 muertes) y cinco veces la de 2008 (270)”.

Otro documento desclasificado por las autoridades estadunidenses, e identificado como “Grupo Phoenix VII (Tráfico de armas de fuego GRIT/SWB) 785115-10-0004, Operación Fast and Furious (Rápido y Furioso)”, refiere que dicho operativo era parte de “una investigación de tráfico de armas de fuego a gran escala, en la que las armas han sido recuperadas ya sea en la República de México o en la frontera entre Estados Unidos y México (o sus inmediaciones: El Paso, TX; Nogales, AZ; Douglas, AZ, etc.). Hasta la fecha, se han adquirido más de 1 mil 500 armas de fuego desde octubre de 2009 –pagando más de 1 millón de dólares en efectivo, mediante transacciones directas en diversos establecimientos con licencia federal (FFL) del área de Phoenix–. Actualmente, la ATF mantiene activas varias intervenciones de audio autorizadas judicialmente (bajo la normativa Título III), y existen declaraciones juradas pendientes de aprobación en el Departamento de Justicia (Oficina de Operaciones de Cumplimiento de la Ley, o DOJ-OEO) relativas a otros teléfonos objetivo vinculados a esta conspiración. Esta investigación presenta múltiples vertientes: la ATF busca no sólo procesar a diversos individuos por delitos de compra a través de testaferros o comercio de armas sin licencia, sino, más concretamente, establecer el vínculo con el cártel mexicano u organización de narcotráfico (DTO) que obtiene dichas armas, a fin de consolidar el caso más sólido posible y formular los cargos más graves llegado el momento de la acusación formal”.

Y en otro de los documentos se detalla cómo se iban adquiriendo las armas y cómo fueron entregadas a los traficantes: “el 8 de mayo de 2010, un acusado colaborador de la Fuerza de Tarea VIII del Grupo VII, de la ATF en Phoenix, participó en la compra simulada de armas de fuego para luego venderlas a un traficante”. Para ello, refiere el informe desclasificado, se le pidió que visitara Lone Wolf Trading Company y Arizona Auto Weapons, ambos titulares de licencias federales de venta de armamento. Ahí debía adquirir cinco pistolas Beretta 92SF (9 mm, semiautomáticas). En el primer negocio sólo tenían dos disponibles, mientras que en el segundo, más de 40. Adquirió dos armas, respectivamente (números de serie: 1159712 y J395712), y llenó los formularios 4473 y 3310.4 de la ATF durante el proceso.

“Tras regresar a la zona cercana a la residencia del agente, este se reunió con la Fuerza de Tarea VII I de la ATF de Phoenix en un lugar neutral previamente acordado. Fotografió las pistolas, anotó sus números de serie y le proporcionó al cooperante un dispositivo electrónico de grabación de audio. Posteriormente, el agente regresó a la residencia y le informó telefónicamente de su regreso. Se posicionó en un lugar cercano, adecuado para la vigilancia.

“Aproximadamente a las 17:00 horas de esta fecha, se observó un Mitsubishi Eclipse convertible negro llegar a la residencia del cooperante. Aproximadamente 30 minutos después, se observó que el mismo Mitsubishi convertible negro abandonaba la zona. Poco después, se informó al cooperante sobre el encuentro con un dispositivo de grabación de audio. Durante el informe, el cooperante indicó que una persona, conduciendo el Mitsubishi Eclipse convertible negro llegó a la residencia; hablaron en general sobre la posesión de las dos pistolas Beretta 92SF que el cooperante había comprado en la LWTC. La persona le pagó 200 dólares por las armas. Como se evidencia en la grabación de audio (que forma parte de este archivo y se incorpora al mismo), informó al agente que obtendría poco más beneficio que este por esta (y otras) transacciones de armas de fuego. Continuó describiendo cómo sus necesidades financieras eran el factor que lo motivaba a traficar armas y cómo continuaría haciéndolo hasta que dichas necesidades se vieran satisfechas. Además, intentó tranquilizar al agente al afirmar que asumía el único riesgo real en su acuerdo de tráfico cuando borraba los números de serie de las armas y las transportaba hacia el sur, hacia su destino final”.

Al final, y como ya es sabido, el operativo Rápido y Furioso no sólo fracasó, sino que se encontró que fue responsable de proveer de armamento al Cártel de Sinaloa, y por consiguiente, también abonó a la violencia y al aumento en los homicidios dolosos en México. Incluso, se documentó que algunas de esas armas se utilizaron en asesinatos de estadunidenses. Tras estos hechos el Grupo VII fue disuelto. Sin embargo, el caso sigue impune; tanto, que Felipe Calderón nunca fue llamado para aclarar la participación de su gobierno en éste.