La Jueza Primero de Distrito, Estela Platero Salado, otorgó el amparo a la comunidad indígena de San Miguel del Progreso -“Juba Wajín”- frente a la “amenaza minera” que pretendía explorar y explotar su territorio. La sentencia se dictó dentro del juicio de amparo 429/2016.
“No permitiremos la entrada de empresas trasnacionales y nacionales que pretendan explotar nuestro territorio”, sentenció en conferencia de prensa Miguel Santiago, del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio.
Y es que desde 2010, la comunidad de San Miguel del Progreso, en la Montaña de Guerrero inició un litigio en contra de ña Declaratoria de Libertad de Terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera.
Miguel Santiago, Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio
Derivado de este proceso judicial, la primera sentencia de amparo contra concesiones mineras fue notificada el 12 de febrero de 2014; lo que llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Después de ello, “en una maniobra estratégica las empresas desistieron de sus títulos de concesión, “lo que obligó a la SCJN a sobreseer el amparo y evitó que entrara al análisis de la constitucionalidad en inconvencionalidad de la Ley Minera”, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Talchinollan.
Es en la Relación de declaratorias de libertad de terreno 02/2015, publicada por la Secretaría de Economía el 24 de noviembre de 2015, en la que se declaraba a los terrenos Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de tinieblas, libres “con el fin de otorgar nuevamente concesiones mineras”.
La abogada Claudia Gómez Godoy dijo que desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) “no creemos que haya minería buena,verde, sustentable o responsable, sino que toda la minería significa despojo, enfrentamiento, significa conflictos intercomunitarios, significa muerte y significa contaminación, por lo cual; el amparo que hoy se gana es sin duda una noticia que hay que celebrar porque abre surco, camino, para un montón de pueblos que a lo largo del país se están oponiendo a estos proyectos de muerte”.
Maribel González Pedro, asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Contra las disposiciones del gobierno federal, indicó Tlachinollan, el 30 de junio pasado las autoridades agrarias de San Miguel del Progreso y Tlachinollan fueron notificados de la sentencia “inédita” dictada por la juez Platero Salado, “en la que ordena a la Secretaría de Economía dejar insubsistente la Declaratoria de Libertad de Terrenos y que en caso de que pretenda continuar con el procedimiento de otorgar concesiones mineras sobre el territorio de la comunidad, deberá respetar los derechos colectivos de la comunidad entre ellos la consulta”.
Maribel González Pedro, asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, comenta en que “la lucha de San Miguel del Progreso que ha emprendido desde 2010 es frente a la amenaza minera, ya con esta sentencia es la segunda que gana frente a tribunales judiciales y frente a la política extractivista del gobierno mexicano. Los pueblos de la Montaña tienen concesiones vigentes; sin embargo, también tienen una lucha que al día de hoy se encuentra más fortalecida gracias a este amparo que no sólo es un logro de la comunidad sino del consejo de autoridades agrarias en defensa del territorio y ellos están siguiendo otras vías de fortalecer la comunidad y su organización comunitaria…”.
