El periodismo de investigación publica, sustentado en la veracidad y la información contrastada de gran calado, que funcionarios impugnan al pedir indemnizaciones por la vía de lo contencioso en materia civil. Y cuando los empresarios son pillados en actividades meritorias de ser cuestionadas periodísticamente para conocimiento de los lectores, entonces con sus poderosos despachos de abogados recurren al acoso judicial. Para, con procedimientos penales manipulados para sus intereses, obtener resoluciones que obliguen a los medios de comunicación a retractarse, e imponer, particularmente a la prensa escrita, la previa censura para que no vuelva a informar con relación al caso. Se trata de poner en marcha la inquisición judicial de esa censura.
Esos empresarios que exigen impunidad para que sus actividades no sean objeto de la información, han acosado judicialmente a la revista Contralínea, para que sus reporteros dejen de investigar, periodísticamente, cuanto hacen con sus empresas y quisieran ocultar, para vivir en el paraíso de los intocables. Con abuso de su poder económico, atacan brutalmente las libertades constitucionales y sus reglamentaciones para reducirlas, y que los periodistas que indagan el quehacer empresarial, los dejen en paz para estar al margen de la información y la crítica; al fin y al cabo que tienen a sus orquestadores que los entrevistan a modo y columnistas que, de forma gratuita o no, los ensalzan hasta convertirlos en damas de la caridad que no alteran sus transacciones.
Quieren que el mercado laboral, mercantil, financiero y sus negocios con empresas públicas se celebren en lo oscurito. Y abortar esos hechos es una de las tareas de la información, para ser exhibidos ante la opinión pública individual y colectiva de la nación. Sin ésta y toda la demás información, la democracia está mutilada. Las embestidas al semanario por empresarios de tal proceder obedecen a la concepción autocrática de quienes, no obstante de tener actividades públicas y de toma y daca con el sector gubernamental, empresas y órganos centralizados y descentralizados con su relativa autonomía, quisieran pasar desapercibidos. Pero no.
La prensa escrita y en particular la que busca información veraz, tierra adentro de lo que quieren ocultar funcionarios y empresarios, debe, cueste lo que cueste, de exhibir información, análisis, crítica y comentarios que ilustren a los lectores para que éstos, como ciudadanos, hagan de esa información su punto de partida para opinar y juzgar a gobernantes y protagonistas (empresarios, banqueros, patrones, etcétera) de la vida pública nacional. Contralínea ha ejercido plenamente las libertades de expresión y de publicar escritos, lo que ha provocado reacciones de censura a través de inquisiciones judiciales. No la han doblegado. Y mientras permanezca como un medio de comunicación, sostendrá a toda costa la constitucionalidad de su tarea periodística.
Nuestras son las palabras del tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson: “Es preferible periódicos sin gobierno”. Y, también, las de John Adams, segundo presidente de ese país: “No os sintáis intimidados, pues, por cualquiera amenazas que os impidan publicar con la mayor libertad todo aquello que autoricen las leyes de vuestro país; ni permitáis que se os despoje de vuestra libertad por cualquiera pretextos de cortesía, delicadeza o decencia, que son, únicamente, tres nombres diferentes de la hipocresía, la trapacería y la cobardía”.
Contralínea ha sufrido de los empresarios –que el periodismo de investigación ha puesto frente a la opinión pública– toda clase de inquisiciones judiciales para obligarla a desdecirse, cuando sus reportajes tienen el sustento de la veracidad y buscan siempre la versión de todos los involucrados para completar el cuadro informativo, aunque por lo general, éstos se niegan. Y es que “la libertad de prensa significa libertad para obtener noticias, escribirlas, publicarlas y hacerlas circular”, como resolvió una corte.
El que los funcionarios de los poderes del Estado y los dueños del poder económico insistan en cercar a los medios, sobre todo escritos, con sus demandas civiles y penales, no para dirimir un conflicto de puntos de vista, sino para tratar de censurar la información y solicitar que la prensa no se vuelva a ocupar de ciertos temas con el objeto de imponer una censura previa, significa que tratan de silenciar al periodismo que insiste en ventilar todo cuanto importa a la sociedad civil. Contralínea ha sido víctima de esos actos de acoso judicial por empresarios que quieren la impunidad informativa. Pero, la prensa democrática y republicana a ningún precio ha de abandonar su deber constitucional de informar cuanto sus reporteros investigan. Y publicarlo.
*Periodista
