La actual doble función del presidente de la República (si hemos de mantener a esta la democracia representativa, con la separación de poderes y poner a salvo al Estado federal ante el creciente centralismo que apunta al Estado unitario) acelera el autoritarismo y el aumento de la ingobernabilidad por la falta de gobiernos de coalición; entonces se hace tarde para una reforma política que separe al jefe de Estado y al jefe de gobierno, para implantar (con palabras de Giovanni Sartori) una nueva ingeniería constitucional para darle curso a la moderna gobernabilidad que, a su vez, atienda los planteamientos y demandas de la democracia directa por medio de las consultas populares que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha prohibido, no obstante que son derechos humanos, porque, también, necesitamos crear el tribunal constitucional quitándole a esa Corte facultades que ha estado pervirtiendo por sus intereses creados con esa Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, para hacer más autoritaria esa Presidencia generando más ingobernabilidad.
Partir en dos a la Presidencia de la República es un imperativo de la política si hemos de “resolver con más democracia [representativa y directa], los problemas de la democracia”, capturada no por un Estado de partidos, sino por partidos facciosos que se han apoderado del Congreso, donde las dos cámaras se han convertido en un botín del Poder Legislativo, en lugar de ser órganos colegiados para discutir las leyes reglamentarias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Partidos facciosos que, con el Poder Judicial y el poder presidencial no están gobernando en beneficio del pueblo, sino de sus intereses elitistas donde pescan los poderes económicos de la oligarquía apoyados por los poderes fácticos de comunicación cuasi monopólicos (Televisa y Tv Azteca con sus cadenas de radiodifusión, más el poder de los multimillonarios que han impuesto gobiernos presidenciales plutocráticos). No bastan las elecciones, a las que no hemos podido librar de pruebas contundentes de fraudes en complicidad con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el otrora Instituto Federal Electoral e incluso la Corte, y que les han restado legitimidad.
Y ya no hay tiempo para seguir posponiendo la separación de los siameses. Ya no puede ni debe haber un presidente con poderes absolutos. Al tener dos cabezas (el águila bicéfala austriaca), necesitamos un jefe de Estado y un jefe de gobierno, éste corresponsable también ante un Congreso con dos cámaras, en tránsito a ser un parlamento, donde las minorías cuenten. Basta asomarse a estudios y experiencias de esa gobernabilidad, como los de Harold Zink en Los sistemas contemporáneos de gobierno (Limusa-Wiley); y estudiar la obra de Giovanni Sartori, principalmente la Teoría de la democracia; o los textos innovadores de Juan J Linz; así como a Norberto Bobbio y sus ensayos sobre parlamentarismo, presidencia semiparlamentaria y la renovación cooperativa entre las democracias representativas y directas con su amarre de los derechos humanos.
Nuestro país debe dar el paso a todas esas soluciones para permitir el acceso a políticos profesionales y no aprendices y diletantes, que han de salir de ese estira y afloja parlamentario con división de poderes, federalismo y descentralización, creando gobernantes que rindan cuentas y razón de sus decisiones. No más hechos consumados o nada que no sea reversible, cuando necesitadas las consultas no se lleven a cabo, como es el caso, por una Corte antidemocrática que atice el fuego del malestar, por denegación de justicia, impunidad y corrupción de todos los poderes divorciados de la realidad.
Es una reforma que no necesita más que ser estudiada, discutida y aprobada para constituir la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Están dadas las condiciones para rescatar la gobernabilidad de la actual concentración de poder en una Presidencia obsoleta, donde un individuo se convierte en monarca sexenal por encima de la Constitución y ha de permanecer necesariamente 6 años. Con un jefe de gobierno que sea, pues, corresponsable con el parlamento, para que estos y aquél puedan remover a los integrantes del gobierno-administración: la gobernabilidad está al máximo garantizada, y tiene válvulas de escape para soluciones sobre la marcha que no tiene el actual presidencialismo que, a veces, reúne en su titular a los tres poderes, anulando la separación de éstos. E impide la alianza o coalición en la jefatura de gobierno con las demás fuerzas políticas para la gobernabilidad. El presidencialismo ha impedido hasta la alternancia y cancelado la transición a más republicanismo y más democracia.
No hay más tiempo que perder. Una reforma constitucional cuanto antes y que los congresos de las 31 entidades se convenzan de aprobar para darle una salida a la actual y creciente ingobernabilidad que permita la separación de los siameses. Y conquistar una conducción del gobierno federal consecuente con la demanda semiparlamentaria, para el control del jefe de gobierno y sus coaliciones, el juego de mayoría y oposición que ejerza ese control. “El parlamentarismo de esa manera actúa, en consecuencia, como una válvula de escape de seguridad en los momentos de tensión e instrumento de composición de los conflictos […] y el ideal democrático que requiere una ciudadanía atenta a los desarrollos de la cosa pública, informada sobre los acontecimientos políticos y al corriente de las principales cuestiones” (Bobbio-Matteucci: “Parlamento”, en Diccionario de política).
Álvaro Cepeda Neri*
*Periodista
