Entre 2008 y 2009, la Secretaría de Hacienda generó mil 599 reportes de operaciones inusuales y preocupantes relacionados con las llamadas “Personas Políticamente Expuestas” (PEP´s). Al elaborar y presentar a los círculos de gobierno su más reciente evaluación sobre el problema del lavado de dinero y la posible vinculación de las esferas políticas del país, Hacienda insistió, sin embargo, en eufemismos.

En el documento destaca la importancia de continuar con la práctica de detección de anormalidades operativas u actividades “inusuales” de los PEP’s para inhibir el uso del sistema financiero mexicano para actos de probable corrupción; sin embargo, nunca llamó a estas prácticas actividades ilegales. Hacienda y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) consideran una operación inusual aquella que no es común en el comportamiento de los clientes del mercado financiero, y que, de acuerdo con ciertas características, se puede presumir que el dinero proviene de actividades ilícitas.

Pero más allá de los calificativos eufemísticos, es un hecho, según las investigaciones gubernamentales, que fueron los políticos del mismo partido en el poder, el PAN, los que en su mayoría, casi el 30 por ciento de los políticos investigados, quienes omitieron reportar en sus declaraciones el manejo y depósito de efectivo en sus cuentas bancarias, bursátiles y de inversión.

La Unidad de Inteligencia Financiera se dio a la tarea de analizar las cuentas y movimientos bancarios para detectar posibles operaciones vinculadas con el blanqueo de capitales de 4 mil 56 candidatos de mayoría relativa; de 3 mil 134 candidatos de representación proporcional, un total de 7 mil 190 políticos que fueron colocados bajo la lupa de la Secretaría de Hacienda.

Como parte del proceso de revisión de las elecciones federales y el análisis de las operaciones de PEP’s en el sistema financiero mexicano realizado por la UIF, se procedió a buscar datos de operaciones inusuales reportadas por instituciones sobre candidatos a diputados.

Por su parte el Instituto Federal Electoral (IFE) solicitó, además, que se examinara el comportamiento financiero de estos 7 mil 190 candidatos a diputados tanto propietarios, como suplentes clasificados por tipo de candidatura.

Hacienda justifica que de éstos 7 mil 190 candidatos investigados sólo se encontraron reportes de operaciones inusuales de 45 personas (menos del 1 por cientio). Además, aclara que el total de los reportes generados se presentaron, principalmente, por anormalidades operativas más que por ser PEP’s. Sin embargo, varios de estos reportes financieros en poder de esta columna revelan graves anomalías y confirman la complicidad de Hacienda para procesarlos penalmente por el uso de dinero sucio.

Según los doumentos oficiales, algunas operaciones revelan, a juicio de la propia SHCP, “hallazgos interesantes”. Por ejemplo, el perfil declarado al abrir la cuenta no contemplaba el perfil actual de manejo de efectivo. A pesar de ello, Hacienda encontró que el depósito promedio anual era de aproximadamente de 2.5 millones de pesos, pero va de los 80 mil hasta los 8.6 millones de pesos, con una gran actividad en efectivo.

Además, en algunos casos se utilizan pólizas de seguros para introducir el efectivo en una modalidad de inversión. Lo relevante, a pesar de que sólo reporta Hacienda a 45 personas con reportes inusuales, fue que sólo cuatro generaron una declaración fiscal de acuerdo con los recursos manejados. Al identificar el origen de los recursos, las investigaciones fiscales establecieron que los recursos provienen frecuentemente de instituciones políticas, asociaciones, gobiernos estatales y negocios propios.

De esas 41 personas que no justificaron el uso de efectivo, el 80 por ciento pertenece a los principales partidos: el Partido Verdad:10 por ciento; Nueva Alianza, 7 por ciento; Salvemos México (PT y PC) 7 por ciento; Convergencia 3 por ciento; PSD 3 por ciento; PAN 29 por ciento; PRD 12 por ciento y PRI 29 por ciento. La SHCP destacó que el periodo en el que se generaron los reportes de inusualidad operativa fueron en fechas diferentes a periodos electorales.

 

Los reportes incriminatorios

 

En agosto de 2009 esta columna y la revista Contralínea dieron a conocer que, con el propósito de impedir que dinero proveniente del crimen organizado sirviera para financiar campañas políticas, Hacienda llevaba a cabo investigaciones fiscales, financieras y de lavado de dinero precisamente sobre las PEP´s que pertenecían a todos los partidos políticos.

 

En esa ocasión informé como el diputado federal del PRI, Emilio Chuayfett Chemor, era uno de los muchos políticos que ahora son investigados por las autoridades financieras del país encargadas de prevenir e impedir que dinero sucio proveniente del narcotráfico, tráfico de armas, fraudes financieros y secuestros, sea utilizado para financiar las campañas políticas. 

 

Chuayfett, según los reportes de la SHCP, realizó operaciones financieras en instituciones bancarias con operaciones del país por 17 millones de pesos, de los cuales algunos movimientos fueron depósitos en efectivo. Hacienda buscó el origen de esos recursos para descartar que no fueron resultado de alguna actividad ilícita. No obstante, el legislador no pudo convencer a las autoridades y en el expediente abierto en su contra se estableció que Chuayfett nunca aclaró plenamente el origen de dichos recursos, identificados como operaciones “inusuales” y “relevantes”.

 

La SHCP explica en el documento que da a conocer los resultados globales de su investigación con la intención de que las autoridades detecten y analicen casos de alto riesgo para que sean atendidos por la autoridad competente.

También, por primera vez, Hacienda revela la metodología de sus investigaciones. Explica que en la base de datos de la UIF están aquellos reportes que incluyen dentro de los campos de razón de “inusualidad” así como la descripción y ubicación de palabras clave relacionas con PEP’s. Así, de los reportes obtenidos se realiza un filtro para determinar cuáles clasifican dentro del concepto de personas políticamente expuestas. De esta forma, resultó que con la palabra clave “Gobierno” se generaron 641; con “Secretario”, 232; con “Pemex”, mil 193; con “Juez”, 182; “Diputado”, 112; “PEPS”, 111; “Servidor Público”, 98; “Ministerio Público”, 83; “Gobernador”, 37 ; “Político”, 27 y “Congreso”, 18.

Con la palabra “Gobierno” se encontró el 40 por ciento de los reportes generados, mientras que la palabra “Secretario” fue el 15 por ciento. Considerando la entidad federativa donde se localiza la sucursal que emite el reporte, se observa que es el Distrito Federal el que registra el mayor número de reportes de operaciones inusuales y preocupantes relacionadas con PEP´s  (39 por ciento del total).  En otras 12 se concentra el 80 por ciento de las operaciones detectadas con más de 30 reportes cada uno.

Considerando la entidad federativa de origen del titular de la cuenta, se observa que los reportes se generaron en su mayoría para sujetos del Distrito Federal, Zacatecas, Hidalgo y el Estado de México. Las autoridades financieras del país destacan, sin embargo, que no se observa una fuerte concentración de reportes de operaciones inusuales en algún estado en particular, pero que el mayor número de las reportadas se encuentran en Estado de México, Veracruz, Zacatecas y Chiapas.

Sobre el IFE, la SHCP precisó que la “inusualidad” de los casos revisados (91 por ciento del total) corresponde con un manejo irregular de cuentas personales en las instituciones financieras, al utilizarlas para un uso diferente al inicialmente convenido con las mismas y este comportamiento no se presenta necesariamente en periodos electorales.

El pasado 8 de abril Hacienda emitió un boletín en el que hace un recuento de sus acciones contra el lavado de dinero, y precisa que en los últimos dos años la UIF recibió un promedio anual de 45 mil reportes inusuales, y remitió a las autoridades encargadas mil 277 reportes de inteligencia, es decir 322 reportes menos que los registrados entre los políticos, lo que revelaría la concentración de actividades “inusuales” entre la clase política, en donde las operaciones de efectivo parecen ser una gran constante.

Pero México, dice la SHCP, está avanzando en el combate contra el lavado de dinero y ha dado muestra de ello en la presente administración de un compromiso internacional en la lucha contra el lavado de dinero, lo que se refleja en un incremento en los reportes de actividades financieras inusuales que obedece, tanto a las acciones de revisión iniciadas por la UIF, como por la incorporación de nuevos actores al monitoreo de estas actividades, como son los transmisores de dinero y centros cambiarios.

En 2008, refiere Hacienda, se alcanzó un total de 36 mil 934 reportes de operaciones inusuales, cifra que llegó a 52 mil 958 en 2009 y hasta febrero del presente año alcanza los 7 mil 867 reportes.

Precisa que el volumen de reportes de operaciones inusuales varía de país a país y principalmente está relacionado con el tamaño de su sistema financiero, de la utilización de instrumentos de riesgo (entre otros el efectivo) y del grado de atención que se le preste a las

recomendaciones de la comunidad internacional sobre las mejores prácticas mundiales para combatir el fenómeno del lavado de dinero. Tomando en cuenta los resultados de los análisis e investigación de la clase política, también diríamos que depende del desarrollo de su democracia pero sobre todo de la honestidad de su clase política.

La SHCP también precisa otra clasificación que analizaremos más adelante: la participación de directivos del sector financiero. De hecho, si en las operaciones identificadas como inusuales interviene algún empleado de la institución, ésta debe elaborar un Reporte de Operación Preocupante. En 2008 se recibieron un total de 96 reportes de operaciones preocupantes, en 2009 se llegó a 119 y en el presente año se han recibido 28 reportes de este tipo.

Cabe señalar que una operación o comportamiento inusual detectado por las instituciones financieras puede o no referirse a operaciones originadas por actividades ilícitas, esto se debe a que las instituciones no tienen disponible toda la información necesaria para un análisis integral, es por ello que se hace necesaria la intervención de la UIF, la cual tiene mayor información, lo que le permite identificar con mayor grado de certeza aquellas operaciones que pudieron ser originadas en actividades lícitas.

Entre 2008 y febrero de 2010, la UIF remitió a las autoridades encargadas del combate a este tipo de delitos financieros un total de mil 277 Reportes de Inteligencia, 938 derivados de peticiones que la autoridad procuradora de justicia realizó y 339 derivados de análisis de la propia UIF, que se consideraron podrían estar relacionados con ilícitos.

En estos Reportes de Inteligencia se informó a la autoridad sobre 3 mil 495 sujetos, con 12 mil 536 Reportes de Operaciones Inusuales y 196 Reportes de Operaciones Preocupantes reportados por las instituciones financieras.

El lavado de dinero y las remesas

A las compañías especializadas en el envío de remesas así como los bancos que atienden este mercado, no sólo les está afectando la crisis económica sino también las fluctuaciones en el tipo de cambio y las medidas para combatir y prevenir el crimen organizado. Una de las empresas que controla más del 17 por ciento del mercado de remesas entre México y Estados Unidos, Western Union, ha invertido más de 40 millones de dólares en garantizar los controles necesarios para evitar que el dinero ilícito ingrese a sus circuitos de transferencia. Además durante los próximos dos años espera invertir más de 23 millones de dólares para garantizar la seguridad del negocio.

A pesar de ello, las compañías de este sector esperan mayor regulación por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos como por ejemplo: prohibir transacciones entre ciertas ciudades de México y Estados Unidos; imponer requisitos adicionales de capitalización para proveer los servicios de transferencia de efectivo; limitar los márgenes de ganancia o las comisiones generadas en el negocio de transferencia de efectivo; solicitar información adicional a quienes soliciten los servicios de transferencias; exigir que el monto de las transferencia permanezca en fideicomisos cuando se trate de grandes sumas así como limitar el número de transferencias a un individuo.  Esto ya sucedió en Estados Unidos en donde se modificaron las reglas para ciertos servicios de pagos directos.