Roberto García Hernández/Prensa Latina

 

 

La entrada en vigor de un conjunto de reducciones presupuestarias para las agencias federales de Estados Unidos puso en evidencia una vez más los gastos superfluos y el derroche de fondos públicos del Pentágono en sistemas de armamentos y equipos.

 

Los recortes fiscales, que comenzaron a regir el 1 de marzo pasado, no pudieron evitarse porque la Casa Blanca y el Capitolio fracasaron en sus negociaciones. Por tanto, inició la reducción de más de 85 mil millones de dólares del presupuesto federal, alrededor de 46 mil millones pertenecientes al Departamento de Defensa.

 

De esa forma, los 525 mil millones de dólares previstos para el Pentágono este año se reducirán a niveles similares al marco financiero otorgado a esa agencia en 2007, a pesar del incremento de actividades y de los efectos de la inflación.

 

Pero algunos especialistas que favorecen estos reajustes reconocen que tras el fin de la presencia en Irak, la disminución significativa de las tropas en Afganistán, un papel en general más activo de las unidades de operaciones especiales y de los drones hacen que la disminución en las asignaciones tenga poco impacto.

 

Un editorial reciente del diario The New York Times señala que el presupuesto de defensa de Estados Unidos puede y debe reducirse a pesar de lo que dicen los jefes militares y quienes los apoyan en el Congreso, los cuales utilizan términos catastróficos para hacer más dramáticas sus intervenciones.

 

Pero la mayoría de esas afirmaciones son simplemente exageradas, porque ellos conocen que, incluso si se concretan las disminuciones en asignaciones financieras, la seguridad nacional de Estados Unidos no estará comprometida, asegura el rotativo.

 

Los militares disponen de demasiados recursos y tienen suficiente flexibilidad para enfrentar una crisis como ésta.

 

Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el presupuesto base del Pentágono aumentó de 397 mil millones de dólares en ese año, a 557 mil millones en 2013.

 

Barack Obama es uno de los mandatarios que más ha gastado en programas de defensa después de la Segunda Guerra Mundial, pero a juicio de los analistas, lo que necesita el Pentágono es priorizar los gastos con el fin de conformar la fuerza realmente necesaria para enfrentar las que se consideran nuevas amenazas.

 

Los sistemas de armamentos son los blancos favoritos de quienes impulsan reducciones serias en las Fuerzas Armadas, en especial de los aviones caza F-35 y el de rotor inclinable V-22 Osprey, dos ejemplos de artefactos bélicos polémicos y costosos.

 

El director de la organización Proyecto sobre Alternativas para la Defensa, Carl Conetta, considera que los militares no pierden mucho si reducen o eliminan el número de F-35 que planifican comprar, si se deshacen del V-22 o incluso si disminuyen a 230 su actual flota de buques integrada por 282 unidades.

 

Otro posible ahorro puede venir de la eliminación de uno de los componentes de la llamada tríada nuclear, integrada por los submarinos portadores de cohetes balísticos, los misiles con bases en tierra y los medios lanzados por la aviación de combate.

 

Según los especialistas, también pudiera disminuirse el número de aeronaves teledirigidas (drones) que están en servicio en las Fuerzas Armadas.

 

En ese sentido ya el Pentágono sacó algunas cuentas preliminares, pues el gasto en este tipo de aviones saltó de 284 millones en 2000 a cerca de 4 mil millones en 2012, mientras el número de esos artefactos se incrementó de unos 200 en 2002, a por lo menos 7 mil 500 en la actualidad.

 

 

Hoy por hoy, algunos de estos drones realizan alrededor de 60 salidas diarias de patrullaje, principalmente sobre Afganistán, aunque también en áreas alrededor de Yemen y la costa oriental africana en general, pero el plan, para mayo próximo, es incrementar a 65 estas misiones.

 

Eso implica un aumento de la demanda de personal de la Fuerza Aérea, que requerirá 1 mil 700 pilotos a distancia y 950 operadores de los sensores que están a bordo de dichas aeronaves.

 

Los críticos de este incremento argumentan que el Pentágono puede reducir el número de drones en servicio e incluso la cantidad de vuelos, y a la vez incrementar el volumen y la calidad de las señales de video y otros tipos de datos que transmiten esos artefactos.

 

En cuanto al caza F-35, la Oficina de Supervisión del Gobierno –entidad subordinada al Congreso estadunidense– señaló a principios de marzo que los costos de esta aeronave continúan en ascenso y constituyen un riesgo financiero adicional en medio de la crisis fiscal.

 

Desde ahora hasta 2037, el Pentágono espera invertir más de 12 mil millones de dólares anualmente sólo para mantener vivo el programa, y los aparatos serán comprados antes de conocer los resultados de las pruebas reglamentarias.

 

A principios de marzo, las autoridades militares estadunidenses emitieron una prohibición de vuelo para toda la flota del F-35 tras detectarse fallas en los motores de varios de esos aparatos, debido al daño ocasionado por la exposición prolongada a altas temperaturas y otras tensiones operacionales.

Con un costo total estimado de más de 400 mil millones de dólares, el F-35 es hasta la fecha el programa de armamentos más caro en la historia del Pentágono, con un sobregiro de 150 mil millones de dólares por encima de los estimados iniciales.

 

El objetivo original de disponer de 2 mil 852 cazas de ese tipo se redujo en 400 aparatos, de los cuales se han adquirido 52 hasta la fecha, y se reporta un incremento del 70 por ciento en los gastos respecto de lo previsto inicialmente, además de que se prolongaron los plazos de entrega.

 

Otros programas que fueron financiados por presupuestos anteriores constituyen también en la actualidad un lastre para los fondos del Departamento de Defensa, como es el caso del buque Freedom LCS-1, enviado recientemente a Singapur a pesar de graves desperfectos en sus principales sistemas de comunicaciones y combate. La nave permanecerá fondeada allí para que su tripulación determine cómo funciona, y trate de solucionar los problemas que presenta.

 

Un informe del mando naval estadunidense señaló en mayo de 2012 que el buque falló en 14 de las 28 pruebas realizadas hasta esa fecha, incluidas las evaluaciones de sus sistemas de comunicación, eléctricos, de propulsión y contra incendios, y 10 meses después continúa con dificultades similares.

 

 

A la unidad naval se le han detectado al menos 17 quebraduras en el casco y en numerosas ocasiones ha sido llevada a reparaciones menores debido a las fallas en los motores.

 

El director de Pruebas y Evaluaciones Operacionales del Pentágono, Michael Gilmore, considera que la embarcación no puede salir ilesa de un combate naval, entre otras cosas porque sus cañones de calibre 30 y 57 milímetros presentan problemas de fiabilidad y son imprecisos cuando el buque avanza a alta velocidad.

 

Pero existen otros acápites en el presupuesto de defensa discutidos en anteriores días que denotan un conjunto de gastos superfluos e inútiles, los cuales, a juicio del senador republicano John McCain, pueden eliminarse.

 

Una de las medidas bajo escrutinio es un fondo de unos 15 millones de dólares en pagos de incentivos a compañías que tienen contratos con el Departamento de Defensa sólo porque sus propietarios son descendientes de familias nativas originarias de las Islas Hawái.

 

Otro tema similar otorga 154 millones de dólares al Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea para fuentes alternativas de energía, rubro que prevé el pago de unos 26 dólares por cada uno de los 450 mil galones –un millón 703 mil 434 litros– del combustible alternativo adquirido, precio por encima del carburante convencional. Mientras altos jefes militares se lamentan por los reajustes de fondos, la opinión pública es testigo de éstos y otros casos de derroches en programas inútiles, mientras se prevén reducciones por más de 10 mil millones de dólares en los magros programas sociales que han logrado subsistir en Estados Unidos en los últimos años.

 

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 328 / abril 2013