Cientos de personas, pertenecientes a seis organizaciones del estado de Oaxaca, han “clausurado” y ocupado las oficinas sede de la Defensoría los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Demandan la liberación de presos “políticos” de los que organismos internacionales han acreditado que se violaron sus derechos humanos. Asimismo, exigen diálogo con las autoridades y el fin de la “simulación” en sus tratos con los movimientos sociales.
Las seis organizaciones que han ocupado las oficinas de la DDHPO son las mismas que se han aglutinado en el Bloque Anticapitalista: el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM); el Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR); la Unión de Pueblos Originarios (UPO); la Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y Comunidades (Ucidebacc), y la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL).
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Las organizaciones exigen la libertad de Librado Baños Rodríguez, quien padece en los últimos meses un acelerado deterioro de salud y quien cuenta con la opinión A/HRC/WGAD/2015/19 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria en el que se pide su libertad inmediata y atención médica especializada. En este caso “se sigue padeciendo la indolencia del gobierno estatal y federal que hasta el día de hoy amenazan con suspender la atención medica al compañero y su reingreso a un centro penitenciario, no importando que eso pueda significar un desenlace fatal debido a su complicado estado de salud”, señalan las organizaciones.
El otro caso es el del indígena y defensor ecologista Pablo López Alavés, quien desde hace 2 años cuenta con la recomendación 11/2015 del expediente DDHPO/1651/(06)/OAX/2014 y con la opinión 23/2017, emitida por el Grupo De Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria. En ambos documentos se acredita la intencionalidad por parte de los tribunales estatales para que López Alavés no sea puesto en libertad a pesar de las graves violaciones a sus derechos humanos documentadas en su caso.
“Señalamos que en el discurso oficial se ha resaltado la disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos, por lo que en un acto de buena fe y credibilidad nuestras organizaciones han esperado se resuelvan los casos con justicia, sin embargo nos encontramos que las distintas mesas de dialogo a que fuimos convocados han sido simples medidas de contención y dilación mientras continua la violación de nuestros derechos como pueblos”, argumenta el Bloque Anticapitalista.
Agrega que con los casos mencionados “ejemplifican las graves violaciones a los derechos humanos y muestran que hasta el día de hoy la criminalización de la lucha social se mantiene como una política de estado plenamente vigente en Oaxaca. Más allá de los discursos donde se repite hasta el cansancio que se trabajará para solucionar las graves problemáticas” que dejaron administraciones anteriores.
Zósimo Camacho
