Los países en desarrollo y los pueblos indígenas presionan en la ONU para que las naciones ricas cumplan con las reparaciones climáticas prometidas a través del Fondo de Pérdidas y Daños. Aunque se han comprometido millones, la cifra está lejos de los billones necesarios y las comunidades indígenas temen quedar excluidas

Organización de las Naciones Unidas. A medida que los desastres provocados por la crisis climática siguen devastando el Sur global, las naciones ejercen una presión cada vez mayor en las Naciones Unidas para que los países más ricos cumplan con las reparaciones climáticas prometidas desde hace tiempo a través del Fondo de Pérdidas y Daños.

Para los pueblos indígenas, cuyos territorios suelen ser los más intactos desde el punto de vista ecológico, pero también los más dañados por el cambio climático, estas negociaciones definen su supervivencia, su soberanía y su reconocimiento como titulares de derechos en la gobernanza climática mundial.

Tras la puesta en marcha del fondo en la 29 Conferencia de las Partes (COP29) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Bakú en noviembre del año pasado, los países en desarrollo afirman que las promesas de contribución realizadas hasta ahora –aproximadamente 741 millones de dólares– están muy lejos de los billones necesarios (millones de millones) para recuperarse de la devastación climática.

Esta cifra tan baja se nota en las comunidades indígenas, cuyas economías locales dependen de ecosistemas prósperos.

“Gran parte de la rica biodiversidad, los sumideros de carbono y las zonas más preservadas del mundo se encuentran en territorios indígenas”, afirmó Paul Belisario, coordinador global de la Secretaría del Movimiento Internacional de los Pueblos Indígenas por la Autodeterminación y la Liberación (IPMSDL), en una entrevista con IPS.

Y añadió: “sin reconocer el derecho de los pueblos indígenas a cuidarlo, gobernarlo y vivir en él para que florezca su conocimiento tradicional, no podemos abordar plenamente la crisis climática”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se hizo eco de este sentimiento en Bakú, cuando afirmó que “la creación del Fondo de Pérdidas y Daños es una victoria para los países en desarrollo, para el multilateralismo y para la justicia. Pero su capitalización inicial de 700 millones de dólares no basta para reparar el daño infligido a los más vulnerables”.

Estos “agravios”, según los líderes indígenas, deben incluir la exclusión de los conocimientos tradicionales y tribales en la toma de decisiones.

A la luz de la presión para que la acción climática sea una responsabilidad legal en lugar de un acuerdo político, muchos esperan que la COP30 dé lugar a una negociación más satisfactoria para obtener una compensación adecuada. Esa COP se celebrará en noviembre en la ciudad de Belém, en el norte de Brasil, en plena Amazonia, lo que incrementa la reivindicación de los indígenas de ser protagonistas.

El llamamiento a la acción está liderado por bloques como la Alianza de Pequeños Estados Insulares (Aoasis por sus siglas en inglés) y al Grupo de los 77 (G77), que aglutina y da fuerza política a los países del Sur más China en las negociaciones multilaterales.

Ambas alianzas representan a los países más vulnerables a los desastres naturales relacionados con el clima.

El G77 se mostró especialmente crítico durante la COP29, donde su rechazo al acuerdo fue respaldado por varias organizaciones climáticas y de la sociedad civil que criticaron el texto final de la cumbre climática anual por dar a los países industrializados demasiado margen para eludir sus obligaciones en materia de financiación climática.

Para los grupos indígenas, esta crítica se deriva de la preocupación de que la financiación no llegue a sus comunidades debido a la burocracia o al aislamiento geográfico y político.

Janene Yazzie, directora de políticas y defensa del NDN Collective, habló sobre la importancia de la participación indígena en la distribución de los fondos.

Al respecto, dijo que “los que defendemos es garantizar que estos mecanismos… sean accesibles para los pueblos indígenas, respeten los derechos de los pueblos indígenas y puedan utilizarse para soluciones y respuestas diseñadas y priorizadas por los pueblos indígenas”.

El año pasado, los países finalmente acordaron movilizar 300 mil millones de dólares anuales hasta 2035 para los países en desarrollo en concepto de financiación climática, muy por debajo del billón de dólares que, según los expertos, es el mínimo para una mitigación y adaptación eficaces.

El compromiso financiero es voluntario, lo que significa que los países pueden retirarse sin consecuencias y no existen protecciones para garantizar que el dinero se distribuya teniendo en cuenta los sistemas de gobernanza indígenas.

La Fundación Indígena del Consejo de Administración Forestal (FSC), de alcance mundial, señaló que los grupos sin títulos de propiedad formales podrían quedar totalmente excluidos, a pesar de su papel en la gestión de paisajes biodiversos.

Sin embargo, un dictamen reciente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha creado nuevas vías legales.

La máxima instancia jurídica de las Naciones Unidas impuso a los Estados obligaciones estrictas para prevenir daños climáticos significativos y hacer frente al cambio climático, al afirmar que el incumplimiento de estas obligaciones conlleva responsabilidad legal.

Las pruebas científicas pueden vincular las emisiones a países específicos, lo que permite a los afectados por el cambio climático emprender acciones legales, que podrían incluir la devolución de dinero, la restauración de tierras, la mejora de las infraestructuras o la recepción de compensaciones por pérdidas económicas.

Este dictamen jurídico abre nuevas vías para solicitar una restitución, no sólo en forma de dinero, sino también de recuperación de tierras, infraestructuras para la adaptación y garantías de participación política.

Este cambio jurídico llega en un momento crucial. En abril de 2025, miles de indígenas brasileños marcharon en la capital, Brasilia, antes de la COP30 en Belém, al exigir derechos sobre la tierra e influencia en la toma de decisiones.

Mientras tanto, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) también emitió una declaración sobre la cumbre para la Deforestación de la Amazonia. En ella, se esboza un plan de acción para poner fin a la deforestación, reforzar los derechos sobre la tierra y eliminar gradualmente la exploración de petróleo y gas.

Después de que se negara a los grupos indígenas la copresidencia de la COP30, el presidente de la conferencia, André Corrêa do Lago, se comprometió a establecer un “Círculo de Liderazgo Indígena” dentro de la conferencia.

Muchos líderes indígenas consideraron que este acuerdo era insuficiente: la Fundación Indígena del FSC, de alcance mundial, pidió en su lugar “modelos de cogobernanza en los que los pueblos indígenas no solo sean consultados, sino que lideren y den forma a la acción climática”. Otros grupos fueron más explícitos en sus críticas.

La Acción Indígena por el Clima coescribió una declaración al final de la COP29 en la que decía:

“No hay nada que celebrar aquí hoy […]. Si bien necesitamos urgentemente un acceso directo y equitativo a la financiación climática para la adaptación, la mitigación y las pérdidas y daños en las siete regiones socioculturales […] rechazamos la colonización financiera que proviene de los préstamos y cualquier otro mecanismo financiero que perpetúe el endeudamiento de las naciones que menos han contribuido al cambio climático, pero que soportan la mayor parte de sus tragedias”.

Belisario, el coordinador del IPMSDL, plantea la cuestión de la financiación como una cuestión de justicia y no de caridad. “Esta financiación no es sólo responsabilidad social corporativa o compensación”, dijo. “Es justicia histórica”.

Sin embargo, sin la influencia indígena en la distribución del dinero del Fondo de Pérdidas y Daños, sigue sin estar claro cuán eficaz será esta ayuda para combatir el cambio climático basándose en los conocimientos y la ciencia indígenas. Muchos activistas abogan por enfoques más localizados para la acción climática.

Belisario reconoce las limitaciones de las negociaciones internacionales. “Es una broma recurrente que negociaremos hasta la COP100, y puede que no tengamos tanto tiempo”, dijo.

“Lo que realmente nos gustaría conseguir de la COP30 es reunirnos con muchas comunidades para debatir los problemas comunes y hacerles comprender que esta COP es solo una parte de cómo nos gustaría resolver nuestra crisis climática”,  afirmó.

Insistió que los movimientos indígenas “creemos firmemente que las formas más radicales de exigir rendición de cuentas y responsabilidad comenzarán con movimientos en los propios países de las personas, en sus propias localidades”.

Como concluyó la Fundación Indígena del FSC, “los pueblos indígenas deben liderar el diseño, la gestión y la supervisión de los mecanismos financieros que afectan a sus tierras, sus vidas y su futuro. La justicia climática sólo será posible cuando se reconozca a los pueblos indígenas como titulares de derechos y socios en la toma de decisiones”.

Jennifer Xin-Tsu Lin Levine/Inter Press Service (IPS)*

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