En la Península de Yucatán, donde se concentra una de las mayores pérdidas de abejas en el país, investigadores han identificado un patrón que se repite en 15 estados: la muerte masiva de colonias coincide con el uso intensivo de plaguicidas altamente peligrosos –entre ellos, el fipronil y los neonicotinoides–. Estos son empleados en zonas de monocultivo y siembra de semillas transgénicas. Esta crisis ya provocó la pérdida de casi 300 mil colonias entre 2013 y 2024

El uso intensivo de plaguicidas considerados como altamente peligrosos –entre los que destacan el fipronil y los neonicotinoides (tiametoxam e imidacloprid)– ha causado muerte masiva de abejas en el país. De 2013 a 2024, se perdieron 296 mil colmenas de apis mellifera en 15 estados, de acuerdo con un censo realizado por el doctor en ciencias en ecología y desarrollo sustentable e investigador de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Eric Vides Borrel.

Uno de esos eventos ocurrió en 2023, cuando familias de apicultores en Hopelchén, Campeche, encontraron sus apiarios devastados: las abejas yacían sin vida en el suelo. El panorama fue desolador. Tras ello, solicitaron ayuda a investigadores del Ecosur para determinar las causas detrás de la muerte masiva de las abejas.

El análisis determinó que, en total, resultaron afectados 110 apiarios de 80 apicultoras y apicultores. Un total de 3 mil 365 colmenas fueron dañadas, lo que a su vez ocasionó pérdidas económicas significativas. La especie afectada fue la apis mellifera, utilizada para la producción de miel a gran escala.

“Hicimos la primera cuantificación del costo de los daños considerando la pérdida de miel, la pérdida de abejas y la pérdida de producción agrícola –porque las abejas contribuyen a la producción agrícola a través de la polinización–, y llegamos a[l cálculo de] casi 13 millones de pesos en pérdidas”, señala el doctor en ecología por la Universidad de Lyon Francia e investigador de Ecosur, Rémy Vandame.

Al caso de Hopelchén se sumaron tres episodios más en la Península de Yucatán: en 2024, en Hopelchén y Tizimín, Yucatán; en 2025 en Tekax, Tabasquito, José María Morelos, Quintana Roo. Los casos registrados tuvieron un punto de convergencia: campos agrícolas donde usan fipronil, un insecticida de amplio espectro y con efectos letales sobre el sistema nervioso de las abejas.

El doctor Eric Vides Borrel explica a Contralínea que el censo que arroja que, de 2013 a 2024, se perdieron 296 mil colmenas de apis mellifera en 15 estados, subestima lo que ocurre en la realidad. Ello, porque se realizó a partir de entrevistas a grupos de apicultores, y “tenemos otros estados en donde sabemos que hubo intoxicaciones, pero no sabemos el número de colmenas”. La cifra real pudiera ser significativa mayor.

Decreto insuficiente

Aunque la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, reconoció la gravedad de la crisis y anunció una estrategia de protección a polinizadores, ni el fipronil ni los principales neonicotinoides fueron incluidos en la lista de los 35 plaguicidas prohibidos por decreto presidencial, este año. La institución no se pronunció sobre su participación en la elaboración del decreto.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) difundió un informe técnico en el que se enlistan los 20 plaguicidas que afectan a los polinizadores, de los cuales sólo cinco se incluyeron en el decreto, firmado el 5 de septiembre de 2025.

En una nota a pie de página se reconoce que los principales responsables de la muerte de las abejas son: fipronil, imidacloprid, tiametoxam y deltametrina; no obstante, explica que “estos insecticidas no se incluyen en el decreto de prohibición, toda vez que son una opción viable para controlar diversas plagas de importancia agrícola”.

Para el doctor Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), la medida es insuficiente. Al respecto, explica: “en México actualmente se está considerando [prohibir] los 35 [plaguicidas prohibidos en el decreto; pero] aún quedan 72 registros de plaguicidas altamente peligrosos que son altamente tóxicos en abejas”.

De esas decenas de herbicidas, indica, “destacan, por su mayor venta en el país –según informes de consultores–, el fipronil, imidacloprid y el tiametoxam, de los cuales tenemos la evidencia de que son causantes, sobre todo, en el caso de fipronil, de una alta toxicidad en abejas”.

El doctor Bejarano expone que, a diferencia de México, esas sustancias se encuentran prohibidas en otros países. El fipronil está prohibido en 49 naciones, el imidacloprid en 29, el tiametoxam en 28, incluidos los países de la Unión Europea, donde su venta está vetada para uso agrícola en espacios abiertos.

Si bien para el doctor Rémy Vandame la prohibición de plaguicidas de uso agrícola no es tarea sencilla, apunta que “es necesario, en el sentido de que son [plaguicidas] altamente peligrosos y que están realizando daños tremendos en las abejas, los insectos en general y la biodiversidad”.

Expone que actualmente ya hay un reconocimiento y reflexión a nivel nacional e internacional “sobre los daños que están haciendo los plaguicidas. Yo diría que, desde la revolución verde, desde los años 60 va en incremento el uso de plaguicidas en general, con daños tremendos, no sólo para la biodiversidad, sino también para la salud humana. Creo que ahora hay un reconocimiento global de que sí tenemos que pasar a otra cosa”.

Fipronil, veneno que viaja con el viento

En los casos analizados en la Península de Yucatán, la hipótesis central para explicar la forma en que el fipronil viajó hasta las colmenas es la deriva. El doctor Vandame explica que “en el momento que se aplica un insecticida, muchas veces se aplica por tractor, arañas –como llaman a los dispositivos de aplicación– o eventualmente por avionetas –que se está utilizando mucho de manera ilegal–, pero en todo caso, cualquiera que sea el método de aplicación casi siempre se genera una especie de nube de insecticida encima del campo de cultivo y si hay viento, en ese momento el insecticida se va dispersando”.

Para tener una dimensión del alcance, ejemplifica con el caso de Hopelchén de 2023, en el cual se encontró que la distancia mayor entre la zona de afectación y el probable origen de la aplicación fue de aproximadamente 6 kilómetros, “estamos hablando de 11 mil 300 hectáreas, donde potencialmente se fue distribuyendo el insecticida que se aplicó en una parcela”.

Por su parte, el doctor Eric Vides indica que, si bien existe vasta evidencia científica de los daños ecológicos de plaguicidas como el fipronil, se suele omitir el análisis de los daños generados por sus metabolitos secundarios. “Una vez que el fipronil se aplica en los cultivos y se libera al medio ambiente, por la acción de la luz, del oxígeno o del medio ambiente se va descomponiendo en otras moléculas; por ejemplo, el sulfuro de fipronilo, el cual puede seguir con una vida media en el suelo hasta por dos años”.

Esto es relevante porque –tras anunciar el decreto de prohibición de 35 plaguicidas, en la conferencia presidencial del pasado 3 de septiembre– el titular de la Sader, Julio Berdegué Sacristán, dio cuatro ejemplos de las moléculas prohibidas, entre ellas el DDT.

“El DDT en todo el mundo está prohibido desde los años ’70; en México por alguna razón se prohibió la importación, pero no la producción o el uso, quién sabe cómo eso fue posible. Fíjense que recientemente encontramos DDT en muestras de abejas que murieron por intoxicación con plaguicidas en el Soconusco; al hacer los análisis de qué había matado a estos maravillosos insectos, encontramos que ahí había, entre otras cosas, DDT”, dijo Berdegué.

De acuerdo con estudios científicos, y al igual que el fipronil, el DDT tiene un tiempo de supervivencia en el ambiente prolongado, que puede ir de 2 a 15 años. Ello podría explicar por qué se sigue encontrando el plaguicida en el ambiente, afirma la bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora independiente, Erica Hagman Aguilar Dicho plaguicida, expone, “es altamente persistente. Entonces, aún cuando no se utilice, van a seguir encontrando DDT”.

Por su parte, Vides Borrel insiste en la necesidad de “estudiar los efectos en las abejas de estos metabolitos secundarios”. Critica que el tema siempre es el fipronil y no hay un análisis a fondo, a pesar de que “hay evidencia científica en otras regiones en donde se muestra que algunos de los metabolitos secundarios del fipronil pueden ser incluso más tóxicos que el mismo fipronil para cierto grupo de organismos”.

También destaca el caso del AMPA (ácido aminometilfosfónico), metabolito secundario del glifosato, el cual puede ser “más tóxico que el propio glifosato”. De acuerdo con el estudio El glifosato y el metabolito del ácido aminometilfosfónico (AMPA) modulan el fenotipo de las células de melanoma murino B16-F1, el glifosato aumenta características de agresividad en células cancerosas: reduce su adhesión, incrementa su capacidad de migrar, induce la producción de vesículas extracelulares y activa el gen ABCB5, relacionado con la resistencia de fármacos para el cáncer.

No obstante, el AMPA es todavía más tóxico que el glifosato y causó señales de daño en el ADN. El estudio concluyó que el AMPA podría ser especialmente dañino para células sanas, mientras que el glifosato podría potenciar características metastásicas en células tumorales. Aunque también se señala la necesidad de mayor investigación para entender cómo se pueden ver afectados los humanos.

El investigador Vides Borrel considera que “si sólo se hacen las evaluaciones de riesgo en la molécula que se vende y no en los metabolitos secundarios, estamos teniendo una comprensión muy parcial de los efectos de la liberación de estas sustancias en el medio ambiente una vez que se degradan a otras moléculas”.

Apis mellifera como indicador de la salud ambiental

La muerte masiva de abejas es un indicador de “que la salud y la permanencia de los ecosistemas podrían estar en riesgo, ya que cerca del 87.5 por ciento de las plantas con flores (angiospermas) dependen en gran medida de los polinizadores para su reproducción”, indica la doctora Angélica Cervantes, subdirectora de Gestión de Información y Evaluación de Especies de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

En los casos descritos hasta ahora, se tomó como referencia a la especie apis mellifera, porque los investigadores consultados por Contralínea explicaron que, al ser una especie que se encuentra en los apiarios bajo el cuidado de los apicultores, son ellos quienes reportan cualquier anomalía detectada. En cambio, con las abejas nativas “es diferente, porque están dispersas en el monte, anidan en los árboles, en el suelo, en ramas, en diferentes soportes y no están tan concentradas en un lugar”, detalla el doctor Rémy Vandame.

No obstante, el que una especie esté presentando una situación de mortandad masiva ya es un indicador de que las otras especies, incluso de otras familias, estarían siendo afectadas. “Sin ninguna duda, si se mueren las apis, también se mueren todas las abejas nativas y otros insectos sólo que no tenemos cómo verlo, porque no es tan fácil demostrarlo. No hay por qué no pensar que si se mueren las apis mellifera, también se mueren los demás insectos. Funcionan de la misma manera y aunque no lo podemos demostrar, podemos suponer que sí se mueren”, añade el científico, investigador de Ecosur.

A su vez, la doctora Angélica Cervantes Maldonado lamenta que el conocimiento sobre las abejas nativas sea limitado, “a pesar de que México cuenta con aproximadamente 2 mil especies, que representan el 10 por ciento del total mundial”.

En Brasil, una investigación sobre la resistencia de plaguicidas en tres especies de abejas determinó que, en comparación con las abejas nativas, la apis mellifera tiene mayor resistencia a ciertas sustancias. El estudio Especies sustitutas en las evaluaciones de riesgo de plaguicidas: datos toxicológicos de tres especies de abejas sin aguijón analizó a las especies: uruçu (melipona scutellaris), jataí (tetragonisca angustula) y mandaguarí (scaptotrigona postica), y arrojó que las dos especies nativas son más sensibles al pesticida tiametoxam (TMX) que la apis mellifera (especie urticante introducida en el país y adoptada como modelo de pruebas toxicológicas para la aprobación de pesticidas agrícolas).

En el caso mexicano, el daño a especies nativas ya está documentado con la más reciente de intoxicación y muerte masiva de abejas, que tuvo lugar entre los meses de septiembre y octubre de 2025 en Tabasquito, José María Morelos, Quintana Roo.

Los investigadores de Ecosur registraron afectaciones en al menos 2 meliponarios y nueve apiarios; entre ellos, un apiario grupal de desarrollo rural, donde no sólo se reportó la muerte en 164 colmenas de apis mellifera sino que, por primera vez, se registró la pérdida de 10 colmenas de melipona beecheii, especie nativa de México y considerada como “la abeja sagrada maya”.

El informe presentado por el equipo que estudia abejas en el Ecosur describe que, “debido al tiempo transcurrido entre la intoxicación y el muestreo de las abejas, los análisis de laboratorio no permitieron identificar la molécula responsable de la muerte de abejas”. No obstante, por los síntomas presentados se estableció una relación directa con plaguicidas.

La pérdida de abejas nativas tiene un pacto no sólo biológico sino cultural. La doctora Angélica Cervantes Maldonado advierte que en este caso los impactos son significativos en la biodiversidad y en la seguridad alimentaria. Ello, porque “a diferencia de la abeja de la miel, éstas pueden ser selectivas del tipo de flor que polinizan; es decir, la polinización puede ser muy específica y su desaparición podría impactar en la reproducción de especies clave para los ecosistemas y afectar la seguridad alimentaria”.

El problema de los plaguicidas no sólo concluye con el exterminio inmediato de abejas, sino que aquellas que no mueren al momento pueden enfrentar afectaciones por tiempo prolongado antes de causar su deceso. “Cuando las abejas están expuestas a una b, no se mueren, pero el insecticida sí les puede afectar su movilidad, su vuelo, su capacidad de orientarse en el campo, su inmunidad e incluso su fertilidad. Hay una serie de efectos que tienen los plaguicidas antes de la muerte”, advierte el doctor Rémy Vandame.

Para dimensionar el efecto que tendría la continua pérdida de colmenas, la subdirectora de Gestión de Información y Evaluación de Especies de la Conabio, Angélica Cervantes Maldonado, subraya que “México cuenta con 21 mil 843 especies de plantas con flores, de las cuales aproximadamente el 85 por ciento depende en algún grado del servicio de polinización prestado por animales”.

Cita el artículo Pollinator-dependent food production in Mexico –publicado en Pollinator dependent food production in Mexico en 2009– para destacar que “se ha estimado que 425 especies de plantas son utilizadas de alguna forma por el ser humano y 171 especies son utilizadas exclusivamente para la producción de frutos y semillas; 145 de éstas son especies dependientes de polinizadores”.

Agroindustria: el modelo que detona la crisis

Detrás de los casos de la muerte masiva de abejas relacionados con el uso de plaguicidas también hay otro factor común: la agroindustria. La Península de Yucatán es claro ejemplo de ello, porque ha sido el territorio utilizado para la implementación de monocultivos y la siembra de transgénicos y sus paquetes tecnológicos –como los llama la industria– que incluyen el uso de plaguicidas como el glifosato.

El problema de la agroindustria en el estado es que “se basa en todo un modelo de producción a gran escala de monocultivos, en algunos casos transgénicos”, explica en entrevista Jorge Pech, integrante del Colectivo Maya de los Chenes.

Denuncia que estas formas de producción de la tierra “implica grandes extensiones, grandes polígonos de territorio que trae como consecuencia el aumento de la deforestación, el uso de pesticidas y la pérdida de cobertura vegetal, lo cual impacta de forma negativa no solamente a las abejas apis melliferas, sino también a las abejas nativas como meliponinos, scaptotrigona, nannotrigona perilampoides, que están en la selva y que actualmente enfrentan un declive por este modelo no regulado y poco ético”.

El arribo de los transgénicos a la región llegó de manera oficial en 2012, en el último tramo del gobierno de Felipe Calderón, cuando el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) otorgó un permiso a la trasnacional Monsanto para la liberación en fase experimental de soya transgénica. No obstante, el marco legal se dio desde el sexenio de Vicente Fox se expidió la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Al respecto, Jorge Pech declara que “estas tecnologías son manejadas en su mayoría por comunidades menonitas que obtienen estas facilidades, estos paquetes tecnológicos [transgénicos] que son brindados también por parte de empresarios”.

En la conferencia presidencial del 29 de septiembre de 2025, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, reconoció que “una de las zonas más riesgosas que hemos identificado es la Península de Yucatán, donde desafortunadamente los menonitas están deforestando y hemos detectado siembra de maíz transgénico por eso, estamos nosotros clausurando muchas zonas en la Península de Yucatán”.

De acuerdo con datos del especialista Rémy Vandame, en los últimos 30 años debido a la deforestación “se ha perdido 9 por ciento de la selva maya. Esta gran selva que cubre la Península de Yucatán y el Petén, al norte de Guatemala, que es el segundo macizo forestal de América después de las Amazonas”.

La deforestación se liga con políticas neoliberales especialmente tras la reforma al artículo 27 de la Constitución en 1992, impulsada por Carlos Salinas de Gortari. Ésta puso fin al reparto agrario y permitió la compraventa de tierras ejidales, abriendo el campo al capital privado y al mercado de tierras. Todo ello, en consonancia con la entrada del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

La deforestación se ha dado a través del cambio de uso de suelo –en la mayoría de ocasiones de manera ilegal–. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que en Yucatán se clausuraron 17 predios por cambio ilegal de uso de suelo.

En un comunicado, detalló que del 15 de junio al 31 de agosto de 2025, la Profepa llevó a cabo 17 operativos de inspección en predios forestales en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y corporaciones de seguridad estatales. Y que se observaron desmontes y cambios de uso de suelo sin autorización de la Semarnat, lo que derivó en la clausura de los 17 predios en los que la selva fue arrasada para la siembra de monocultivos agroindustriales, principalmente por parte de comunidades menonitas.

Personal de la Profepa dialogó con la comunidad memonita. Fotografía: Profepa

Aún cuando la Profepa clausuró dichos sitios, el especialista y maestro en derecho constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raymundo Espinosa Hernández, explica que las sanciones por este tipo de prácticas suelen ser de carácter administrativo. Y en dado caso se impondrán multas económicas.

“Lo cierto es que yo nunca he visto que pase algo” contra los que están deforestando, advierte el experto. Agrega que esas amonestaciones no toman en cuenta la reparación integral del daño para la población afectada. “Sería muy bueno que además se pudiese vincular con la reparación del daño de aquellas personas; por ejemplo, a quienes se les ha contaminado otros cultivos con traza de transgénico, pasando por el asunto de la miel, lo mismo también. Habría que indemnizar a las personas que han sufrido daños o perjuicios, precisamente por la contaminación transgénica”.

En tanto, Jorge Pech lamenta que a pesar de que son ya varios años en que las comunidades han denunciado lo que hoy reconocen las autoridades, su actuación es tardía. Y para la investigadora Érica Hagman, la Profepa debió haber realizado las revisiones de manera constante para evitar llegar a la deforestación.

No obstante, la secretaria Alicia Bárcena aseguró que no es una preocupación para el país la siembra de soya transgénica, porque México no es centro de origen de esa semilla, aún cuando hay otros daños relacionados con su producción.

Bajo ese contexto, los investigadores expresan su preocupación ante la falta de coordinación entre Semarnat, Sader y Cofepris –y la ausencia de un sistema real de trazabilidad de aplicaciones agrícolas–, pues ha permitido que sustancias prohibidas en otros países sigan utilizándose sin controles efectivos en México.

El doctor Bejarano y la investigadora independiente Érica Hagman coinciden en la necesidad de desarrollar un sistema de trazabilidad. Ello, porque los pesticidas altamente peligrosos se utilizan de manera intensificada a lo largo del territorio nacional, y no se cuentan con los datos que permitan precisar en qué cantidades y en qué lugares específicos se están aplicando, así como los sitios de disposición final de los residuos. A pesar de que éstos deben tener un manejo especial.

Empaques de plaguicidas encontrados tras la clausura de 17 predios. Fotografía: Profepa

Tan sólo en 2019, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático publicó el Diagnóstico sobre la contaminación por plaguicidas en agua superficial, agua subterránea y suelo, en el que concluyó que en 23 estados de la República existen 125 sitios con contaminación por plaguicidas en agua superficial, agua subterránea o suelo, la mayor concentración está localizada en Campeche, Guerrero y Sinaloa.

Al respecto, el doctor Vides Borrel recomienda hacer análisis que permitan determinar en qué sitios existe un nivel de riesgo menor para el uso de plaguicidas. Ello, al considerar el tipo de suelo sobre el que hay aplicación. “Se sabe que el fipronil tiene una vida media en el suelo de más de 120 días, va de 120 a 130 días, se sabe que en suelos francoarcillosos es más persistente que en suelos arenosos”.

Estos criterios, indica, deben de ser considerados para “en todo caso regionalizar en dónde sería menos nociva su utilización”. Ello, mientras se traza una estrategia integral de transición hacia un sistema de producción agrícola más sustentable como la agroecología.

En tanto, el doctor Vandame llama a que se tomen acciones inmediatas. Y considera que “hay buena voluntad de la Semarnat”, pero que “hace falta pasar a un nivel mucho más activo de discusión para tomar decisiones fuertes porque la urgencia es hoy no es para dentro de los años”.

El activista Jorge Pech reitera que lo que ocurre con las abejas es una alerta para el medio ambiente y la salud humana. “Nos están indicando que algo está fallando o algo está mal y aquí nos damos cuenta como los residuos de estos plaguicidas que están acabando con las abejas en algún punto van a llegar a afectar a nuestra salud humana, incluso esto es un tema que no se está mirando y que no vemos un interés de las autoridades encargadas del tema de la salud de regular”.

Por ello, también pide que haya una atención real con la participación intersecretarial, “por eso yo hablaba de que debería haber una triangulación entre las secretarías para atender el tema de una forma integral”.