Un factor común del narcotráfico y el calderonismo es que el segundo ha puesto gran parte de las condiciones para los más de 15 mil homicidios, que el primero aprovecha para llevar a cabo. Gran parte de los baños de sangre de civiles nada tienen que ver con la delincuencia; policías, soldados, al parecer, mucho o poco tienen que ver con la delincuencia organizada, con la más alarmante impunidad, abusos del poder policiaco-militar y una sospechosa insolencia de los capos de las drogas contra el Estado. Todos los días hay homicidios. Queda sin precisar cuándo son ajustes de cuentas entre los narcotraficantes y cuántos mueren a causa de los encuentros con los soldados y las policías.
Los periodistas también son parte de ese cuadro de homicidios e impunidad que amenaza la paz social, sometiendo a los mexicanos a una aterradora angustia, sin que los gobiernos de las entidades –mucho menos el federal que parece, con su indiferencia ante los hechos, que está conforme– investiguen esas miles de muertes.
En Casas Grandes, uno de los 67 municipios de Chihuahua en manos de la delincuencia (que viola la constitucionalidad del país) y los militares (que pisotea el artículo 29 constitucional), asesinaron vilmente a Norberto Miranda cuando estaba en la redacción del periódico (en línea) Radio visión. Era autor de la columna de crítica “Cotorreando con el Gallito”; insistía en informar sobre la creciente violencia e impunidad que prevalecen en el municipio y toda la entidad y, obviamente, tras no hacer caso de las amenazas, los sicarios lo ultimaron por la espalda.
La mayoría de los periodistas del país hace periodismo contra las embestidas de los gobiernos locales para mantener informada a la opinión pública, atreviéndose, sobre todo, a criticar las omisiones de la autoridad y sufriendo toda clase de agresiones. Y hasta los matan, sin que nada sepamos de averiguaciones que ni siquiera se inician, o cuando son atraídas por la Procuraduría General de la República (PGR), permanecen en los archivos. Ya se sabe que Medina Mora, el defenestrado de la PGR, se negaba a proceder contra los gobernadores de varias entidades y más cuando se trataba de las denuncias sobre homicidios de periodistas.
Ninguna instancia judicial ni la Suprema Corte hacen nada ante esos hechos. Las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sólo son testimonios. No queda más que recurrir a las organizaciones internacionales. Mientras tanto, crímenes como el de Norberto Miranda, el número nueve del calderonismo, son contabilizados por la impunidad.
De nada sirve protestar, manifestarse y reclamar, al menos, justicia penal contra los matones de periodistas y mexicanos. La violencia no tiene para cuando parar. A este paso, vamos a la completa militarización del país, a un silencioso y sangriento golpe de Estado; simultáneo al aumento de la violencia, el golpe de quienes disputan el control del poder, mientras narcotraficantes y gobernantes se asocian en la narcopolítica.
El homicidio de Norberto Miranda quedará en la impunidad como los demás. El calderonismo y los (des)gobernadores que odian a la prensa y bañan en sangre a los periodistas festejan la eliminación de quienes insisten, contra viento y marea, en ejercer sus derechos a la libre expresión. Miranda era uno de esos mexicanos.
