Señaladas por incurrir en violaciones a los derechos laborales, las empresas de tercerización de servicios –también llamadas outsourcing– crecen en México sin control ni vigilancia por parte de la Secretaría del Trabajo. Abocada a investigar sólo los casos en que se recurre a este esquema para evadir al fisco, la dependencia a cargo de Javier Lozano Alarcón relega otro tipo de anomalías y aduce que la regulación de esta figura depende de su aprobación como parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno federal. Posturas contrarias consideran que legitimaría la simulación laboral y que debería prohibirse en lugar de alentarse
Durante los siete años que trabajó en Logística en Mantenimiento y Administración, SA de CV, Estela Sánchez Garzón nunca tuvo vacaciones; luego de que la empresa accedió a concederle unos días de descanso, repentinamente fue despedida. Por sus años de trabajo como afanadora en diversas compañías –la última de ellas fue la agencia trasnacional de mensajería DHL Global Forwarding, SA de CV–, la empresa le dijo que “por ley” tenía derecho a una “liquidación” de 300 pesos. Nada mal si se compara con lo que la compañía outsourcing de limpieza ofreció a sus compañeros Héctor Hernández y Tamara Hernández Trinidad, quienes también fueron despedidos “sin justificación” al regresar de sus vacaciones: Héctor, quien fungió como supervisor de limpieza por un año, podía recibir 300 pesos; los 6 meses de trabajo de Tamara se solventaban con 50 pesos.
Aunque su centro de trabajo era la compañía de mensajería –incluso los trabajadores refieren que el proceso de reclutamiento fue en sus oficinas y no en las de la empresa de servicios de limpieza–, ésta no se hizo responsable de los trabajadores puesto que formalmente no eran sus empleados, sino de Logística en Mantenimiento y Administración, SA de CV.
No obstante, en la demanda interpuesta ante la Junta Especial 15 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, figura como demandada DHL Global Forwarding, SA de CV, como consta en parte del expediente 751/07 al que Contralínea tuvo acceso. El titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno capitalino, Benito Mirón Lince, señala que esta situación complica la vigilancia de las empresas outsourcing, pues los trabajadores suelen denunciar a las compañías en las que prestan sus servicios y no a aquellas por las que son contratados, y la autoridad local inspecciona sólo a las primeras, que son las que podrían negar la relación de trabajo.
Tras cuatro años de pelea por una liquidación justa, los extrabajadores afirman que Logística en Mantenimiento y Administración, SA de CV, no ha querido hacerse responsable; incluso piensan que la empresa pudiera haber cambiado su razón social para evitar ser encontrada.
Tres cartas patronales, fechadas entre 2005 y 2006, así como unos cuantos recibos de pago con el nombre de la empresa y otros tantos estados de cuenta bancarios, en los que figuran pagos de nómina hechos por Juan Carlos López Loyo (la persona que los habría despedido), son los únicos documentos que respaldan a Estela para demostrar su relación laboral con la empresa en la que trabajó desde 2001, ya que durante todo ese tiempo nunca firmó un contrato.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoce que no cuenta con mecanismos de control sobre empresas como Logística en Mantenimiento y Administración, SA de CV, que emplean trabajadores a través de un esquema de subcontratación, mejor conocido como outsourcing.
En entrevista con Contralínea, el director general de Inspección Federal del Trabajo en dicha dependencia, Rafael Avante Juárez, dice que tampoco se tienen datos sobre cuántas de estas compañías hay en el país, no obstante que se trata de un esquema de contratación en auge, bajo el cual se encuentran empleados 2.4 millones de personas, de acuerdo con el diputado federal Reginaldo Rivera de la Torre.
Modelo en auge
En diciembre pasado, el legislador del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados señaló que México ocupaba el lugar 19 en el mundo en hacer de la subcontratación el modelo de trabajo preponderante. Acorde con las cifras ofrecidas por el priista, para el final del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, este esquema de contratación llegará a ser utilizado en la cuarta parte de las empresas de entre 500 y 5 mil trabajadores del país.
Ello significaría un crecimiento de 15 por ciento en un trienio, pues, para el primer semestre de 2009, el número de personas contratadas por empresas outsourcing equivalía a la décima parte de la población económicamente activa que entonces se encontraba ocupada.
“Parece ser que el sistema económico le está ganando terreno de manera abrupta al legal en lo relacionado con las [empresas] outsourcing, ya que la falta de una regulación expresa en la materia ha dado lugar a toda una serie de interpretaciones, que han propiciado abusos en contra de los trabajadores”, señaló el diputado federal.
En su XI informe de violaciones a los derechos humanos laborales durante 2007, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) advierte de la rápida expansión de los regímenes de subcontratación en México, sin que se haya hecho hasta ahora una adecuada valoración de sus implicaciones en cuanto a la indefensión de los trabajadores, que sumada a su precaria situación laboral, complica aún más su capacidad de emprender acciones de defensa contra estos sistemas de organización del trabajo.
Outsourcing bueno, outsourcing malo
Para Avante Juárez, existen dos tipos de outsourcing, uno “positivo” y otro “fraudulento”. El primero es aquél que ofrece servicios especializados (que pueden ser de vigilancia, mensajería, informática o limpieza) para “optimizar recursos” a las empresas contratantes; mientras que el esquema “fraudulento” busca evadir las responsabilidades del patrón a través de la subcontratación.
Sin embargo, Avante Juárez no explica en qué categoría se encontrarían empresas como Logística en Mantenimiento y Administración, SA de CV, dedicadas a ofrecer servicios especializados, pero supuestamente violadoras de los derechos de sus trabajadores.
El encargado de la vigilancia y control de los centros de trabajo en el país concibe “muy complicado” crear un listado de empleadores como fórmula para evitar que incurran en prácticas fraudulentas. En lugar de eso, considera más viable responsabilizar de cualquier violación a la ley a la empresa contratante, “más allá de los nombres, denominaciones o domicilios que tengan las contratistas”.
Mas la propuesta es sugerida sólo para los centros de trabajo donde se detecte una subcontratación “fraudulenta”, con lo que exime a aquéllas empresas dedicadas a los servicios especializados –como los de limpieza–, en cuyo caso se responsabilizaría únicamente a las empresas contratistas, a decir de Avante Juárez.
El funcionario asegura que un área en la que la STPS sí se ha preocupado por llevar a cabo inspecciones para identificar empresas que simulen relaciones laborales es la que concierne a la evasión fiscal. En colaboración con el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo ha realizado 184 inspecciones para detectar esta anomalía tan sólo en un año y medio.
Entre la regulación y la prohibición
Para el titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo capitalina, Mirón Lince, el gobierno federal impulsa el outsourcing mediante su propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que pretende dotar de un marco legal a esta figura para beneficiar a las grandes empresas, nacionales y extranjeras.
Señala que la reforma laboral promueve la flexibilización en la contratación y la precarización del trabajo para favorecer a las “grandes empresas trasnacionales” en detrimento del mercado interno. “El outsourcing va a contribuir al debilitamiento del salario y a abaratar la mano de obra para permitir la competitividad en el mundo global a las empresas trasnacionales o a las empresas nacionales grandes, que son las que tienen capacidad de exportación”, afirma Mirón Lince.
Considera que, en lugar de eso, lo que se debería reglamentar es la prohibición de este esquema de contratación bajo cualquier circunstancia, ya que “cualquier empresa que ejerza esa actividad está violentando los derechos de los trabajadores”, sin importar si se trata de la empresa contratante o la contratista.
En sus informes de trabajo de 2007 y 2009, el Cereal enfatiza su preocupación respecto de la regulación de esta figura de contratación, a la que califica como “otra deformación que impulsa la [llamada] ley Lozano”. Para la asociación de defensa laboral, regular el outsourcing significa “darle carta de ciudadanía a la simulación laboral y legalizar el retroceso en la naturaleza protectora del derecho del trabajo” y se “premiaría” a las subcontratistas por el incumplimiento del pago de indemnizaciones por despido injustificado, prima de antigüedad, vacaciones y demás prestaciones, señalan.
Evasión fiscal en la mira
El director general de Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfredo Avante Juárez, refiere que desde octubre de 2008, en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social, la STPS ha llevado a cabo 184 inspecciones para identificar empresas que recurran a la figura de la cooperativa para evadir impuestos. Esta forma de simulación laboral “es la figura que debemos controlar”, considera Avante Juárez. Sin embargo, la falta de un marco legal deja en el limbo a las empresas que de forma irregular recurren al outsourcing para evitar cumplir con sus obligaciones sociales.
El pasado 20 de mayo se dio a conocer que el despacho Inteligencia en Dirección de Negocios asesoraba a sus clientes para incurrir en conductas de evasión fiscal a través de esquemas de outsourcing. De acuerdo con la nota de Ignacio Álvarez Hernández, publicada en el diario Unomásuno el 27 de mayo, la consultora a cargo de Horacio Sainz Castro propuso al club de futbol Cruz Azul (cuya razón social es Cooperativa Cruz Azul, SCL) la integración de una sociedad de nombre colectivo, a través de la cual los jugadores recibirían sus sueldos exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta, pues figurarían como socios industriales de dicha cooperativa.
El periódico El Universal señaló el 20 de mayo que, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) –que realiza junto con el SAT la investigación para detectar a empresas evasoras– se estableció que el despacho es uno de los 19 detectados en el país que asesoran a sus clientes para evadir al fisco.
Además del equipo Cruz Azul, el SAT y la PGR investigan a los clubes Puebla, Indios de Juárez, Tecos y Oaxaca, así como a las empresas Mexicana de Aviación, Cementos Cruz Azul, Famsa, Casas ARA, Spintex, KN (Kamel Nacif) y a la Universidad Panamericana.
