Los felicito por el reportaje “Militares retirados ganan juicio a gobierno”. Es verdaderamente triste lo que está haciendo el gobierno federal con estos pobres viejos. Trabajaron toda su vida para las instituciones y ahora se encuentran en el olvido. Es importante que las autoridades vean la situación de estos ancianos que no tienen oportunidad de trabajar en ningún lugar.

 

 

 

Un ejército que no protege a sus retirados es una institución sin honor. El mensaje de las Fuerzas Armadas Mexicanas para sus activos es el de “a tu retiro, no me serás importante”. ¿Qué clase de “espíritu de cuerpo” se puede desarrollar con ese mensaje? Es verdaderamente indignante.

 

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Felicidades a las periodistas Flor Goche e Isabel Argüello por la investigación “UACM: bitácora negra de la rectoría de Esther Orozco”. Éste es el mejor trabajo periodístico sobre la crisis que padece la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que se ha publicado. ¡Enhorabuena!

 

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Excelente reportaje el publicado acerca de lo que sucede en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Gracias por su honorable desempeño periodístico. De la rectora Esther Orozco se puede hacer una investigación más amplia, pues su historial como servidora pública está marcado por la corrupción y el fraude. Lo que Contralínea ha publicado es sólo una muestra de las redes de corrupción (grupos de apoyo) de Orozco. Hay mucho más en la UACM sobre el manejo de recursos financieros de la institución, y todavía más de sus antecedentes en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Les sugiero hacer una investigación al respecto.

 

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Bien por la detección del fraude en la compraventa de gasolina en Petróleos Mexicanos. ¿Pero el director general de la paraestatal no tiene responsabilidad alguna? Siempre les toca cargar el muerto a los empleados de segundo orden.

 

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Un hombre justo y honesto nunca muere. Ése fue y es don Miguel Ángel Granados Chapa.

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La Escuela Normal Rural de Saucillo, Chihuahua, es una verdadera inspiración para quienes buscamos ser educadores. Saber que la preparación que recibirás te permitirá educar a niños de escasos recursos es doblemente estimulante.

 

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Es aberrante lo que perciben los exmandatarios mexicanos. Luego de leer el reportaje “Los privilegios de los expresidentes en México”, pienso que es una burla para la población que se les destine tanto dinero a quienes probablemente son culpables de muchas de las situaciones críticas que atravesamos. Mientras muchos día a día salimos a trabajar y pagamos impuestos, otros solamente están recibiendo dinero a manos llenas. ¿Hasta cuándo el pueblo mexicano dirá “ya basta”?

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Es terrible y lamentable la memoria de los mexicanos. ¡Cómo es posible que se promueva a Manlio Fabio Beltrones!, quien desgobernó Sonora; prestó a Luis Donaldo Colosio un avión propiedad del señor de los cielos (Amado Carrillo); y fue el primero que se encerró con el asesino de Colosio, Mario Aburto, en cuanto se cometió el homicidio.

 

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El presidente Felipe Calderón nunca ha tenido la intención de combatir al crimen, de cualquier clase, sino de generar pavor entre los ciudadanos para consolidar el saqueo e imponer la agenda de sus tutores extranjeros.

 

Las denuncias que se hacen al respecto están bien. Millones ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Lo que urge es un movimiento nacional que tenga el valor de realizar un paro nacional (económico) para forzar la renuncia de Calderón y de toda la escoria ladrona. Y entonces aspirar a reconstruir a México, que está en ruinas. La opción electoral de atole con el dedo equivale a comportarse como un avestruz y meter la cabeza en un hoyo para no ver la realidad.

 

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Es indignante lo señalado en el reportaje “Contratistas del gobierno deben 344 millones de pesos en multas”. Qué coraje. Ellos se roban millones de pesos de los pueblos de Jalisco. Mientras, hasta el bolero y el que vende chicles son obligados a pagar impuestos.

 

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Estoy de acuerdo con el artículo “Teletón, un fraude”. Pero es necesario decir que mientras no tengamos una reforma fiscal y laboral todos estos empresarios nos seguirán dando atole con el dedo. En las tiendas departamentales y de ventas al menudeo casi te exigen que dejes 50 centavos del “redondeo” para su fundación. En los cajeros de los bancos, también te piden dinero. Y al trabajador le descuentan impuestos por su trabajo.

 

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Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Juan José Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas: señores gobernantes, las constantes acciones en detrimento de los derechos humanos de la población en México y, de manera particular, de Chiapas nos obligan a señalarles en esta carta nuestra preocupación y rechazo a que continúen con las tendencias observadas como política de sus gobiernos. Entre las más recurrentes, señalamos: omisión a múltiples denuncias y solicitudes de intervención hechas de su conocimiento; permitir el rompimiento del tejido comunitario y social con la polarización de los conflictos; generar condiciones de emergencia alimentaria y sanitaria en comunidades que viven bajo asedio; administrar jurídica y políticamente violaciones flagrantes a derechos humanos de poblaciones indígenas en Chiapas.

 

Como personas, colectivos, organizaciones y comunidades seguimos de cerca las acciones de defensa y ejercicio de derechos protagonizadas por distintos pueblos y comunidades originarias. En este proceso hemos visto la evolución de la guerra que, desde 1994 y bajo el cobijo de los tres niveles de gobierno, se implementa en Chiapas en contra de quienes han decidido poner en práctica los Acuerdos de San Andrés que fueron firmados y negados por el Estado desde 1996.

 

No han sido pocos, ni menores, los “compromisos” incumplidos por parte de los partidos políticos que han ocupado, en sus varias etapas, distintos niveles de gobierno. Sus acciones y omisiones han postergado concretar soluciones pacíficas al conflicto armado interno aún no resuelto en la entidad. Observamos la permanente instrumentación de estrategias contrainsurgentes que se develan en el hostigamiento, amenazas y ataques perpetrados por cuerpos policiacos, militares y paramilitares cuyas acciones han dejado una larga lista de agravios: detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos forzados y despojo territorial como “método” de control social. No está de más señalar que esto es resultado del nulo desarme y desactivación de los grupos civiles armados que operan, desde 1996, en distintas regiones de Chiapas.

 

Resulta de mayor preocupación comprobar que estas acciones son algunas que se recomiendan implementar a partir del documento Plan de campaña Chiapas 94 de la Secretaría de la Defensa Nacional, mismas que hoy continúan operando en contra de los pueblos y comunidades indígenas.

 

En los últimos dos años, de manera reiterada, las hostilidades en la entidad han aumentado; la actuación de grupos paramilitares, en complicidad con servidores públicos, han convertido el despojo de tierras recuperadas, propiedad de comunidades autónomas, en pago como botín de guerra.

 

Son múltiples las intervenciones que se han hecho de conocimiento al gobierno estatal para que se detengan las acciones que atentan contra distintos derechos (a la autodeterminación, vida e integridad personal, alimentación, territorio, educación, salud y paz de individuos, familias y comunidades de Chiapas). La respuesta de todos los niveles de gobierno ha sido el silencio y la omisión, lo que perpetua la violación a los derechos humanos y ahonda la estructural impunidad e injusticia de la cual hemos sido testigos en experiencias propias.

 

Por si esto fuera poco, el discurso oficial del gobierno chiapaneco ha convertido el respeto a los derechos humanos en slogan publicitario. Esto favorece la simulación que atenúa graves faltas en perjuicio de la población en general. El uso mediático del lenguaje no sólo ha costado cifras millonarias que salen del erario estatal, por cierto cada vez más endeudado, el costo más alto es el de cientos de vidas y comunidades condenadas al olvido, la marginación e injusticia estructurales en que ha estado sumido Chiapas desde tiempos inmemoriales.

 

Hoy, sobra enumerar los pactos, tratados y convenios que sus gobiernos han firmado y ratificado sobre el estrado que distintos organismos de derechos humanos les han confiado. Hoy, y siempre, dejamos constancia de la fragilidad en que están colocando las débiles condiciones de “paz” en medio de este contexto de guerra.

 

Finalmente advertimos que, bajo este escenario, las comunidades autónomas en resistencia –cuyas poblaciones lo constituyen civiles bases de apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional– son quienes están en el foco de una posible confrontación y, por ende, reactivación de hostilidades como las que guardamos en la memoria colectiva del México agraviado.

 

Atentamente

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC; Movimiento por Justicia del Barrio; La Otra Campaña Nueva York; Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, AC; comunidad indígena purépecha de Cherán, Michoacán; Global Justice Ecology Project; Organisation or Collective, Country; Mary Ann Tenuto; Comité de Apoyo a Chiapas/Chiapas Support Committee, EU/US; Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire de La Otra Campaña; Centro de Derechos Indígenas, AC; y 382 firmas más.

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Como reacción inmediata a la audaz y valiente acción realizada por cerca de 200 comuneros chimalapas, encabezados por el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa (consistente en la “toma” pacífica del núcleo agrario de origen chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz) se ha incrementado en forma severa el cerco de hostigamiento y amenazas en contra de los comuneros chimalapas de las congregaciones de San Antonio y Benito Juaréz, por parte de la policía chiapaneca y de elementos del Ejército Mexicano asentados en la zona.

 

Durante la “toma” pacífica del núcleo agrario,los chimas reiteraron directa y públicamente –a través de un aparato de sonido– a sus hermanos indígenas y campesinos chiapanecos –asentados ilegalmente en territorio comunal– su ofrecimiento de no desalojo y, en cambio, su incorporación y reconocimiento como comuneros, a cambio de que reconozcan a los bienes comunales de las comunidades olmeca-zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa. Ahí remarcaron, además, que ello no implica arrebatar un sólo centímetro a Chiapas, pues el litigio interestatal con Oaxaca no tiene nada que ver con la ancestral tenencia comunal de la tierra –y debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación– de parte de los ilegítimos intereses económicos y políticos que han lucrado y pretenden seguir haciéndolo con la depredación y privatización de los bienes naturales comunes de la región más biodiversa de México y Mesoamérica.

 

El 2 de noviembre fue bloqueado el camino vecinal que comunica la zona Oriente Chimalapa, desde el poblado de origen chiapaneco Rodulfo Figueroa hasta el poblado oaxaqueño de Pascual Fuentes (El Jícaro), ubicado sobre la carretera panamericana. Una señal que nos indica una posible acción de represión oficial o de provocaciones que podrían desembocar en un enfrentamiento violento. Ese mismo día, por la tarde, en un helicóptero del gobierno de Chiapas fueron sacados de la región los líderes campesinos del núcleo agrario Díaz Ordaz, contrarios a toda conciliación directa con los chimalapas. Esos líderes son defensores a ultranza del saqueo de madera que llevan a cabo empresas contratistas, encabezados por Emilio Hernández, presidente del Comisariado Ejidal y, sobre todo, Efrén “N”, ejidatario y documentador [sic] de madera, empleado del contratista.

 

Ante todo esto, como Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, exigimos:

 

1. El cese inmediato de todo acto de provocación de parte de los ilegítimos y depredadores intereses madereros, ganaderos y de falsos propietarios privados, que –con apoyo y cobertura de funcionarios y políticos corruptos– han lucrado con el saqueo de bienes naturales del territorio comunal chimalapa, al usar como verdaderos “escudos humanos” a núcleos agrarios y a familias indígenas y campesinos pobres, de origen chiapaneco, para enfrentarlos con las comunidades chimalapas.

 

2. Cese de todo acto de hostigamiento y amenazas ejercido sobre los comuneros chimalapas, en particular, sobre las congregaciones comunales de San Antonio y Benito Juárez, de parte de elementos policiacos o del Ejército.

 

3. Intervención inmediata, directa y de diálogo, desde el más alto nivel de la Secretaría de Gobernación, para detener cualquier acto de provocación o intento de represión oficial y garantizar la paz social.

 

4. Que el gobierno federal deje a un lado su pretensión de que las asambleas de Santa María y San Miguel Chimalapa acepten vender y desmembrar su ancestral territorio. Por el contrario, que retome, respete y haga valer los acuerdos de solución agraria definitiva para los chimalapas, asentados en las minutas de acuerdos del 20 de diciembre de 1993 y 25 de julio de 1995, en los que se asume y se firma, por parte de los gobiernos federal, de Chiapas y de Oaxaca, el ofrecimiento de las comunidades chimalapas a aceptar como comuneros a los integrantes de los núcleos agrarios de origen chiapaneco, cuya resolución presidencial de dotación ejidal sea posterior a las resoluciones presidenciales chimalapas. En el caso de aquellos que carezcan de dicha resolución, se pide que reconozcan el territorio y la autoridad comunal.

 

5. Que el gobierno federal y los de Oaxaca y Chiapas respeten los derechos a la tierra, al territorio y al resguardo y manejo de sus bienes naturales comunes del pueblo indígena zoque chimalapa y la ejemplar y sabia decisión de las asambleas comunales de Santa María y San Miguel de no vender la madre tierra y de no desmembrar el territorio más biodiverso de México y Mesoamérica, pues ello lo condenaría a su total depredación.

 

6. La cancelación inmediata de todos los permisos de explotación forestal, otorgados irresponsablemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a núcleos agrarios y predios autodenominados privados, todos éstos de origen chiapaneco, ubicados ilegalmente en territorio comunal, y cuyo ejercicio sólo beneficia a empresas contratistas y madereros privados.

 

7. Respeto y cumplimiento irrestricto –de parte de todas las instancias de los gobiernos federal, de Chiapas y de Oaxaca– de todos los instrumentos internacionales relativos a la protección y defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y de los derechos colectivos, suscritos y ratificados por el gobierno, y recientemente incorporados a estatus constitucional.

Hacemos además un urgente llamado a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a las no gubernamentales ecologistas y defensoras de derechos humanos, así como a medios de comunicación locales, nacionales e internacionales a estar alertas, a manifestar públicamente su apoyo a las comunidades zoques chimalapas y su repudio a cualquier acción de provocación o represión y a difundir por todos los medios a su alcance esta delicada situación.