El 5 de febrero conmemoramos el aniversario de cuando se aprobaron en México las dos últimas constituciones: 1857 y 1917. Toca reflexionar y comprender que hoy por hoy, en pleno Siglo XXI, es absolutamente necesaria una nueva Constitución: adecuada a la situación presente y la problemática actual, que garantice derechos que se reconocen de manera totalmente formal en el texto constitucional vigente pero en realidad no se cumplen.

Toda transformación ha generado la necesidad de cambiar la Ley Suprema para ajustarla a los intereses populares. También cuando la reacción conservadora ha triunfado, redacta una Constitución que apoye el retroceso que quieren imponer o en su defecto reforman la Constitución hasta hacerla irreconocible. La actual lleva ya más de 700 modificaciones. Los neoliberales hicieron estas reformas para entregar nuestra riqueza y trabajo a las grandes corporaciones a costa del pueblo. Reformas regresivas como la Ley Nacional de Agua y la Ley Minera que Salinas hizo aprobar son sólo unos ejemplos.

El Artículo 135 de la Constitución permite reformas a ésta. Una reforma puede ser necesaria para garantizar derechos, pero no para negarlos o limitarlos, ni para despojar al país de su riqueza o al pueblo de conquistas históricas. Las reformas del neoliberalismo son en realidad contrarreformas que violan los principios de la Ley máxima y deben ser abrogadas. El artículo 136 dice que la Constitución es inviolable y que no pierde fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. De modo que hay que retomar el texto original. Ningún derecho se ha perdido. Sin embargo, las insuficiencias de la Carta Magna y la generación de una situación totalmente nueva en México y en el mundo hacen necesaria la Constitución del Siglo XXI: adecuada a la realidad actual.

Hace falta un cambio completo. Las constituciones de 1814, 1824, 1857 y 1917 se lograron luego de un proceso de profunda organización que generó la fuerza social necesaria. Ninguna Constitución triunfa por “decreto”. Lo demostró la Constitución de Cádiz de 1812. Deben ser obra de un profundo proceso popular y patriótico.

Hoy en México, nos oponemos al neoliberalismo y al neocolonialismo. En esta lucha se va generando la fuerza transformadora. Un nuevo constituyente sería producto de la lucha y compromiso popular. Ya es tiempo. Luego de la Independencia, se aprobó la Constitución de Apatzingán. Tras la Revolución de Ayutla, en 1857, la Constitución de la Reforma. Y al triunfar la Revolución Mexicana contra las dictaduras de Díaz y de Huerta, se aprobó la Constitución de 1917. La población se movilizó masivamente en 2018 por echar abajo al PRIAN y lograr una nueva transformación, la cuarta. Ésta sólo puede concretarse y consolidarse si se cuenta con una nueva Constitución. En este año electoral, ésta es una demanda a levantar para que se profundice la transformación.

Una nueva Constitución debe cancelar concesiones abusivas de agua y concesiones a mineras tóxicas que tanto nos saquean, para dar pie a la aprobación de una nueva Ley General de Aguas y una nueva Ley Minera; que dé prioridad a destinar fondos para empleo, educación y salud, que garantice la alimentación de toda la población, que permita al Estado tener fondos para el desarrollo económico soberano y recursos para desarrollar nuestras propias industrias como la del litio sin depender del extranjero, produciendo nosotros los bienes y servicios básicos.

Que se garantice la soberanía alimentaria para dejar de importar maíz, frijol, arroz, soya, aceite, así como la autosuficiencia en fertilizantes, de preferencia orgánicos y que haga justicia y dé oportunidades a las mujeres, y a jóvenes que hoy la tienen difícil y ven sus derechos conculcados.

Sí hay recursos para lograrlo, siempre y cuando se cobren impuestos justos a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas: que pague más el que gana más, para que el Estado pueda hacer frente a sus obligaciones. Y que en vez de pagar a ciegas deudas del viejo régimen, se audite la deuda. Este año se pagarán un millón de millones: 1 billón 70 mil pesos a la deuda pública. Hay que suspender pagos y, tras auditarla, renegociarla. Mientras tanto, esos recursos destinarlos al rescate nacional.

Una nueva Constitución debe garantizar la soberanía y el desarrollo nacional y detener la integración de México a Estados Unidos, garantizando la soberanía política, económica, cultural y militar. También, desde luego, la soberanía alimentaria, energética y en salud, sin dependencia del extranjero y sin sujetarnos a un vecino agresivo que quiere nuestros recursos, nuestro trabajo e involucrarnos en sus planes bélicos contra el mundo.

Es necesaria una nueva Constitución, que organice la vida en el país y establezca mecanismos para lograr derechos garantizados para todas y todos; que logre seguridad, con la participación organizada de la población a partir de sus propias comunidades; parar y resolver las desapariciones; detener desplazamientos forzados que hoy por hoy se multiplican en el país y que se reconozcan los derechos de las personas migrantes.

Urge crear empleos y hacer efectivos los derechos laborales que el neoliberalismo eliminó por completo; finalizar el outsourcing, y garantizar prestaciones y estabilidad laboral, comenzando por el respeto a la jornada de 8 horas. Que elimine las unidades de medida y establezca un sistema nacional solidario de pensiones dignas y la atención integral a la tercera edad.

Falta garantizar el derecho a la vivienda digna y a la ciudad, e imponer el control de precios y que se exija producción de calidad sin obsolescencia programada. Se necesita garantizar los derechos sexuales y reproductivos; además, urge frenar la violencia contra las mujeres.

Una nueva Constitución es indispensable para que se empodere al pueblo, y tenga el poder de decisión con una renovación democrática que lleve a la elección y selección democrática de candidatos, a dejar de financiar partidos para que ese dinero se use para garantizar un proceso electoral en el que la población sea protagonista. En épocas electorales, es necesario, primero, acordar el programa y el plan de acciones, antes que escoger candidatos. Mandatar a los representantes y que en el poder no hagan lo que ellos quieren sino lo que el pueblo decidió. Hoy cualquier juez puede echar abajo iniciativas vitales como la soberanía eléctrica y otras. Tengamos claro que sin una nueva Constitución no culminará exitosamente la nueva transformación.

Para lograr una nueva constitución es necesaria la educación, organización y movilización amplia y profunda de todas las diversas comunidades a nivel urbano y rural, de trabajo, estudio, vivienda y de actividades. Un nuevo texto constitucional es fruto de la acción de todos los sectores en los más diversos espacios, lo que implica una larga labor para organizarse y luchar desde la base y generar fuerza y unión.

Seamos conscientes de que los derechos básicos de las y los mexicanos no se han garantizado plenamente: alimentación, empleo, salario digno, servicios de salud, educación, seguridad, vivienda, etcétera, ha quedado en letra muerta para la mayoría, para los desposeídos; por tanto, es necesaria una transformación profunda.

Estamos en el Siglo XXI y es necesaria una nueva Constitución que no sólo exprese formalmente los derechos, sino que los garantice verdaderamente.

Para esto tenemos que organizar a la sociedad de cara al bienestar de cada uno y de la colectividad y no para servir a los intereses del mercado y de las corporaciones o de potencias imperiales. El problema está planteado y debemos darnos a la tarea de impulsar y organizar un proceso que lleve a un nuevo Constituyente popular y a la aprobación de una Carta Magna que esté enraizada en los intereses y la voluntad del pueblo y en las necesidades de nuestro México soberano. Esa es la tarea que hemos de emprender, en primer lugar, la clase obrera, todo el pueblo organizado y los pueblos originarios.

México nació como producto de siglos de lucha en nuestro territorio contra el colonialismo español. Hubo más de 100 rebeliones de los pueblos originarios, movimientos de los trabajadores mineros y en los obrajes, y esto cristalizó las aspiraciones a un desarrollo político, económico y social en beneficio de los habitantes de nuestro territorio y del combate para que los recursos de nuestro suelo sean disfrutados por su población.

Las naciones originarias resistieron, sufrieron toda clase de violencia, despojo, discriminación, marginación, y de un auténtico genocidio; pero no pudieron destruirlas los colonialistas. Se les robó su tierra, riquezas naturales, el agua, se violentó a mujeres y hombres, familias y comunidades y trataron de destruir su identidad, hasta cambiaron sus nombres a su antojo. Les imponían un nombre cristiano y a lo mucho se les llamaba con el nombre náhuatl que conocían y no en el propio: a los diidzaj les llamaron zapotecos; a los o’de püt, zoques; a los ñahñu, otomíes; a los purépechas, tarascos; huastecos, en vez de teenek; al wixárika le dijeron huichol; lacandón al pueblo hach tan; al yoreme, mayo; al ñuu savi mixteco; tarahumara al rarámuri; al tu’tu nacu’, lo nombraron totonaca; al tinujei le pusieron el apelativo triqui; winik atel fue sustituido por tzeltal en la época colonial; y al batzil k’op lo llamaron tzotzil. A los ayuujk les llamaron mixes; a los ngiwa los llamaron popolucas. Así hicieron con más de 100 naciones originarias. Muchas desaparecieron, la mayoría fueron diezmadas y debilitadas al máximo y es claro que hoy todavía sufren los embates neocolonialistas de las grandes corporaciones y potencias extranjeras. La devastación de las mineras canadienses contra las comunidades es sólo un botón de muestra.

Quienes lucharon hasta el final en el proceso de independencia fueron las naciones originarias y los afromexicanos, y mexicanos de origen criollo. Pero al consumar la Independencia se impuso la élite que había luchado siempre contra los insurgentes. Luego de años se logró abolir la esclavitud, pero los derechos de las naciones originarias nunca se reconocieron ni por conservadores ni por liberales. Y a 200 años de la separación de México de España, se sigue sin el reconocimiento pleno de sus derechos ancestrales. Los más afectados por las mineras, los megaproyectos, la falta de agua, la contaminación de agua, suelo y aire que generan las corporaciones son los pueblos originarios.

En general los derechos de la mayoría de la población no se han garantizado. Los impresionantes avances de la Revolución concretados por el gobierno de Lázaro Cárdenas se han venido abajo. Vino el retroceso con Ávila Camacho y Miguel Alemán. Se profundizó con los gobiernos del PRI y los del PAN. A la Constitución le han hecho 741 reformas, a 136 artículos. La mayoría, regresivas y negativas para la soberanía nacional y la vida del pueblo trabajador.

La necesidad de una nueva Constitución ya ha sido planteada. Este 5 de febrero, comencemos a proponer tanto las formas adecuadas para convocar un nuevo Congreso Constituyente, como los contenidos que se van a poner a discusión y aprobación en todo el país, a partir de los colectivos de estudio, trabajo, vivienda y de actividades. Llegó el fin del viejo régimen y, en medio de la lucha, abramos paso a la construcción de un nuevo modelo nacional, económico, político y social que garantice la independencia, la democracia, la justicia y la paz. ¡Démonos a la tarea de abrir paso a lo nuevo!

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