Luis Miranda Contreras, exsecretario de Finanzas y Administración de Michoacán durante el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, fue detenido y vinculado a proceso junto con tres familiares y su escolta por su probable participación en una red que, según las autoridades, se dedicaba a suplantar la identidad de políticos y servidores públicos para extorsionar a funcionarios, empresarios y otros actores de relevancia nacional.

Además del exfuncionario, fueron detenidos su esposa, Liliana; su hijo, Luis Samuel; su hija, Aimee de Guadalupe, y Agustín Arturo, identificado como su escolta.

El 6 de octubre, un juez vinculó a proceso a los cinco por el delito de extorsión y les impuso prisión preventiva justificada. Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya.

Las detenciones se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con las investigaciones, el grupo operaba desde al menos 2021 y presuntamente utilizaba las identidades de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), gobernadores, presidentes municipales y funcionarios de la Presidencia de la República, así como de distintas dependencias federales y estatales, para solicitar dinero, gestionar contrataciones y obtener beneficios económicos o laborales.

Antecedentes en la función pública

Luis Miranda Contreras se desempeñó como tesorero general y secretario de Finanzas y Administración del gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013. También ocupó otros cargos en distintos órdenes de gobierno, experiencia que, según las autoridades, le permitió conocer las estructuras político-administrativas estatales y federales.

El exfuncionario fue detenido y procesado por presunto peculado en Michoacán, en un caso relacionado con pagos por 26 millones 680 mil pesos a proveedores por servicios que, de acuerdo con la acusación, no se prestaron. En marzo de 2018 se reportó la revocación del auto de formal prisión por falta de elementos suficientes para procesarlo. Las autoridades que informaron sobre la investigación actual también señalaron que fue inhabilitado en esa entidad.

Según las indagatorias de la Fiscalía mexiquense, Miranda Contreras habría encabezado una red de fraude y extorsión con la participación de integrantes de su familia y otras personas. El grupo presuntamente estableció su centro de operaciones en una residencia del fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México.

Suplantación de identidades y posible uso de inteligencia artificial

La Fiscalía identificó un mecanismo de engaño dirigido principalmente a políticos, servidores públicos y empresarios. El contacto se realizaba mediante llamadas telefónicas o mensajes enviados a los números personales de las posibles víctimas.

De acuerdo con las autoridades, Miranda Contreras habría aprovechado los vínculos construidos durante su trayectoria en el servicio público para obtener esos números y conocer las actividades políticas, administrativas y económicas de las personas contactadas.

En una primera etapa, los presuntos integrantes del grupo se hacían pasar por secretarios particulares o asistentes de funcionarios y actores políticos o económicos de alto nivel. Con el argumento de actualizar agendas o facilitar una comunicación, solicitaban números telefónicos y otros datos que después utilizaban para dar credibilidad a la suplantación.

Una vez establecido el contacto, las víctimas recibían mensajes o llamadas de quien supuestamente era el funcionario. Bajo el argumento de contar con instrucciones superiores, les solicitaban apoyo económico para operaciones políticas, agilización de pagos, incorporación de personas a estructuras administrativas o contratación de servicios con determinadas empresas.

Para reforzar el engaño, los investigados presuntamente utilizaban cuentas asociadas a números telefónicos con fotografías de perfil, logotipos y nombres oficiales de gobiernos u organizaciones políticas. Con ello buscaban que las comunicaciones parecieran auténticas.

Las autoridades también señalaron el posible uso de inteligencia artificial para imitar las voces de los funcionarios suplantados y crear conversaciones ficticias entre supuestos servidores públicos. Los mensajes de texto y de voz se compartían con las víctimas para aparentar que las solicitudes provenían de personas con cargos relevantes.

Entre las identidades presuntamente utilizadas se encontraban las de Lázaro Cárdenas Batel, Olga Sánchez Cordero y Horacio Duarte Olivares, además de otros actores políticos y funcionarios públicos.

Las investigaciones también identificaron un intento de engaño contra representantes de una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para la emisión de documentos de identidad de alta seguridad. Los presuntos responsables les habrían ofrecido la posibilidad de obtener un contrato a cambio de dinero.

En ese caso, una persona se presentó por mensaje como asistente de un funcionario y, después de confirmar datos de los representantes empresariales, les informó que el supuesto servidor público se comunicaría desde su teléfono personal. Según la investigación, ese intercambio buscaba generar confianza antes de solicitar el pago.

Las autoridades señalaron que el acceso a información confidencial de las víctimas, de las dependencias donde trabajaban y de otros funcionarios habría permitido hacer más convincente el engaño.

Manejo del dinero e indicios asegurados

Según el comunicado conjunto, Luis Miranda Contreras se encontraba “boletinado” en el sistema bancario mexicano, por lo que presuntamente exigía que los pagos se realizaran en efectivo. Cuando buscaban incorporar los recursos al sistema financiero, los investigados presuntamente utilizaban una empresa de arquitectura y construcción propiedad de su hija Aimee de Guadalupe.

De acuerdo con las indagatorias, parte del dinero presuntamente obtenido mediante estos hechos habría sido destinado a comprar propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.

Durante un cateo en el inmueble del fraccionamiento La Providencia, la Fiscalía mexiquense localizó equipos telefónicos que los detenidos presuntamente intentaron ocultar, así como tarjetas SIM de distintas compañías y vehículos de lujo.

Los investigadores identificaron al menos 19 dispositivos móviles, entre ellos iPhone, Samsung Galaxy y Motorola. Según la Fiscalía, los equipos presentaban registros de uso con las tarjetas SIM aseguradas y correspondencias con números telefónicos reportados por algunas de las víctimas.

La Fiscalía mexiquense pidió a quienes pudieran haber sido víctimas de estos hechos que presentaran una denuncia mediante el correo electrónico [email protected], el teléfono 800 702 8770 o la aplicación FGJEdomex.