En Estados Unidos, las recientes elecciones no se disputaron únicamente en las urnas, en los debates televisados ni en la confrontación pública de programas partidistas. Se libraron también en una geografía clandestina de presiones, intimidaciones, chantajes, extorsiones simbólicas y operaciones de manipulación cognitiva que convierten la voluntad ciudadana en territorio de asedio. Es así como bajo la apariencia de una competencia democrática, se despliega una multiplicidad de microguerras por la conciencia: pequeñas operaciones de sometimiento psicológico, económico, informativo y afectivo, cuya eficacia consiste en modificar las condiciones desde las cuales millones de personas interpretan la realidad, calculan sus riesgos y finalmente deciden su voto. No siempre es necesario falsificar una papeleta cuando se puede intervenir previamente en la conciencia de quien habrá de depositarla.
Son microguerras cognitivas que no necesitan presentarse con uniformes ni proclamas militares. Pueden operar mediante una amenaza laboral, la advertencia de perder un subsidio, la instrumentalización del miedo migratorio, la presión de un empleador, la dependencia económica de una comunidad o la difusión calculada de información engañosa. Allí donde alguien consigue asociar el ejercicio del voto con una recompensa, una represalia o una pérdida material, la libertad política comienza a padecer una mutilación concreta. El sufragio, que debería expresar una decisión autónoma, queda expuesto a convertirse en moneda de intercambio dentro de relaciones profundamente asimétricas. No hablamos solamente de comprar votos en el sentido más rudimentario del término; hablamos de producir condiciones en las que el ciudadano aprende a obedecer antes de llegar a la casilla.
En Estados Unidos esta disputa adquiere características particulares por la articulación entre poder corporativo, financiamiento electoral, concentración mediática, plataformas digitales, desigualdad social y polarización partidista. Las grandes fortunas pueden financiar candidaturas, organizaciones de presión, campañas publicitarias y aparatos de producción discursiva capaces de establecer qué asuntos merecen atención y cuáles deben permanecer fuera del horizonte público. El dinero no deposita directamente millones de papeletas, pero puede adquirir una capacidad extraordinaria para determinar qué voces circulan, qué problemas se magnifican, qué adversarios se demonizan y qué intereses económicos quedan protegidos detrás de la escenografía patriótica.
Su chantaje electoral encuentra uno de sus terrenos más fértiles en la administración del miedo. Se amenaza con invasiones imaginarias, catástrofes económicas, desintegraciones nacionales, enemigos internos y conspiraciones omnipresentes. La incertidumbre se convierte en mercancía política y la angustia en instrumento de disciplina. Cada segmento social recibe una amenaza adecuada a sus vulnerabilidades: al trabajador se le anuncia la desaparición de su empleo; al migrante, la deportación; al pequeño propietario, la ruina; al jubilado, la pérdida de sus prestaciones; a las comunidades racializadas, el recrudecimiento de la persecución. La operación consiste en presentar una disyuntiva coercitiva: aceptar determinado proyecto político o asumir las consecuencias aterradoras que la propaganda atribuye a su derrota. El miedo sustituye al razonamiento y la amenaza ocupa el lugar de la deliberación.
Con las “redes digitales” multiplican estas operaciones mediante mensajes segmentados, falsedades virales, montajes audiovisuales, rumores coordinados y sistemas automatizados de amplificación. La mentira ya no necesita convencer universalmente; le basta con encontrar una comunidad susceptible de recibirla como confirmación de sus prejuicios. Cada burbuja informativa puede convertirse en una pequeña cámara de resonancia donde la repetición produce familiaridad, la familiaridad simula verdad y la indignación termina funcionando como mecanismo de reclutamiento. La batalla no consiste solamente en imponer una afirmación falsa, sino en destruir los criterios compartidos que permiten distinguir entre evidencia, propaganda e invención. Cuando todo parece mentira, el poder dispone de una ventaja formidable: ya no necesita demostrar la verdad de su relato, porque ha conseguido desacreditar la posibilidad misma de verificarlo.
También deben examinarse las presiones materiales ejercidas sobre trabajadores y poblaciones dependientes de empleadores, intermediarios o estructuras locales de poder. Las amenazas explícitas de represalias por votar de determinada manera constituyen prácticas prohibidas por la legislación estadounidense. Sin embargo, la existencia de prohibiciones jurídicas no elimina las relaciones de subordinación que pueden facilitar intimidaciones indirectas. La extorsión puede adoptar una gramática respetable: una insinuación, una advertencia, una promesa de protección, una oferta condicionada, una amenaza disfrazada de consejo. El sometimiento resulta más eficaz cuando la víctima termina interpretándolo como una decisión propia.
A ello se agregan las presiones sobre la infraestructura electoral: intimidación de funcionarios, hostigamiento a trabajadores de casilla, desinformación sobre los procedimientos de votación y cuestionamientos infundados a la legitimidad de los resultados. Estas prácticas no son equivalentes ni deben confundirse con las controversias ordinarias de una democracia, pero pueden converger en una misma operación de desgaste: producir desconfianza, elevar el costo psicológico de participar y debilitar la aceptación colectiva de las reglas electorales.
Sí, la paradoja estadounidense consiste en que una democracia dotada de instituciones centenarias puede conservar sus rituales electorales mientras experimenta profundas deformaciones en las condiciones materiales y cognitivas de la participación. La papeleta continúa siendo individual, secreta y formalmente libre, pero alrededor de ella se organiza una industria de influencias que intenta apropiarse de la voluntad antes de que esta se manifieste. No todas las campañas recurren a estas prácticas, ni toda persuasión política constituye coerción; precisamente por eso es indispensable identificar las diferencias, documentar las responsabilidades y no confundir propaganda con delito ni sospecha con prueba.
Nuestra respuesta y reclamo no puede limitarse a exigir elecciones limpias el día de la votación. Hace falta democratizar las condiciones de producción de la conciencia pública: transparencia del financiamiento, protección efectiva de los trabajadores, garantías para los migrantes, vigilancia de las amenazas electorales, pluralidad informativa, educación crítica y mecanismos independientes de verificación. La libertad del voto comienza mucho antes de la urna y no termina cuando se cuentan las papeletas. Una sociedad no es plenamente libre porque sus ciudadanos puedan elegir entre dos nombres, sino porque pueden hacerlo sin que el hambre, el miedo, la dependencia, la mentira organizada o la amenaza de represalias dicten anticipadamente su respuesta. Allí se encuentra el verdadero campo de batalla: en la disputa por impedir que la conciencia colectiva se administre como propiedad privada de quienes poseen el dinero, los medios y los dispositivos del poder.
Fernando Buen Abad Domínguez*
*Doctor en filosofía
