Para nadie es un secreto que los cuatro años de gobierno de Felipe Calderón han sido un verdadero desastre y una pesadilla para los mexicanos, incluído él mismo y todo su gabinetito. Me atrevo a decir que su pésima gestión ha superado la mala administración, corrupción y torpezas de su antecesor Vicente Fox, de quienes muchos pensamos que era lo peor que le había pasado al país y que se ubicaría en la historia como el peor presidente que haya tenido esta república, pero ahora ambos mandatarios se disputan ese deshonroso lugar.

Al seguir en su línea de gobierno de no saber qué hacer, Calderón busca, ahora sí, involucrar a grupos políticos, organizaciones sociales, empresarios, líderes, iglesia y hasta a opositores, en la toma de sus decisiones para hacer frente a los múltiples problemas políticos, económicos y sociales que enfrentamos, como una forma de repartir su responsabilidad de los últimos cuatro años y prepararse para lo que viene hasta llegar a las elecciones presidenciales de 2012.

Pero aún con los problemas enfrente, Calderón no deja de ser Calderón. El motivo es que sigue aferrado a su “guerra”, dice él, en contra del crimen organizado y su principal modalidad que es el narcotráfico. Ahora, después de hacer caso omiso a las exigencias internas y externas que le gritaron una y otra vez que era necesario combatir a la delincuencia en su financiamiento, para cortar el flujo de recursos que le permiten adquirir armas, contratar sicarios y corromper policías y funcionarios, finalmente Calderón ha respondido tardíamente con nuevas medidas mediáticas contra el lavado de dinero.

Mientras anuncia la prohibición de operaciones en efectivo por más de 100 mil pesos para la compra de bienes e inmuebles, olvida que se investiguen millones de transacciones financieras que cruzan diariamente por la banca, la bolsa, casas de cambio y otros intermediarios financieros que nadie supervisa y que es ahí por donde ingresan miles de millones de dólares producto del tráfico de drogas, secuestros, corrupción gubernamental, trata de blancas, extorsión a migrantes, compra-venta de armas.

Porqué pretende sólo combatir las operaciones en efectivo, cuando son las instituciones financieras en donde se blanquea el dinero y de allí sale lavado para la compra o contrucción de hoteles de lujo (que se investiguen los centros turísticos), residencias, empresas, cargos políticos, candidaturas presidenciales y campañas de gobernadores y munícipes.

Pues seguramente en espera de los recursos del Plan Mérida que financiarían en este último año la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado, el gobierno federal decidió, contradictoriamente con las nuevas medidas, recortar los recursos de las entidades especializadas en dar seguimiento al blanqueo de capitales.

Sólo discursos mediáticos

Sólo así se explica que, en medio del discurso mediático de la lucha contra el narcotráfico, durante el último año la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República (PGR), así como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentaran un recorte de al menos 30 por ciento en el gasto disponible para su operación. Por fín, en qué quedamos, se va o no combatir el lavado de dinero.

En la PGR el presupuesto para la investigación y consignación de expedientes vinculados con el lavado de capitales se ubicó en 32.13 millones de pesos en 2008; sin embargo para 2009 ya era de sólo 20.54 millones, una caída de 36 por ciento. Lo mismo sucedió con el presupuesto de 2010 para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la cual, durante este ejercicio, se le asignó un presupuesto de 48.6 millones de pesos, una caída real de 52.1 por ciento contra el presupuesto por 101.4 millones de pesos de 2009.

Los drásticos ajustes en los recursos para estas entidades formaron parte de la reducción presupuestal anunciada por Felipe Calderón para su gobierno en medio de la crisis petrolera y tributaria; sin embargo, como lo demuestran los hechos, su gobierno ha cometido, otra vez, un grave error estratégico: debilitar su principal carta, a pesar de que en 2004 la creación de la UIF albergó grandes esperanzas para combatir al crimen organizado y suplir, se dijo entonces, las deficiencias en materia financiera que exhibían el personal de la PGR.

Hace casi seis años, el gobierno federal decidió duplicar el número del personal hacendario adscrito a la investigación del blanqueo de capitales a través de los circuitos financieros, empresariales y las aduanas del país. Hacienda presume también que a partir de 2007 se realizó el acondicionamiento de instalaciones con mayores medidas de seguridad, reingeniería de procesos y desarrollo –con apoyo del gobierno de Estados Unidos bajo la iniciativa Mérida– de una plataforma de sistemas de tecnologías y administración de la información ajustada a dichos procesos.

Si esto fuera cierto, entonces el gobierno calderonista tendría que aclarar el destino y monto de los recursos del Plan Mérida para no presumir que en México las unidades clave para luchar contra el flagelo no contaron con los recursos suficientes mientras se acentuó la fuerza de las organizaciones de narcotraficantes. Un reporte de la Oficina General de Control del Congreso estadounidense, GAO por sus siglas en inglés, confirma que no se han liberado los recursos del Plan Mérida por problemas bilaterales en la administración y gestión de dichos apoyos. Ante esta situación, el reporte de la GAO establece que el gobierno mexicano tomó la decisión de adquirir tecnología y equipo con recursos propios ante el incumplimiento de los estadounidenses. El peor de los mundos.

Pero no sólo es un problema de recursos si no de la falta de integración en las estrategias de investigación y, sobre todo, de reciprocidad en la entrega de información dentro y fuera del país.

En 2009 también se definieron, según la SHCP, los acuerdos de intercambio de información con la UIF en la investigación de casos de lavado de dinero a cargo de la Policía Federal, a partir de las facultades de investigación conferidas a esa corporación policial. Sin embargo, los resultados son escasos.

De acuerdo con un diagnóstico elaborado por legisladores del PRD, como parte de una de las iniciativas presentadas en la Cámara de Senadores para reforzar el marco legal contra el lavado de dinero, uno de los problemas que enfrenta la UIF es la falta de capacidad tecnológica y calidad en el análisis de la información que recibe, porque la mayoría que envían los operadores del sistema financiero, llámese bancos, casas de cambio, entre otros, es información basura que quita tiempo a sus operadores, ya que es poco selectiva y muy poco retroalimenta a la inidad.

Por ello, la falta de interacción informativa entre la UIF y las dependencias gubernamentales relacionadas con el combate a este tipo de conductas delictivas como la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Hacienda, Procuraduría General de la República, Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Agencia Federal de Investigaciones, representan una gran debilidad, ya que no trabajan coordinadamente en la unificación de información sobre operaciones financieras sospechosas. Y, precisamente – dicen los legisladores del PRD – esta falta de interacción ha permitido que se multipliquen casos de lava dólares que siguen impunes.

Es por esta razón que la iniciativa de Calderón pone especial énfasis en el marco regulatorio que obligue a colaborar con la UIF a todas las entidades financieras para aplicar las disposiciones del Convenio de la ONU contra la financiación del terrorismo y para hacer de ésta un delito. Como respuesta se presenta ahora la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. El gobierno de Calderón omitió, sin embargo, hablar de los resultados de su administración en este tema y los efectos sobre la economía y la sociedad que generó su tardía respuesta.

Algunos indicadores de la UIF dan cuenta de ello: entre 2008 y 2010 (junio) el número de expedientes consolidados pasó de 26 mil 178 a 35 mil 807 y en el primer semestre fue de 16 mil 141. Sin embargo, el indicador real sobre el combate contra el lavado de dinero es el número de reportes que pueden llegar a constituir causas penales. En 2007 se registraron 250 reportes; en 2008 fueron 96; en 2009, 119 y en 2010 se acumulan 53.

Pocos resultados, pocos recursos y poca efectividad

Las cifras más recientes que ha liberado la PGR sobre su actuación contra el blanqueo de capitales también revelan un fuerte rezago. Hasta 2008, la PGR aseguraba que las investigaciones sobre el blanquero de dinero se habían elevado en más de un 60 por ciento en 2006. En 2007, dijo, se habían detenido a 33 personas. Otra vez resultados muy pobres, sin tomar en cuenta las pifias de la autoridad cuando se “pierden” los expedientes completos que documentan el lavado de dinero a través de cuentas de ilustres políticos como fue el caso de la familia del titular de la Profepa, Patricio Patrón Laviada. Por qué no hay respuesta de Calderón a esta grave irregularidad.

Ahora se busca que la UIF aplique una nueva metodología para medir, en forma objetiva y transparente, la efectividad de las acciones que las autoridades federales tomen para erradicar las actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el país. Ahora, se buscará que los reportes de inteligencia sean remitidos al Servicio de Administración Tributaria, al Cisen y a la PGR; que se cuente con denuncias proactivas y reactivas presentadas por la UIF; que se registre el número de sujetos consignados por la PGR por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que se logren bienes asegurados por la PGR, así como aquellos cuya propiedad
sea sustraída por las medidas legales aplicables. ¿Y la corrupción en el SAE quién la frena?

Así, para fortalecer la capacidad de las actividades de inteligencia financiera en la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: se establecerán esquemas de intercambio de información financiera entre SHCP, PGR y SSP; y esquemas de flujos de información entre autoridades federales con órganos constitucionales autónomos y con autoridades de los estados y del extranjero.

Se busca con estas acciones garantizar la reciprocidad en el intercambio de información, así como las acciones que podrá asumir el Estado mexicano en caso de incumplimiento de la contraparte. Como se ve resulta indispensable facilitar el intercambio de información entre las autoridades que participan en la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Felipe Calderón también propuso reformas a la Ley de Extinción de dominio, con lo que se buscará anular la propiedad de bienes adquiridos con dinero sucio, una acción que pondrá a prueba a los legisladores.

La necesaria independencia de la UIF

Ahora la UIF, que como ya hemos documentado en otras columnas ha sido utilizada políticamente, deberá asumir el papel de integrador de toda la información relevante que los distintos organismos del Estado obtienen con relación al delito del lavado de activos. Su independencia, por esta razón, está en tela de juicio. La UIF depende de la SHCP y ésta a su vez le reporta a Felipe Calderón.