En los próximos días, las acusaciones de peculado hacia el exdirector del CECYTE en Baja California, José Carlos Jiménez Payán, tendrán connotaciones políticas, al involucrar a personajes de la política local y regional, considerados proveedores de servicios de la institución que dirigió por siete años. Una auditoría ordenada por el Órgano Superior de Fiscalización permitió la identificación de facturas de dudosa procedencia y validez por concepto de obras y servicios, según la Procuraduría General de Justicia del Estado, desde el añ0 2005 a la fecha, el peculado asciende a 49 millones de pesos.
Lorena Rosas
El Contralor del Estado, Edgardo Contreras explica que con base en los indicios de las auditorías practicadas a las cuentas se pudo corroborar que utilizaron facturas apócrifas, pagos al doble de las obras y servicios contratados, “clonación” de documentos, licitaciones irregulares, y que en la revisión no se encontraron indicios de que haya participación de empresas, sino que varios servidores públicos del CECYTE orquestaron todos los ilícitos; incluso hay casos donde los proveedores ni siquiera prestaron algún servicio o vendieron productos a la institución de educación media superior.
Por tanto, los servidores públicos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado que presumiblemente participaron en éstos ilícitos son, además del director general de la institución, José Carlos Jiménez Payán: Bhanavy del Carmen Aguirre Ponce, Jefa de Recursos Humanos; Josefa Morales González, exdirectora de Administración y Finanzas; Bernardo Ibarrola Zazueta, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios; Mario Antonio Rivas Rangel, Director de Planeación, y Juan Francisco Torres Ávalos, coordinador de Recursos Humanos quienes obtuvieron amparos contra la detención y se encuentran prófugos.
Ellos fueron denunciados penalmente y destituidos de sus cargos al encontrarlos presuntamente responsables de falsificar y alterar documentos oficiales, uso de documentos falsos, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, cohecho, peculado, concusión, negociaciones ilícitas, tráfico de influencias, abuso de confianza, fraude y robo. En estos presuntos delitos penales pudieron haber participado hasta 34 servidores públicos del sistema CECYTEBC.
Revela el informe parcial de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso local, la auditoría de la Contraloría estatal y la Procuraduría General de Justicia del Estado, que esto representa un daño de 49 millones de pesos a la propia institución educativa desde el 1 de enero de 2005 hasta marzo de 2009, detectado en las revisiones de las cuentas de 2006, 2007, 2008 y lo que va de 2009 y fueron denunciados el pasado 10 de febrero del año en curso ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, según confirma la subprocuradora de Justicia, Cecilia Maciel López.
En la averiguación que el Ministerio Publico inició, 119 proveedores de CECYTE están siendo investigados, pues el presunto peculado se realizó a través de las licitaciones y facturas que justifican los servicios y bienes contratados. Después del 10 de febrero en el que la Contraloría presentó la denuncia de hechos en el Ministerio Publico 32 proveedores, de las facturas de mayor cotización, aseguran no haber realizado operaciones con el CECYTE. Aunque en los expedientes de 2007 y 2008 existen facturas a su nombre por cerca de 10 millones 66 mil pesos las empresas declararon no tener contacto con la institución, por lo que se sospecha que fueron clonadas.
Cuatro proveedores admitieron tener alguna relación de trabajo con el centro educativo, sin embargo no por la cantidad señalada en las facturas que suman cientos de miles de pesos, pues se detectaron alteraciones en los pagos realizados.
Los casos más graves se refieren a doce proveedores de los cuales no se ha encontrado razón social, pagándoles por sus supuestos servicios hasta 3 millones 55 mil 620 pesos, pudiendo ser empresas ficticias.
Uno de estos proveedores es el actual delegado de la Secretaría de Educación Pública en Baja California, Alejandro Bahena Flores, ex candidato panista y ganador inicialmente de la presidencia municipal de Mexicali en el 2004, que luego perdió por decisión del TRIFE ante el priIsta Samuel Ramos Flores.
Bahena Flores, quien también fue diputado de la XVI Legislatura local, prestó sus servicios elaborando un estudio de Análisis de los Principales Indicadores Educativos de la Institución, según consta en la solicitud 1144 de la Unidad Concentradora de Transparencia del Estado, aunque ya desaparecieron del portal electrónico, 8 de las 10 informaciones relacionadas con el exsecretario de educación estatal.
Alejandro Bahena Flores fue Secretario de Educación en la administración de Eugenio Elorduy, cuando Jiménez Payán asumió la dirección del CECYTE en el 2002, y actualmente encabeza en la entidad la lista de precandidatos a una diputación federal plurinominal por el PAN.
Móvil político, argumenta Jiménez Payán.
José Carlos Jiménez Payán, el ahora ex director del sistema del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California, se declaró inocente del delito de peculado por casi 50 millones de pesos que se le imputa. El acusado, asesorado por su abogado defensor, Rosendo Cervantes, en su declaración ante Sonia Mireya Beltrán Armenta, Juez Quinto Penal, argumentó una ilegal detención y acusó a José Francisco Blake Mora, Secretario General de Gobierno por haber orquestado esta detención.
El indiciado narró los hechos, cuando fue detenido por elementos de la Policía Ministerial asignados a Palacio de Gobierno. Asegura que su arresto fue el pasado miércoles 11 de marzo por la noche en el edificio del Poder Ejecutivo a donde fue citado a las 21:30 horas contactándolo el licenciado Marroquín, secretario particular del Secretario General de Gobierno, Francisco Blake Mora, quien supuestamente quería platicar con él en sus oficinas.
Señala que fue convocado por Blake Mora “para ver la manera en que se trataría en los medios de comunicación los actos de fraude que aparecieron en CECYTE”, pero al querer ingresar a su cita en el edificio gubernamental, un grupo de escoltas le dijo que estaban vacías las oficinas a esa hora.
“Yo les comenté que tenía una reunión con el Lic. Blake, donde me dijeron que me esperara porque no había nadie en la oficina, les insistí que si le podían hablar al licenciado Marroquín, y su respuesta fue preguntarme mi nombre el cual le dije y me informaron que estaba detenido, sin ningún documento, fui subido a un vehículo y llevado a la Procuraduría General de Justicia del Estado por delitos patrimoniales, donde no me dejaron llamar a mi abogado, pero en una oportunidad lo llamé a escondidas”.
Y agrega: “Como a las 3 de la mañana se terminó el interrogatorio y se me presentó un proceso administrativo, donde me indicaban que yo estaba detenido con base en una orden de detención dictada esa madrugada “por urgencia administrativa” y fui posteriormente llevado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, por la Anáhuac”.
Jiménez Payán aclara que la designación del contralor interno del sistema CECYTES la hace directamente el Contralor del Estado, el personal ya llevaba varios años en el puesto y su función es precisamente revisar y comprobar que se llevan a cabo los procedimientos administrativos de manea correcta. Al administrativo, agregó, lo proponen las secretarías de Educación y de Planeación y Finanzas y por supuesto son ratificadas por parte del director general.
El ex director del CECYTE afirma no haberse percatado de fraude alguno y puntualiza que no conoce a ninguno de los proveedores mencionados o empresas involucradas, dice que él firmaba los cheques pero no intervenía en el proceso para adquirir un bien o servicio y que siempre firmó documentos de procesos administrativos que se supone fueron validados por todos los filtros y demás áreas administrativas.
Jiménez Payán indica que durante su gestión como director firmó miles de cheques y no solamente los casi 200 que se refiere la investigación de Contraloría, sin embargo nunca le advirtieron de estos desvíos, ni le hicieron señalamientos sobre alguna irregularidad, “Yo no tengo nada que ver, no soy el responsable, esto me afecta demasiado, mi familia, mi prestigio, mi trabajo, todo el esfuerzo, pero tengo confianza de que se hará justicia”.
Luego, un periodista apuntó con letra grande en su libreta una pregunta ¿Móvil político?. Contestó discretamente con lenguaje corporal el exfuncionario desde atrás de la rejilla del juzgado, moviendo la cabeza dos veces hacia abajo y hacia arriba.
El gobernador José Guadalupe Osuna Millán había informado a los medios que la detención fue la mañana del jueves 12 saliendo de su casa.
Cuentas sucias
Por su parte, el diputado Antonio Cano Jiménez, presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló que todo este asunto fue iniciado en el Congreso del Estado desde noviembre de 2007, cuando el Órgano Superior de Fiscalización de la XIX Legislatura local empezó a encontrar falsificación de documentos, contubernio entre servidores públicos y grandes cantidades de recursos dedicados a la educación.
Por ejemplo, en la cuenta pública de las preparatorias CECYTE se pudo comprobar que fue en la Dirección de Administración y Finanzas y en la Dirección General donde se realizaron la alteración de documentos para quedarse con los más de 49 millones de pesos.
En las partidas 20000 para adquisición de materiales y la 30000 para servicios generales se falsificaron presupuestos y facturas de proveedores registrados en la institución educativa. La Contraloría del Estado encontró 119 operaciones ilícitas, donde servidores públicos utilizaron facturas de proveedores para manipularlas, por ejemplo, compras de 230 pesos se alteraron para cobrar 230 mil pesos, y así, detectaron en estas revisiones que en la casa de cambio Mexicali, propiedad de José Humberto Coronado Rodríguez, se cobraron más de 100 cheques por parte de los servidores públicos que cometieron el fraude millonario.
El CECYTE emitió los cheques. En este paso del “mega” fraude fueron detectados los funcionarios de la Dirección de Administración y Finanzas y con firma de conocimiento del propio Director General. También se detectaron 30 proveedores que no realizaron transacciones comerciales con la institución. Sin embargo, servidores públicos utilizaron facturas durante 2007 para esquilmar a la institución 10 millones 66 mil pesos.
Incluso, un proveedor reconoció haber hecho transacciones con CECYTE pero por 66 pesos, no obstante los servidores públicos de la institución giraron un cheque que ellos mismos cobraron por el orden de los 810 mil 975 pesos. En las investigaciones fueron detectados domicilios que no existen y 12 proveedores con facturas falsas que suman un total de 3 millones 505 mil 620 pesos.
La Contraloría del Estado y el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado tienen en su poder una carta de cada proveedor confirmando así por escrito al Poder Legislativo que no realizaron operaciones con CECYTE para efectos de esta revisión que involucra facturas “clonadas” por un monto de 10 millones de pesos, nada más en el ejercicio de 2007.
También se encontraron obras parciales, compras sobre-cotizadas y pagos duplicados.
Con una población escolar de 16 mil 800 alumnos, distribuídos en 18 planteles en todo el Estado, con una plantilla de docentes de mil 211 maestros, el Presupuesto de egresos de los CECYTES se incrementa año con año.
En el 2006 se les autorizaron 121 millones 178 mil 994 pesos y en el 2007 ejercieron 127 millones 675 mil 556 pesos. La institución cuenta con 10 años de antigüedad, jurídicamente surgió en el gobierno de Héctor Terán Te rán y se materializó hasta el gobierno de Alejandro González Alcocer.
Cinco días después de la detención de José Carlos Jiménez Payán, se dio a conocer que el nuevo titular del CECYT sería Hector Montenegro Espinoza, quien hasta entonces había ocupado el puesto de director general de Conalep.
Otras desviaciones en el CECYTE
Desde 2004, Saúl García Pacheco, expresidente del Congreso del Trabajo y exdirigente sindical de profesores del Cobach, se trazó el objetivo de gestionar recursos ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los cuales no han sido aplicados para lo que fueron aprobados y etiquetados, a pesar de que se acordó que a partir de 2005, habría un programa de recuperación salarial para mejorar las condiciones de los maestros de Cobach y CECYTE que ganan casi la mitad de lo que ganan los profesores de enseñanza secundaria.
Con la aprobación de este recurso, siendo presidente de la Comisión de Hacienda el actual gobernador de Baja California José Guadalupe Osuna Millán, fue quien les autorizó ese presupuesto a nivel nacional, se evitó el paro de actividades en los planteles de las instituciones CECYTE y Cobach en 26 estados del país.
Sin embargo, y a pesar de contar con los recursos desde el 2005, no se han aplicado para su destino las partidas presupuestales asignadas en 2005, 2006 y 2007 por la Cámara de Diputados, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre del 2005, para el Ejercicio Fiscal 2006, donde se destina a los subsistemas de educación del Colegio de Bachilleres 237 millones 300 mil pesos, y para el Colegio de Educación Científica y Tecnológica CECYTE, 115 millones 900 mil pesos, programados para el Programa Gradual de Nivelación Salarial con el fin de resarcir lo que se considera injusta situación laboral, y que por años han padecido los trabajadores académicos de educación media superior.
En comparación con los maestros del CECYTE y de la sección 37 del SNTE existe un desnivel de entre un 90 y un 130%, por ejemplo un maestro de educación que trabaja 36 horas gana de 4 mil 200 a 4 mil 600 pesos por catorcena. Y un maestro de educación básica de la sección 37 gana entre 8 y 9 mil pesos por catorcena.
Debido a ello, la Unión Nacional de Sindicatos, que preside colectivamente Saúl García Pacheco inició en abril del 2006 un procedimiento ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública por “desvío de recursos” contra funcionarios de la saliente administración foxista. Esto presionó a las autoridades de la SEP y del Sistema Educativo Estatal en Baja California, encabezados por el entonces secretario de educación José Gabriel Posada Gallego, quienes entregaron hasta mayo del 2007 ese dinero como parte de un bono único para los trabajadores del Cobach y del CECYTE, evitando dar explicaciones sobre lo que pasó con los recursos de 2005 y 2006. El Informe de Cuenta Pública 2006 de la Auditoría Superior de la Federación observa la entrega de 26 millones 145 mil 202 pesos a organismos que, por su naturaleza, no son susceptibles de ser financiados con recursos de este fondo federal, entre ellos una aportación de 21 millones 750 mil 900 pesos al SNTE por transferencias indebidas al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la Universidad Autónoma de Baja California, ICBC, DIF y Sistema de Transporte Estatal, por 19 millones de pesos.
Al tratar de desvirtuar las observaciones producto de la auditoría, autoridades del Sistema Educativo Estatal, al que pertenece el ISEP, pretextaron ambigüedad o vacíos en la normativa sobre los aspectos o rubros específicos en los que se deben ejercer estos recursos, además que las leyes de Coordinación Fiscal y General de Educación señalan que es facultad exclusiva de los gobiernos de los estados operar los servicios educativos, por lo que consideraron no haber cometido violación alguna.
Sin embargo, la ASF reiteró que existen irregularidades administrativas al tratarse de apoyos no susceptibles de ser financiados, ya que en la Cámara de Diputados dispusieron que fuera aplicado un recurso a nivelación salarial, en el 2005 y 2006 parte de este recurso se gastó en “material educativo” y otros rubros no especificados. Se trata de 11 millones asignados para el 2005, de 14 millones para el 2006 y de casi 15 millones que tal vez se ejercieron, pero no como estaba ordenado.
Además de la retención de recursos existe otra inconformidad: Al acordarse la homologación salarial con la Sección 37 del SNTE, en el acuerdo legislativo del 1 de Febrero de 2006, se estableció que los recursos serían etiquetados en el ramo 25. Esto es, que en un periodo de cinco años, los maestros del Cobach y CECYTE percibirían lo mismo que un docente del magisterio estatal. Sin embargo, las autoridades estatales durante la administración de Eugenio Elorduy etiquetaron los recursos en el ramo 11, la cual establece que el dinero sólo se expedirá una sola vez, lo que genera incertidumbre.
Esta decisión desvirtúa totalmente el propósito para el que se aprobaron estos recursos, obstaculizando seriamente el programa de nivelación salarial referido, incurriendo en un evidente desacato a lo dispuesto por la Legislatura federal, la violación por incumplimiento e inaplicación del decreto, ya que la aprobación de dichos recursos también se contempló en la Ley de Egresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2005, 2006 y 2007 y se publicó respectivamente en el Diario Oficial de la Federación Los convenios de coordinación fiscal marcan que por cada peso que aporte la federación para el mantenimiento y funcionamiento de colegio de bachilleres y CECYTES, las entidades federativas tienen la obligación de entregar otro peso, eso quiere decir que si lograron 115 millones de pesos, los CECYTES de Baja California deberían poner otros 115, serían entonces 230 y se distribuirán como salario integrado para nivelación.
Por lo tanto, el órgano de fiscalización federal solicitó a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental de Baja California –a cargo del perredista Edgardo Contreras– la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, entre los que se encuentra la dilación de entrega de dichas ministraciones de recursos federales.
Y siguen esperando
Luego de enterarse de la detención por presunto peculado del director general de los CECYTES en Baja California José Carlos Jiménez Payán, docentes inconformes del plantel Villas del Sol en Tijuana, dan a conocer a la luz pública una serie de irregularidades cometidas en su contra por los directivos a cargo de Payán.
Un grupo de maestros y extrabajadores del plantel afirman que el arquitecto Rigoberto Jerónimo González Ramos, director del plantel mencionado ha cometido irregularidades tales como desvío de recursos, despidos injustificados de maestros que piden una aclaración en torno a la supuesta homologación de salarios que todos los planteles adscritos al sistema DGETI en el País cuentan desde el 2006 y en Baja California no se ha visto reflejada para los docentes del CECYTE.
Uno de esos casos es el de Rubén Naranjo Govea, quien hace unos días todavía era profesor del plantel. El pasado 24 de febrero se solicitó la información sobre las cuentas por concepto a nivelación de salario y a cambio de eso recibió dos actas administrativas por parte de la institución, mismas que presentaban inconsistencias y después fue despedido por desacato de autoridad.
