Nada combatieron con tanto odio los nazis (tras su expansión como fascismo, por la irrupción ideológica y militar de la otra cara de Hitler: Mussolini) hasta su exterminio, como las libertades de expresión vigentes como fines democráticos y republicanos.
Desde entonces, las primeras decisiones de los gobernantes, incluso con aparentes escenarios democráticos y hasta sometidos a procesos electorales y a resultados de las urnas, así sean manipulados, en cuanto toman posesión, casi siempre enmascaradas con discursos favorables a las libertades de prensa, son para tratar de controlar a los medios de comunicación (predominantemente con pagos millonarios en compra de espacios, dispensa del cobro de impuestos a radio y televisión y sobornos directos a sus más connotados locutores disfrazados de comentaristas y analistas).
A la prensa escrita la doman con otorgarle publicidad oficial, y si no logran su objetivo nazi-fascista, entonces, como Calderón y su director de comunicación Max (Maximiliano) Cortázar, emprenden la persecución ante la indiferencia de la Procuraduría General de la República (PGR) por las denuncias de los periodistas, anotándolos en “la lista negra” para negarles publicidad e información.
La subcultura calderonista con sus voceros-cómplices –los timbiriches de las secretarías de Salud, Trabajo, Hacienda, Desarrollo Social, Economía, Gobernación, Energía, Comunicaciones, Educación, Defensa, Marina, Relaciones Exteriores, de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y un cuantitativamente largo etcétera– han arremetido contra las revistas Proceso y Contralínea. Y lo han hecho con la furia característica de una pandilla de delincuentes armados tras el saqueo al arsenal de la subcultura nazi-fascista, para con su manu militari controlar, no a las otras delincuencias, sino aterrorizar a la sociedad civil, cuyo máximo ejemplo es Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde hasta la prostitución impera al lado de los matones para satisfacer las demandas soldadescas y de las policías de Genaro García Luna. Es el auténtico poder tras el trono calderonista.
A nadie más odian con tanta ferocidad los calderonistas y cortazistas que a la prensa escrita, porque, a pesar de las novedades tecnológicas (internet, videos, etcétera), sigue siendo el medio testimonial que más penetra y permanece en la opinión pública.
Cuando periódicos y revistas que logran circular por todo el país informan verazmente y ejercen la crítica como contrapoder, son objeto de toda clase de censuras e inquisiciones administrativas y judiciales, echándoles a sus perros de la iniciativa privada, para hacer la pinza contra quienes insisten en ejercer al máximo las libertades constitucionales, duramente conquistadas desde la Independencia y reconquistadas en la Revolución (Elba Chávez Lomelí, Lo público y lo privado en los impresos decimonónicos. Libertad de imprenta: 1810-1882; y, El Poder Judicial de la Federación y los medios de comunicación, sentencias: 1836-2001).
Esa subcultura calderonista nazi-fascista es característica de la “redefinición nazi de la vida política” (George L Mosse, La cultura nazi), de donde sacaron, con el tirabuzón panista, lo de “vivir mejor” y cuya concepción es una calca de la derecha patrimonialista, cuyos principios de organización son los más comunes en la historia (antirrepublicana y antidemocrática) e incluso de nuestros días.
En ella no existe una clara “diferenciación entre la amistad privada y la responsabilidad pública, tal y como se manifiesta (en los regímenes derechistas) de la corrupción y el nepotismo” (Enrique Serrano Gómez, Filosofía del conflicto político, edición: UAM-Miguel Ángel Porrúa).
Todo esto lo canalizan para perseguir las libertades de expresión, crítica e información por todos los medios. Y nada como inscribir a revistas y periódicos en la “lista negra” de Calderón-Cortázar y sus Niño de Rivera, Avilés, Castro, Isaac Muñoz, Vergara Ibarra, Brand de Lara, Cárdenas Ceja, Escalante Lona, Arias Pérez, Sifuentes Martínez, López Atienzo, Caso Niebla, Alcudia Goya, Olmos Tomasini, Francisco Gaona, Morales Aguilar, Ramírez Fuente, Conde Fartuk, Tirado Rasso, Brenda Morales Álvarez, Castañeda Soto… y los recién llegados a Petróleos Mexicanos y la PGR aprobados por Max Cortázar… y el visto bueno de Calderón.
La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 57/2009 documenta cómo las “80” demandas de una empresa privada para impugnar la información veraz que publicó Contralínea, como el contratismo entre funcionarios públicos y Pemex, son muestra del acoso judicial tipificado como inquisiciones judiciales (prohibidas y sancionadas por la Constitución) para impulsar la censura con la mira de que la corrupción y el abuso del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de varias entidades y del Distrito Federal se alcen sobre las libertades de prensa, como las implantó la autocracia nazi y el despotismo fascista. Así, impedir que los medios de comunicación publiquen información de quienes se escudan en empresas privadas para operar con empresas públicas. La Presidencia de la República, jueces y magistrados de los poderes judiciales, como los del estado de Jalisco, y del Distrito Federal, arbitrariamente violaron el orden jurídico-político democrático y republicano nacional, varias disposiciones internacionales y artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La recomendación 57/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fundamentó en la legalidad vigente del Estado mexicano, en cuanto estructura de medios jurídicos y fines políticos, y, en la legalidad internacional, para exhibir como abuso del poder presidencial y judicial estatal y del Distrito Federal, el infame acoso contra las investigaciones periodísticas, veraz y documentalmente apoyadas, donde se revelaron probables actos y omisiones de corrupción en Pemex y la Secretaría de Energía, cuando en ellas eran funcionarios Mouriño, Nava y Calderón.
Asimismo, puntualiza irregularidades de las demandas de Multigas, SA de CV, del prepotente gasero Zaragoza López, quien logra que magistrados y jueces acosen con inquisiciones judiciales a Contralínea con un objetivo: acabar con la revista por medio de llevarla a la quiebra, negándole publicidad oficial, con 80 demandas en todos los juzgados de varias jurisdicciones de la federación y con agresiones, encarcelamientos y presiones de toda índole. Nazismo y fascismo, ideologías afines a la derechización del Partido Acción Nacional y el calderonismo, usaron las inquisiciones judiciales y la publicidad oficial “como método de premio o castigo” contra la prensa escrita. Y el odio de Calderón y Cortázar, con sus alfiles en las dependencias, están en ese abuso que la recomendación exhibe como abusos de poder.
