Para el Senado estadunidense, el lavado de dinero en los bancos multinacionales con operaciones en México y Estados Unidos no se limita a las operaciones en efectivo, en dólares o a las cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales.

 

Instrumentos bancarios como los fideicomisos, que no sólo garantizan el secreto bancario sino que también ocultan a los verdaderos beneficiarios de los recursos depositados, se han convertido en una gran herramienta para el lavado de capitales sin que, hasta ahora, el sector bancario en Estados Unidos cuente con instrumentos para identificarlos, reconoce el Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de ese país.

 

Además, si bien identifica a las transacciones en efectivo como una gran fuente de recursos para el blanqueo de capitales, es el pobre trabajo realizado por el sector en ese país –dirigido a identificar a “personas políticamente expuestas”– lo que ha debilitado el cumplimiento de las medidas contra el lavado. México y sus políticos son ejemplo de esta situación.

 

En una carta enviada a James H Freis, quien durante cinco años dirigió el órgano del Departamento del Tesoro contra el lavado de dinero, el Financial Crimes Enforcement Network  (Fincen), Carl Levin, presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones de Senado estadunidense, aseguró que algunas de las nuevas disposiciones que prepara ese organismo multilateral contra el blanqueo de capital podrían representar un paso atrás en la lucha contra el lavado de dinero y que las grandes amenazas se encuentran en instrumentos como los fideicomisos, sin que hasta el momento se encuentren debidamente regulados.

 

 

Levin, en dicha carta fechada el 1 de julio de 2012, en Washington, después de que Freis fuera despedido por sus magros resultados contra el lavado de dinero, recordó que el Subcomité Permanente del Senado dio a conocer en 1999 la existencia de la sociedad Trocca, Ltd, creada por la división privada de Citibank a través de una filial en Islas Gran Caimán (Cititrust) para uno de sus clientes: Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

 

Cititrust, aseguró Levin en su misiva, constituyó en 1992 una empresa en un paraíso fiscal en la que sus accionistas, directores y ejecutivos de esa sociedad offshore eran controlados directamente por filiales de Citibank.

 

Un año después, Cititrust creó un gran número de fideicomisos y transfirió las acciones del corporativo Trocca a esos instrumentos, de tal forma que pudieran controlar por completo y sin obstáculos los títulos representativos de su capital.

 

Desde el comienzo de la relación y operación bancaria –relata Levin en su carta al ahora exdirector del Fincen– Citibank logró que Raúl Salinas de Gortari no apareciera como beneficiario de las cuentas, acciones o activos de Trocca. Las órdenes del verdadero propietario eran recibidas por Citibank y así se manejaban las cuentas abiertas bajo sus indicaciones y siempre a nombre de la empresa offshore.

 

Por ello, Levin insistió al Fincen que, en el corto plazo, los cambios regulatorios para combatir el lavado de dinero en Estados Unidos deben obligar a los bancos a identificar expresamente al beneficiario de activos depositados en el circuito bancario y “escondidos” a través de fideicomisos.

Sin embargo, reconoció que se trata de un tema complejo: “el señor Salinas nunca, nunca, fue propietario de acciones en Trocca; él simplemente le dio a la división de banca privada de Citibank una carta de deseos, un mandato, que lo respaldaba y protegía como beneficiario de las cuentas manejadas por Trocca; sin embargo, esa carta no lo convertía en accionista de la corporación o lo facultaba con intereses accionarios en la compañía”.

 

Gracias a Trocca, Raúl Salinas de Gortari logró el manejo de cuentas del banco estadunidense en Citibank Londres y Citibank Suiza. Precisamente, por esa razón y, gracias a la participación de Citibank para ocultar el origen de los recursos, la investigación contra Salinas de Gortari tanto en Estados Unidos como en Francia y Suiza, se complicó. Prácticamente no existía documentación oficial que lo conectara claramente con la operación de Trocca, con lo que durante varios años se ocultó el origen y destino de los fondos. Además de Trocca, Citibank utilizó otras empresas con sus respectivos fideicomisos: Madeline Investment, SA; Donat Investment, SA, y Hitchcock Investment, siendo el accionista otra compañía offshore: Tyler, Ltd. Para el gobierno suizo y la fiscal Carla Del Ponte, quien investigó el caso durante varios años, el caso de Raúl Salinas de Gortari y la participación de Citibank se transformó en una afrenta y en una violación a la seguridad de su sistema bancario, por lo que incautó los recursos de las cuentas del hermano del expresidente Carlos Salinas.

 

Ahora, en el marco de las reformas que se promueven en Estados Unidos y con las que se busca reforzar el combate contra el lavado de dinero, Levin dijo al Fincen que ya no basta conocer la configuración accionaria de una sociedad o exhibir el acta constitutiva porque, bajo las condiciones y sofisticación actual de los sistemas bancarios, la propiedad de los recursos en una cuenta fácilmente puede ser manipulada o escondida gracias a instrumentos legales sugeridos por la institución bancaria, con una añeja historia en jurisdicciones de laxa regulación tributaria.

 

No es suficiente, a juicio de Levin, que el organismo del Departamento del Tesoro señale al sistema bancario estadunidense y extranjero la obligación de identificar a los beneficiarios de una cuenta bancaria si éstos pueden esconderse en un fideicomiso.

 

En México, el secreto bancario, garantizado en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, sólo puede omitirse en el caso de un fideicomiso cuando lo solicite la autoridad judicial y siempre que exista un juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. En estos casos, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No obstante, el reto es la ubicación de dichos recursos y, por supuesto, la identificación de sus beneficiarios.

 

Responsable del dictamen de los estados financieros de varios bancos, un experto en contabilidad financiera –que por su labor solicita sea reservada su identidad– señala que los fideicomisos de los bancos se encuentran en sus cuentas de orden. A  las figuras fiduciarias las identifica como instrumentos bancarios con un alto grado de secrecía.

 

Carl Levin, senador demócrata por el estado de Michigan, Estados Unidos, asegura en su carta que los reguladores del vecino país también omiten el uso de prestanombres por parte de las organizaciones o individuos dispuestos a lavar recursos a través del sistema bancario. Por ejemplo, usando fideicomisos resulta relativamente sencillo que los verdaderos beneficiarios nombren a algún empleado que detente el 25 por ciento del capital, el porcentaje mínimo que el Fincen propuso para exigir la identificación del beneficiario en una cuenta. Levin pide el 10 por ciento de participación porque así, asegura, será más fácil y más frecuente poder identificarlos. También pide al organismo del Tesoro estadunidense que la regulación incluya la vigilancia de empleados reportados en las sociedades offshore.

 

Sobre las “personas políticamente expuestas”, en donde se ubican expresidentes y políticos que controlan el poder en los países con los que Estados Unidos mantiene relaciones, Carl Levin recuerda que desde 2006 el organismo multilateral responsable de dictar la política contra el blanqueo de capitales, el Financial Action Task Force on Money Laundering (Grupo de Acción Financiera en contra del Lavado de Dinero), exigió que el gobierno estadunidense fortaleciera las medidas de control en sus cuentas. Después, en 2009 un reporte emitido por investigadores del Banco Mundial demostró que las instituciones bancarias estaban realizando un “pobre” y deficiente trabajo en la prevención del blanqueo de capitales a través de cuentas de las “personas políticamente expuestas” con fondos provenientes de prácticas de corrupción. Entre otras medidas, el Banco Mundial recomendó a Estados Unidos que dichas cuentas fueran clasificadas como de “alto riesgo”, para someterlas a revisiones exhaustivas y cruce de beneficiarios con alcance a varias generaciones.

 

En la actualidad, en Estados Unidos los bancos sólo tienen obligación de indagar sobre las cuentas de políticos y de sus familiares en primer grado con inversiones superiores a 1 millón de dólares.

 

El estudio del Banco Mundial, elaborado por Theodore Greenberg, identifica a México entre las jurisdicciones cuyas operaciones e instrumentos bancarios deben ser vigilados cuidadosamente ante la configuración de sus poderes políticos.

 

A finales de mayo de 2012, el Departamento del Tesoro notificó al director del Fincen que había sido removido de su cargo. La prensa estadunidense consignó, de acuerdo con fuentes del Tesoro, que bajo la dirección de James H Freis, el Fincen simplemente se estaba moviendo “demasiado lento”.

 

No obstante, sus gastos no se detuvieron. Y es que durante la gestión de Freis, el presupuesto del Fincen pasó de 73 millones a 100 millones de dólares, y el número de su personal aumentó de 10 a 300 personas.

 

El Departamento del Tesoro sigue buscando al sustituto de Freis, funcionario que deberá impulsar las reformas para mejorar el combate contra el lavado de dinero entre los bancos estadunidenses.

 

El sistema de reportes electrónicos para actividades sospechosas, transacciones en efectivo y los cambios regulatorios con los que se exigirá a los bancos identificar al verdadero beneficiario en instrumentos bancarios son algunas de las reformas que deberían aprobarse en el Poder Legislativo de Estados Unidos, mientras en México la Ley contra el Lavado de Dinero sigue sin aprobarse en el Senado.

 

 

En 2010 las políticas acordadas entre los gobiernos de México y de Estados Unidos para controlar el mercado negro de dólares y restringir las transacciones en efectivo a través de intermediarios, como centros cambiarios, o directamente con los bancos –sobre todo en la frontera Norte– provocaron que el blanqueo de capitales buscara nuevos caminos para ingresar a los circuitos bancarios a través de otros mecanismos, indica el Departamento de Migración de Estados Unidos.

 

“En los últimos siete años hemos visto cómo las organizaciones de narcotraficantes intentan una y otra vez ingresar fondos ilícitos a los bancos estadunidenses, pero evitando los reportes de transacciones en efectivo”, testificó ante el Senado el director de investigaciones del Departamento de Migración del gobierno estadunidense, Leigh H Winchell.

 

Ante el Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado del vecino país que dio a conocer la investigación contra el banco HSBC, el 17 de junio Winchell dijo que el gobierno de Estados Unidos busca combatir el crimen trasnacional, en el marco de la Estrategia para Combatir el Crimen Organizado Trasnacional liberada en julio de este año.

 

 

El responsable de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por su sigla en inglés) en Estados Unidos, Thomas J Curry dijo, también en su testimonio ante el Senado estadunidense, que los narcotraficantes han mejorado sustancialmente sus métodos para introducir dinero sucio a los circuitos financieros de ese país. La tecnología y el acceso a un mayor número de productos y servicios financieros les ofrecen nuevas vías en su intento de blanquear capitales, aseguró Curry.

 

La justificación de éste no fue suficiente para evitar que el Senado estadunidense señalara a esta agencia del Departamento del Tesoro como la principal responsable en el crecimiento de las transacciones irregulares con dólares que registró HSBC entre sus filiales de México y Estados Unidos. Curry simplemente falló en detener el lavado de dinero a través de los circuitos de la institución inglesa.

 

Ante los investigadores del Senado estadunidense, el funcionario citó, sin éxito, algunos casos en los que participó la agencia: las investigaciones del banco Wachovia (vinculado al blanqueo del cártel de Sinaloa) y un caso de lavado de dinero en el que se involucra a Citibank y a Zions First Nacional Bank.

 

Wachovia, por ejemplo, fue multada en marzo de 2010 con más de 50 millones de dólares por violar disposiciones contra el lavado de capitales. Fue este caso en el que también se investigó a HSBC y el que, asegura la OCC, contribuyó a que el gobierno mexicano impulsara restricciones a las operaciones con dólares en efectivo dentro de su sistema financiero.

 

Y apenas en abril pasado, la OCC notificó a Citibank que estaba incurriendo en problemas internos de control y monitoreo con “operaciones sospechosas”.

Frente a la presión del Subcomité de Investigación que conduce el influyente senador Levin, el Departamento del Tesoro, a través del Fincen, actualizó las medidas para prevenir el blanqueo de capitales a través de operaciones con dólares en bancos con operaciones en México.

 

El memorándum del Fincen actualiza las restricciones dadas a conocer en 2010 y revela que la apertura en bancos de Estados Unidos y las operaciones interestatales estadunidenses proliferan como una nueva técnica para introducir dinero sucio a los circuitos financieros. También informa que el Fincen ha recibido información sobre el Sur de California como un punto importante para el retiro de efectivo para ubicarse como el punto final del “embudo” para el lavado de dinero.

 

Por eso el Fincen, en sus alertas rojas, pide a la Banca que cambien la forma en la que han venido recibiendo transferencias de casas de cambio con operaciones en México: “repentinos incrementos en depósitos en efectivo, cambios rápidos y súbitos de fondos y grandes cantidades de efectivo en depósitos sin conocer la fuente y fondeo”, son señales a las que deben estar alertas los bancos, según el Fincen.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 294