Por más que busque evadir la justicia, el largo periodo de impunidad y poder político sobre la sociedad colombiana que ha encabezado Álvaro Uribe está en su ocaso. Sin embargo, su resistencia a responder ante la justicia por delitos graves y de lesa humanidad se vuelve un peligro para la democracia y la reconciliación

Álvaro Uribe ganó la presidencia de Colombia (2002-2010) porque convirtió el malestar y rechazo de la población a las guerrillas y el cansancio de décadas de guerra en su principal bandera de gobierno. De hecho, su principal promesa fue la seguridad democrática como estrategia para derrotar las guerrillas, que según la propaganda de guerra de los medios de comunicación eran el peor mal de Colombia.

Por eso las equiparó con organizaciones terroristas, aprovechando el “buen” momento creado por el presidente de Estados Unidos, George W Bush, con la Operación Libertad Duradera, plataforma para atacar a los países del eje del mal que apoyaban el fundamentalismo islamista, que contaba con apoyo en los gobiernos de Irak, Afganistán e Irán, y que a juicio de la potencia imperial fueron los que estuvieron detrás del ataque terrorista a las Torres Gemelas de New York, el 11 de septiembre de 2001.

Para demostrarle a Uribe que lo esperaban para confrontarlo militarmente, las FARC lo recibieron lanzándole cohetes y explosivos el día de su posesión como presidente en el Palacio de Nariño (https://bit.ly/2LD3UPb).

Los objetivos principales del gobierno de Álvaro Uribe eran acabar con el secuestro, las vacunas y toda clase de tropelías y atentados contra la infraestructura petrolera, puentes, alumbrado eléctrico, ataques a bases militares y pueblos que llevaba a cabo la guerrilla y que habían aumentado considerablemente, durante la década anterior.

Para ello había que empezar despejando las carreteras para salir a pasear y visitar las fincas; seguidamente asegurarle al gran capital y las trasnacionales un país en paz para la inversión privada, y luego lograr la cohesión social. Los tres huevitos que camuflaban una estrategia de guerra bien diseñada.

Antes de llegar a la Presidencia, Álvaro Uribe había hecho una larga carrera como alto funcionario del Estado que empezó desde muy joven.

Había ejercido los cargos de director de la Aeronáutica Civil en 1980-82, donde entre otras cosas se le señala de conceder licencias de vuelo a Pablo Escobar, el jefe del Cártel de Medellín, una de las principales y más poderosas organizaciones criminales del narcotráfico (https://hrld.us/2Ofn6Rq).

También fue alcalde de Medellín (1982), cargo al que tuvo que renunciar a los pocos meses por pedido del presidente Belisario Betancur al gobernador de ese entonces, Álvaro Villegas,  ante denuncias de nexos con el Cártel de Medellín (https://bit.ly/2JVxTNh).

Posteriormente fue senador de la República entre 1986-1994, donde impulsó la reforma a la Seguridad Social (Ley 100 de 1993) que modificó el Sistema Nacional de Salud, mercantilizando un derecho fundamental como la salud, entregándola a empresas intermediadoras como las EPS (empresas promotoras de salud) y ARS (aseguradoras del régimen subsidiado) que han quebrado el sistema ocasionando una grave crisis que sigue sin solución.

Fue ponente de la reforma laboral (Ley 50 de 1990) que arrebató los derechos de los trabajadores como la estabilidad laboral, las horas extras, suprimió la retroactividad en el pago de las cesantías, abrió las puertas a la tercerización laboral. En pocas palabras, impulsó reformas en el Congreso en favor de la patronal y el gran capital trasnacional; al tiempo que pauperizó los salarios de los trabajadores que vieron desaparecer como por arte de magia sus derechos y conquistas laborales.

Ejerció también el cargo de gobernador (1995-1997), desde donde apoyó e impulsó las Convivir, primeras organizaciones armadas de civiles reconocidas por el Estado y creadas en el gobierno de César Gaviria (1990-1994) a través del decreto ley 356 de 1994 (https://hrld.us/2mKMjH6).

Su mandato se basó en estas premisas: combatir el terrorismo a través del Plan Colombia (https://bit.ly/2NN2xuW), pero para ello tuvo que imponer la visión de que aquí no había conflicto armado ni interno, porque aceptarlo sería reconocer y legitimar a las guerrillas, que para él no eran más que un grupo de bandidos terroristas que le estaban haciendo la guerra a la sociedad y a la democracia y esa era la prueba de que no tenían legitimidad como alzados en armas o como grupos insurgentes para reclamar el derecho a la rebelión armada; esta tesis la sustentó y defendió en una sociedad donde el Estado venía haciendo uso sistemático del terrorismo de Estado y la eliminación del adversario u opositor político, desde lo que se conoció como doctrina de seguridad nacional, o la estrategia del enemigo interno.

Durante su mandato como presidente logró unir al país contra las guerrillas y lo polarizó a un nivel nunca antes visto, con la excepción de la Época de la Violencia que desató el asesinato de Gaitán. Logrando construir un consenso mayoritario que incluyó poner las instituciones, las iglesias, los gremios económicos, las Fuerzas Armadas y de policía, los grandes latifundistas, los grandes medios de comunicación y Estados Unidos como potencia aliada, al frente de su campaña bélica contra el enemigo interno, que de labios para afuera eran supuestamente las guerrillas, pero de estrategia de guerra hacia adentro se aplicó a miles de opositores, sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales sin distinción si eran civiles o combatientes de la guerrilla.

A su gobierno se le señala de ser uno de los que más violaciones a los derechos humanos cometieron. Donde se asesinó a miles de civiles, presentándolos como integrantes de la guerrilla, en lo que se conoce como falsos positivos o muertes fuera de combate. Se calcula, según un estudio reciente que pueden haber sido más de 10 mil los asesinatos (https://bit.ly/2MrP3EI).

Los dos periodos de su gobierno incrementaron más que ningún otro en la historia reciente de Colombia el asesinato de líderes políticos de oposición y de izquierda, defensores de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes, líderes afros e indígenas, sin contar los miles que hizo encarcelar desde que lanzó su programa de la red de informantes pagos en el país, Latinoamérica y Europa, a través de sus embajadas.

Está claro que le tocó asumir el poder en un momento en que Colombia no era un país viable y se encontraba en medio de un caos y conflicto que llevó a que se discutiera si era un país fallido, y además de eso, la guerra que hicieron las guerrillas destruyendo pueblos y la infraestructura económica, profundizó la crisis social, política y económica aún más (https://bit.ly/2OhWu2o).

Es el expresidente con más expedientes y acusaciones ante los tribunales y la justicia. Según el País.co.com en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes cursan 186 procesos en su contra (https://bit.ly/2Lpv4tB).

Muchos de los testigos que lo señalaban de haber apoyado e impulsado grupos paramilitares han sido asesinados (https://bit.ly/2LnusVb); son bien conocidos los altos funcionarios que trabajaron en su gobierno que están o han estado en la cárcel por delitos graves; el caso del DAS y sus directores acusados de perseguir, chuzar las llamadas e incluso dar la orden de asesinar opositores ha sido uno de los casos más conocidos; aparte de los escándalos de altos funcionarios, incluidos ministros condenados por corrupción como Andrés Felipe Arias por el caso Agro Ingreso Seguro; o como el fraude y cohecho para la reelección, que llevó a la cárcel a varios de sus ministros en el conocido escándalo de la Yidis Política.

Sobre los acuerdos de “paz” que hizo con las Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC) entre el 2003 tras el Acuerdo de Santa Fe de Ralito y el 2008 en que fueron extraditados los principales jefes paramilitares, varios de estos (Mancuso y Don Berna) lo han acusado de haberlos enviado a las cárceles de Estados Unidos, llevando los crímenes de lesa humanidad a un nivel de impunidad nunca antes conocido, para que no contaran lo que había detrás de la estrategia paramilitar y las horrendas masacres que cometieron en todo el país (https://bit.ly/2LQpsoy).

Estrategia paramilitar que contó con el apoyo, acompañamiento y asesoría de militares extranjeros, el ejército nacional, la policía y las agencias de inteligencia, en una espantosa cruzada anticomunista que pasaba por sacar a la fuerza, lo que se conoce como desplazamiento forzado, a millones de familias campesinas que tuvieron que dejar sus casas, pertenencias y parcelas de tierra que pasaron a engrosar las de los grandes terratenientes y nuevos ricos que se hicieron a millones de hectáreas de tierra a punta de masacres, motosierras y terror.

Otra gran deuda que tiene con miles de víctimas inocentes asesinadas para mostrar resultados ante el país, fue la directiva ministerial 029 del 2005, también conocida como pago de recompensas, aprobada por él como presidente y firmada por su ministro de Defensa Camilo Ospina, con el objetivo de entregar recompensas e incentivos a la Fuerza Pública en su lucha antiterrorista (https://bit.ly/2bs8oY9).

Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas dio la orden a su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, de bombardear un campamento de las FARC en Ecuador, violando la soberanía del vecino país, en 2008, donde murió Raúl Reyes, uno de los máximos comandantes de esta guerrilla (https://bit.ly/2LSrgNu).

Desde que llegó a la presidencia en 2002 con el 53 por ciento de los votos, su influencia en la vida política, la economía y la nación no ha parado, aunque hoy es evidente su desgaste.

Después de años de denuncias y acusaciones que han sido sistemáticamente engavetadas por instituciones donde han sido nombrados partidarios suyos, como la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, tribunal especial para investigar aforados y altos dignatarios del Estado como el presidente, magistrados de las altas Cortes; hoy la Corte Suprema de Justicia lo llama a indagatoria y en su condición de senador renuncia para buscar evadir de nuevo el máximo tribunal de Justicia, buscando que lo investigue la Fiscalía, cuyo fiscal Néstor Humberto Martínez llegó a afirmar en el 2015 que “El presidente Uribe es un patriota, nosotros trabajamos por Colombia, luego no debe haber sino una agenda amplia de comunidad de intereses por el país” (https://bit.ly/2mHdjHn).

Por más que busque evadir la justicia, Álvaro Uribe Vélez es hoy más el ocaso de un largo periodo de impunidad y poder político sobre la sociedad colombiana. Su declive es un hecho, pero su resistencia a responder ante la justicia por hechos que involucran delitos graves y de lesa humanidad como los miles de falsos positivos, en realidad crímenes de Estado, lo convierten a él y sus seguidores que llaman a rodearlo y a subvertir el orden jurídico, en un peligro para la democracia y la reconciliación.

Otto Higuita*/Telesur

*Ensayista; historiador económico por Universidad de Estocolmo

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