Este centro de derechos humanos ha documentado violaciones graves a los derechos humanos –como la desaparición, secuestro, tortura, detención ilegal, violación sexual y desplazamiento interno– cometidas por funcionarios estatales e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en contra de varias familias tzeltales originarias del ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, e integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.

De acuerdo con la información recibida por el centro, Elías Sánchez Gómez (en adelante Elías) fue detenido el 7 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 9:00 horas, cuando se encontraba con su esposa María Esther Hernández Gómez y su hijo trabajando en su terreno. En la detención participaron dos policías estatales y 15 integrantes del PRI del ejido Busiljá, quienes lo golpearon de manera reiterativa en la parte abdominal del cuerpo; al mismo tiempo, tres personas se llevaron a su esposa, entre ellas Herlindo López Pérez, del ejido Cintalapa, Ocosingo. En su testimonio, Elías refiere que en el momento de la detención escuchó a su esposa que gritaba por las agresiones de los perpetradores, quienes la amenazaban con violarla sexualmente.

Elías manifiesta que después lo llevaron a una montaña en donde lo siguieron golpeando. Luego lo trasladaron a la carretera que va a Palenque, en donde se encontraba más gente de Busiljá. Lo siguieron golpeando, lo subieron a una camioneta de la policía de Chiapas. Y refiere que: “Cuando llegué a la carretera había más gente. Ahí me dijeron: ‘todos van a ir a la cárcel’. Les decía ?¿por qué me hacen esto, si sólo estoy trabajando? Ésta no es tu tierra, no te quiere la comunidad’, me dijeron, y me taparon la boca. Luego me subieron a la camioneta y tres personas de nombre Herlindo, del ejido Cintalapa; Juan Morales, agente auxiliar de Busiljá, y Domingo, comisariado ejidal de Busiljá se sentaron en mi espalda’”.

Después fue llevado a dos lugares distintos en Palenque; uno de los que pudo identificar fue el Ministerio Público, donde le quisieron tomar su declaración; al negarse, fue golpeado con puños y patadas: “En el Ministerio Público de Palenque hay un cuartito; ahí me llevaron y me golpearon en las costillas, y querían que dijera dónde estaba mi papá. Esto, mientras el Ministerio Público hacía los documentos. Los que me golpearon estaban vestidos de civil y estaban los tres de Busiljá que se vinieron en la camioneta encima de mí. Fueron los policías los que me golpearon. Me empezaron a dar patadas, mientras me preguntaban ‘¿dónde está tu papá?’. Me sacaron y no di declaración”.

Ante la negativa de dar su declaración, desde el 7 de diciembre de 2011 fue trasladado al Centro de Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 17, Playas de Catazajá, donde se encuentra actualmente recluido en condiciones de hostigamiento y sometimiento a tratos crueles e inhumanos por parte de “los precisos”, que mantienen un estado de “control” al interior de los penales en complicidad con las autoridades penitenciarias.

Este centro de derechos humanos ha documentado que la esposa de Elías, durante el evento del 7 de diciembre de 2011, fue llevada por Herlindo López Pérez, Domingo López Hernández y otra persona a un lugar apartado y ahí la violaron sexualmente. Ella refiere que seis meses antes fue víctima de hostigamiento por parte de los integrantes del PRI de Busiljá, quienes le decían de “cosas” y le cerraban el camino.

En esa misma fecha, una familiar de Elías fue violada sexualmente y agredida cuando pretendía auxiliar a la esposa de éste, por tres sujetos a quienes identificó plenamente como Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Sánchez y Juan Sánchez Morales. Durante la agresión, Manuel le decía “no llores porque te lo mereces, eres mujer”, y Benjamín: “Háganlo tan fuerte que así lo merece, porque no deja la parcela”.

En esa misma fecha, integrantes del PRI –acompañados por cinco elementos de la policía estatal– allanaron las casas de Elías Sánchez Gómez (padre), Elías Sánchez Gómez (hijo), José Sánchez Gómez, Fausto Sánchez Gómez y Felipe Sánchez Gómez.

En otro evento relacionado, el 17 de julio de 2011, a la 01:00 horas, en el ejido Busiljá, Ocosingo, Domingo Gutiérrez Hernández, Herlindo López Pérez, Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Pérez Vázquez, Lorenzo Pérez Gutiérrez y Juan Sánchez Morales, quienes iban acompañados por 15 elementos de la Policía Estatal Preventiva, irrumpieron en el domicilio de Elena Morales Gutiérrez. Se llevaron a su hija Gabriela Sánchez Morales, de ocho años de edad. Por lo anterior se presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Ocosingo. Éste, hasta el momento no ha hecho nada para ubicar el paradero de la niña y devolverla a su familia.

El 7 de diciembre, Elena Morales Gutiérrez vio a su hija en el domicilio de Benjamín Gómez Sánchez, donde la tienen con vigilancia y con el apoyo de la policía a las orillas del ejido de Busiljá, a 20 minutos de su casa. Avisado El Ministerio Público de Ocosingo, éste hizo caso omiso “invitando” a los familiares para que ellos fueran a rescatar de manera personal su hija: “Mejor vayan con mi jefe porque nosotros no sabemos nada, y si ustedes saben en dónde está la niña vayan a quitársela porque nosotros no tenemos autorización”.

En otro evento, Pablo Sánchez Gutiérrez, joven de 15 años de edad, desapareció el 4 de octubre de 2011, en el barrio Las Lomitas, Ocosingo, cuando iba a comprar tortillas. Pablo es también familiar de Elías y su desaparición, de acuerdo con testimonios, se da en el marco del hostigamiento y las amenazas a sus familiares.

En los eventos citados, las víctimas han identificado la participación de por lo menos nueve personas originarias del ejido Busiljá y a tres del ejido Cintalapa: Herlindo López Pérez, Manuel Pérez Vázquez, Domingo Gutiérrez Hernández, Benjamín Gómez Sánchez, Floriberto Gómez Moreno, Manuel Sánchez Morales, Mario Sánchez Gómez, Miguel Gómez Pérez, Alonso Gómez Pérez, además de por lo menos cinco elementos de la policía estatal y un ministerio público.

Por tal razón exigimos al Estado, en específico al gobierno estatal y a la Procuraduría de Justicia de Chiapas:

Investigar de forma urgente los hechos denunciados por los integrantes de La Otra Campaña del ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, y de manera inmediata garantice la integridad personal de la niña Gabriela Sánchez Morales, hija de Elena Morales Gutiérrez.

Investigar y sancionar la participación de los integrantes del PRI del ejido de Busiljá, en complicidad con la policía estatal de Chiapas, en los eventos denunciados.

Castigo a los responsables de las amenazas, hostigamiento, detención ilegal, tortura, violación sexual y desplazamiento forzado efectuados en contra de las familias integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.

Aplicar de manera urgente las medidas que garanticen y protejan la vida e integridad personal de las siete familias que se encuentran desplazadas del ejido Busiljá.

Propiciar las condiciones necesarias y adecuadas para el retorno de las familias que se encuentran actualmente desplazadas, en plantón permanente, en el zócalo de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

La liberación de Elías Sánchez Gómez (hijo), quien se encuentra injustamente detenido en el CERRS número 17, de Playas de Catazajá; en tanto, se garantice y proteja la integridad y seguridad personal, se brinde trato digno y humano a la persona recluida.

De acuerdo con lo aquí denunciado, este centro de derechos humanos considera que la situación urgente en el ejido Busiljá implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogable que, además, están protegidos por los instrumentos internacionales, como son el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, protección judicial y debido proceso; así como a la observancia de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno, que definen los derechos y garantías ante el desplazamiento forzado, por lo que se está violentando el respeto y asistencia para la vigencia de los derechos a la libertad de tránsito y de residencia; conocimiento de destino y paradero de familiares; intimidad, privacidad y vida familiar; goce y ejercicio de personalidad jurídica; propiedad e integridad de los bienes entre otros.

Este centro de derechos humanos ha documentado la situación en la región donde se encontraba la familia de Elías Sánchez Gómez, hoy privado arbitrariamente de la libertad. Sus familiares han sido objeto de desplazamientos forzados desde 1997, 2001 y 2006 por un grupo de integrantes del PRI vinculados a la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, que han actuado bajo el cobijo de la policía estatal de Chiapas y demás funcionarios estatales que tienen interés en el territorio de los pueblos indígenas, situaciones que este centro ha denunciado sin que se hayan resarcido sus derechos.

Saludos a quienes hacen la revista Contralínea. Soy profesor con 22 años de servicio en el Estado de México. Resulta indignante conocer la realidad educativa de nuestro país, pero qué buenos reportajes publican. Felicitaciones por abrir la mente a la sociedad. Apoyo al ciento por ciento a las Normales Rurales. ¡Adelante, compañeros!

Es indignante lo que sucede en Petróleos Mexicanos (Pemex) y que Contralínea documenta en sus páginas. Por lo que podemos apreciar, casi todos los directivos de esa paraestatal son corruptos. Lo único que les interesa es llenarse los bolsillos de dólares, al utilizar intermediarios que les dan muy buenas mochadas y prefieren muchas de las veces rentar barcos que comprarlos, porque si Pemex comprara los suyos se les acabaría el negocio.

____________________________________________________________

En una sentencia sin precedentes, familiares de Bonfilio Rubio Villegas –indígena nahua que en 2009 fue privado arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército Mexicano– obtuvieron el amparo de la justicia federal en un juicio donde impugnaron la extensión del fuero militar sobre la investigación y el juzgamiento de dicho homicidio.

La sentencia tiene sus antecedentes en la privación de la vida de Rubio Villegas, originario de la comunidad de Tlatzala, Guerrero. Los hechos ocurrieron el 20 de junio de 2009, cuando viajaba hacia el Distrito Federal en un autobús de la línea Sur junto con más de 40 pasajeros, y fue asesinado por soldados del 93 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano que integraban un retén ubicado cerca de la ciudad de Huamuxtitlán, Guerrero. Desde ese punto, los castrenses abrieron fuego indiscriminadamente contra el autobús, luego de que el conductor reemprendiera su marcha tras ser revisada su unidad por los soldados.

Tras los hechos, fueron iniciadas averiguaciones previas tanto en el fuero civil como en el fuero castrense. No obstante, a la postre se impusieron las instituciones militares de procuración de justicia. Al quedar legalmente enterados de que éstas habían atraído la investigación, los familiares de Bonfilio Rubio Villegas presentaron una demanda de amparo el 22 de junio de 2011, en la que impugnaron tanto la declinación de competencia por parte de las instancias civiles como la asunción de competencia por parte de las castrenses, señalando que ambas se habían realizado mediante la aplicación de una norma contraria a la Constitución y a los tratados internacionales ratificados por México: el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

La demanda dio inicio al juicio de amparo 818/2011, inicialmente radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Con posterioridad, el juicio pasó al Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en Cholula, Puebla, bajo el número 614/2011. Fue en el curso del mismo que los familiares de Rubio Villegas pudieron tener por primera vez acceso pleno al expediente. Así supieron que aunque varios elementos participaron en los hechos, sólo un militar estaba siendo juzgado por el delito de violencia contra las personas causando homicidio, y que éste, beneficiándose de una investigación deficiente y parcial, había conseguido a través de su defensa la reclasificación del delito como mero homicidio culposo. También constataron que, infructuosamente, los militares habían intentado diluir su responsabilidad introduciendo en el lugar de los hechos elementos ajenos al mismo, para desvirtuar la evidencia y estigmatizar a la víctima.

El Juzgado Sexto de Distrito emitió su sentencia el 2 de diciembre de 2011, misma que se hizo del conocimiento de las partes el día 9 de ese mes. En su fallo, el juez Carlos Alfredo Soto Morales determinó, entre otros aspectos, que las víctimas y los ofendidos del delito tienen legitimidad para acudir al juicio de amparo ante la aplicación del fuero militar; que el artículo 57 del Código de Justicia Militar desborda los límites impuestos por el artículo 13 constitucional; y que la extensión del fuero militar a casos que involucran a civiles es contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo ésta vinculatoria para los tribunales mexicanos.

A partir de estos razonamientos, el juzgador resolvió que: “[…] El juez Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar, a efecto de resarcir a los agraviados en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, deberá emitir un auto en el que, siguiendo los razonamientos expuestos en el presente fallo, se declare incompetente para seguir conociendo de la causa penal […]. La declaratoria de incompetencia deberá de hacerse a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con competencia territorial en el lugar donde sucedieron los hechos, pues se trata de una autoridad de naturaleza civil (no militar), facultada para conocer de delitos cometidos por servidores públicos federales […]”.

La sentencia dictada constituye un hito sin precedentes en la lucha contra la impunidad castrense, pues por primera vez civiles agraviados por la ilegal extensión del fuero militar han sido beneficiados con el amparo de la justicia federal. En esa medida, la lucha que han sostenido los familiares de Bonfilio Rubio Villegas cristaliza los esfuerzos que antes protagonizaron otras víctimas, como Rosendo Radilla Pacheco y sus familiares, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Reynalda Morales Rodríguez.

La privación arbitraria de la vida de Bonfilio Rubio Villegas muestra de manera paradigmática el desproporcionado uso de la fuerza letal que, cada vez con mayor frecuencia, se hace patente en la interacción del Ejército con los civiles. Asimismo, pone de relieve la tendencia a encubrir las violaciones a derechos humanos cometidas por militares mediante la manipulación de la evidencia y la estigmatización de las víctimas, generada sistemáticamente por el propio Ejército. Pero, del mismo modo, la lucha emprendida por la familia Rubio es también ejemplo de los esfuerzos que muchas víctimas impulsan para vencer la violencia institucional castrense.

La relevancia de su triunfo legal radica también en que es el primer referente exitoso respecto de la posibilidad de impugnar la extensión del fuero militar mediante el juicio de amparo, por lo que sin duda la sentencia que les ampara guiará la acciones de defensa que muchas víctimas deberán emprender en tanto no sea reformado el Código de Justicia Militar para excluir del conocimiento de dicho fuero todos los delitos que constituyan violaciones a derechos humanos en agravio de civiles, y no sólo algunas de ellas. Por ello, es de esperarse que el compromiso asumido públicamente por el presidente [Felipe] Calderón en el marco de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en específico cuando instruyó que casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas por instancias civiles, se traduzca en que el fallo no sea recurrido por las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional. De lo contrario, sería exhibida la insuficiencia de ese compromiso ante la creciente ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

La búsqueda de justicia no ha concluido para los familiares de Bonfilio Rubio Villegas: el juez federal del ámbito civil que conozca el caso deberá instruir con diligencia el proceso en Chilpancingo, a efecto de que los militares responsables sean sancionados y que sus conductas sean reprochadas conforme a derecho y atendiendo el grave daño que causaron. En ese tenor, tratándose de una situación inédita, el seguimiento de la opinión pública de este proceso resulta fundamental.

En Chiapas, más allá de los discursos y la propaganda gubernamental, continúa una estrategia de despojo de las tierras y territorios de los pueblos indígenas y la violación cotidiana y permanente de los derechos humanos. Es la Procuraduría Agraria la que opera de manera ilegal y con engaños este despojo, además de generar división y rompimiento del tejido comunitario.

Ante las violaciones de los derechos agrarios de los comuneros de Jolsibaquil, el Comité Digna Ochoa junto con los afectados hemos desarrollado una estrategia para la defensa de las tierras comunales (con una campaña de información sobre la ley agraria y el programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar, FANAR, en las comunidades de la zona Norte; un espacio de mujeres comuneras; reuniones con comuneros y comuneras para  analizar la actuación ilegal y los engaños de la Procuraduría, y la ruta legal para detener el despojo de las tierras comunales).

Como parte de estas acciones, el 3 de enero de 2012 se realizó una asamblea con comuneros básicos de los Bienes Comunales de Jolsibaquil y sus anexos Jolpoquitioc, Yocpoquitioc, Monterrey 1ª Sección, Monterrey 2ª Sección, Los Héroes y Los Ángeles, así como hijos de comuneros y avecindados procedentes de las mismas localidades, para analizar la aplicación del FANAR –antes PROCEDE-PROCECOM– y acordar su rechazo definitivo.

Ahí se supo que las autoridades internas de los Bienes Comunales de Jolsibaquil no convocaron a ninguna asamblea para que los comuneros tomaran la decisión de aceptar o rechazar el FANAR, como lo marca la ley vigente. Y que la información que han dado sobre el FANAR el visitador agrario Julio César Cruz Alfaro, de la Procuraduría Agraria, y David Torres Zetina, residente agrario con sede en la ciudad de Palenque, ha sido totalmente errónea, llena de mentiras, dolo, amenazas y condicionamientos ilegales para obligar forzadamente a los comuneros a aceptar dicho programa. Por ejemplo, que nuestros documentos agrarios que poseemos desde hace años ya no serán legalmente válidos, que sólo valdrá el certificado del programa FANAR; que solamente con ese certificado podremos heredarle la tierra a nuestros hijos; que ahora es gratuito entrar al programa, pero que después será muy costoso y obligatorio aceptarlo; que si no aceptamos, ya no podremos recibir apoyos, como el Procampo y Oportunidades, ni se podrán hacer obras de infraestructura en nuestras comunidades, además de perder los derechos como comuneros.

Por esto, la asamblea acordó: 1) rechazar todos los trámites y trabajos realizados para la aplicación del FANAR en nuestros Bienes Comunales de Jolsibaquil y sus anexos, por contravenir lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Agraria y los artículos 8, 9 y 10 de su reglamento en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares; 2) impedir la entrada a Jolsibaquil y sus anexos al personal de la Procuraduría Agraria y de empresas privadas e instituciones de gobierno que tengan como objeto el trabajo sobre el FANAR; 3) iniciar el proceso jurídico penal en contra del visitador agrario de Yajalón; del presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Nicolás Álvarez Jiménez; del presidente del Consejo de Vigilancia, Pablo López Jiménez; y de los representantes del Comisariado de Bienes Comunales de algunos anexos que obligan a los comuneros a aceptar el FANAR, por violar las leyes agrarias vigentes y el Código Penal, por falsificar documentos y firmas, abusar de sus cargos y tomar decisiones que afectan nuestras comunidades.

Señalamos que una comisión de comuneros entregará el acta de asamblea en las delegaciones del Registro Agrario Nacional, la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria, así como a distintas instancias del gobierno estatal, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en alcance de la queja presentada el 29 de noviembre de 2011 en contra de autoridades de la Procuraduría.

Manifestamos que este Comité de Derechos Humanos ha trabajado junto con comuneros choles de Jolsibaquil para integrar a las mujeres y tomar en cuenta su palabra en esta lucha por la defensa de su tierra, así como para que se respeten sus derechos, instaurando para ello una mesa directiva integrada por Victoria Gómez Sánchez (presidenta), Concepción Parcero Álvarez (secretaria), Josefa Parcero Encino (tesorera), Hilda Álvarez Pérez (vocal), Amelia Gutiérrez Gómez (vocal). Ellas denuncian que existen amenazas de integrantes del Partido Verde Ecologista de México de darles de baja del programa Oportunidades  por apoyar la defensa de su tierra y territorio y rechazar la imposición del FANAR.

Por esto, exigimos a la Procuraduría Agraria que se conduzca dentro del marco de la ley agraria vigente y cese su estrategia de despojo en las tierras comunales de Jolsibaquil, municipio de Tila. También los responsabilizamos del clima de confrontación en las comunidades de la zona Norte de Chiapas, particularmente en los Bienes Comunales de Jolsibaquil.

¡Por la defensa de los derechos humanos de nuestro pueblo! [carta resumida]

____________________________________________________________

Compañeros y compañeras: es un honor para nosotros poderlos invitar a un evento que conmemora un año de lucha de la gente digna y honesta de Azcapotzalco que –resistiendo represiones, acosos, difamaciones– ha logrado, a base de organización y constancia, echar atrás las imposiciones y los abusos contra el pueblo, que buscaban destruir el patrimonio, pero sobre todo la cultura y tejido social de las comunidades.

Por ello es que toda la Alianza del Valle de los distintos municipios conurbados suscribimos la invitación de nuestros compañeros del Colectivo Chintololo (delegación Azcapotzalco, Distrito Federal, México) para que, con eventos culturales, foros y diversas actividades se insista abiertamente que el pueblo sigue en pie de lucha, manteniendo la organización y tratando de fortalecerla, tanto cuantitativa como cualitativamente.

Nos vemos el 14 de enero de 2012 [12:00 horas, explanada del deportivo Azcapotzalco-Reynosa, Eje 5 Norte y Av. Ferrocarriles Nacionales, colonia San Martín], porque después de un año el pueblo sigue luchando.