En las denuncias e investigaciones que tiene abiertas la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de funcionarios corruptos y abusivos de sexenios anteriores, pronto podría haber nuevas órdenes de aprehensión dictadas por jueces federales que involucran a exdirectivos de algunos órganos de inteligencia, de seguridad nacional, exjefes policiales y de procuración de justicia que adquirieron y utilizaron maliciosamente (espionaje) el servicio del software israelí para el uso de la plataforma conocida como Pegasus.

A la larga lista de exburócratas investigados por la compra de miles de millones de dólares de licencias para el uso de ese software, se suma el nombre del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a quien indagan por la autorización para adquirir Pegasus con sobreprecio en perjuicio de las finanzas públicas; además, porque se utilizó esa sofisticada tecnología para espiar las comunicaciones privadas de integrantes del gabinete que ahora preside Andrés Manuel López Obrador.

Junto con el exprocurador Murillo Karam aparecen en la lista de investigados –por gastos excesivos y el uso del malware Pegasus– el exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Alberto Bazbaz; el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes; su primo Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado en Michoacán y exdirector de la Comisión Nacional del Deporte;  y Walter Meade, primo del excandidato presidencial priísta José Antonio Meade y proveedor de armamento y equipo a las Fuerzas Armadas.

En las indagatorias que lleva a cabo la FGR participan también el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la UIF, los cuales descubrieron hace varios meses un centro de espionaje que operaba en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, en donde encontraron grabaciones de conversaciones privadas de varios funcionarios del gobierno federal, incluidas del mismo presidente de la República.

En columnas anteriores comentamos que el inmueble en donde se tenía ese centro de espionaje ilegal se ubica en el piso 35 de la Torre Impulso, en avenida Santa Fe número 443, propiedad supuestamente de los empresarios Álvarez Puga, quienes además tendrían otros tres pisos más en el edificio. Los hermanos Álvarez Puga son investigados también por la supuesta venta de facturas apócrifas y su presunta participación desde hace muchos años con el outsourcing, mecanismo de subcontratación para explotar a trabajadores en condiciones laborales adversas.

El CNI también investiga la supuesta venta ilícita de licencias para el uso indebido del software malicioso Pegasus, en donde están involucrados exdirectivos de lo que era el principal órgano de seguridad nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto (Cisen), quienes abusando de su cargo comercializaban el malware entre gobiernos estatales y empresas privadas, lo cual no solamente está prohibido, sino que es ilegal y estarían cometiendo un grave delito penal al disponer de equipo tecnológico y archivos confidenciales.

El Pegasus es un sofisticado sistema espionaje a través del cual cualquier usuario de telefonía celular o computadora conectada a internet puede ser escuchado y vigilado en tiempo real, sin importar que dichos equipos tecnológicos estén encriptados o hasta apagados.

La venta de este malware Pegasus, diseñado por una empresa israelí, es para uso exclusivo de gobiernos, es decir no se vende a particulares; sin embargo, se tiene información de que exfuncionarios del Cisen y de lo que era la PGR estarían ofreciéndolo a empresas y gobiernos locales para espiar, tal y como ocurrió en sexenios anteriores, cuando se utilizó para escuchas ilegales contra políticos de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas.

Calderón adquirió por primera vez el malware Pegasus

Desde 2012 se informó en Oficio de Papel que en los tres últimos años (2010-2012) del gobierno del panista Felipe Calderón, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había otorgado 18 contratos a proveedores privados extranjeros por varios miles de millones de pesos para la adquisición de equipos y servicios para las áreas de inteligencia de esas Fuerzas Armadas.

El propósito de esas compras era que el Ejército contara con equipo tecnológico y de comunicación necesario para investigar a grupos armados (guerrilla) y a la delincuencia organizada (narcotráfico), ante lo cual dichas adquisiciones se clasifican dentro del marco legal de seguridad nacional y por ello, según la Sedena, estos contratos se realizaron mediante asignación directa, sin licitación de por medio y bajo autorización de un comité de compras del Ejército, que preside el secretario de la Defensa.

Sin embargo, todo ese equipo también se utilizaba maliciosamente por parte de las Fuerzas Armadas para espiar a opositores, a luchadores sociales, a políticos y a empresarios.

Desde aquel año se dio cuenta de denuncias que hicieron militares de alto rango ante la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación sobre el desvío de recursos en la asignación de esos ocho contratos, por un monto total de 5 mil 628 millones de pesos, para la compra de equipo de intervenciones telefónicas y espionaje para el área de inteligencia de la Sección Segunda del Ejército.

Con aquella delicada investigación no pasó nada, todo se ocultó y se archivaron las denuncias de militares porque, según los responsables de darles trámite “no se encontraron irregularidades”.

Era tan delicadas las denuncias, que la misma Defensa ordenó en aquel año que el titular de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, general Marco Antonio González Barrera, realizara también una investigación a fondo para determinar quiénes eran los responsables de las filtraciones y las denuncias que afectan y atentan contra la seguridad nacional del país, pues fue evidenciada la capacidad tecnológica de las fuerzas armadas.