El nuevo modelo de generación eléctrica del país, que establece una participación del 54 por ciento para el Estado y del 46 por ciento para la iniciativa privada, permitirá recuperar la soberanía energética, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ordenar el desarrollo del sector eléctrico nacional, defendió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el cambio se sustenta en una reforma constitucional que devolvió al Estado la capacidad de planear y conducir el sistema eléctrico, luego de décadas en las que –afirmó– la apertura al sector privado debilitó la participación de la CFE y fragmentó el sistema.
La presidenta hizo un recuento histórico y recordó que, tras la nacionalización de la industria eléctrica, la generación y comercialización de la energía correspondían exclusivamente al Estado. Sin embargo, señaló que, en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para permitir la inversión privada en áreas que, dijo, contravenía el espíritu de la Constitución.
Criticó especialmente el esquema de autoabasto, al que calificó como un mecanismo de simulación que permitió a empresas privadas vender electricidad fuera del marco constitucional, y sostuvo que este modelo se expandió hasta la reforma energética de 2013, impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“La intención final era privatizar todo el sistema eléctrico”, afirmó la presidenta, al señalar que dicha reforma eliminó del artículo 28 constitucional el reconocimiento de que las empresas del Estado no constituyen monopolios, lo que facilitó el crecimiento de la generación privada en detrimento de la CFE.
La titular del Ejecutivo federal recordó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se intentó revertir este proceso, con una ley que establecía que la CFE debía generar el 54 por ciento de la electricidad, mientras que el 46 por ciento quedaría en manos de los privados; sin embargo, indicó que esa legislación fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras obtener la mayoría calificada en el Congreso, continuó, su administración impulsó una reforma constitucional para recuperar ese principio, redefinir a la CFE como empresa pública y devolverle su carácter de entidad verticalmente integrada. “No es que no queramos que sea productiva, sino que tiene un sentido público, de rescate de lo público”, subrayó.
En este nuevo marco legal, la presidenta detalló que ya están firmes las inversiones que iniciarán en 2026, entre ellas la construcción de cuatro plantas de ciclo combinado en Tula, Salamanca, Altamira y Mazatlán, con una capacidad conjunta cercana a mil 500 megawatts, además de una planta de combustión interna en Los Cabos, ante la falta de acceso a gas natural en la región.
Asimismo, anunció la ampliación de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora, con 580 megawatts adicionales, así como la construcción de nuevas plantas solares en Coahuila y otros proyectos que se desarrollarán mediante esquemas financieros vinculados al Fondo Nacional de Infraestructura, tras la compra de centrales a la empresa Iberdrola durante la administración anterior.
La mandataria explicó que, para la participación privada, la Secretaría de Energía implementó un nuevo mecanismo de concursos en el que el Estado define dónde y cómo se requiere la generación eléctrica, lo que permite acelerar permisos y garantizar la viabilidad técnica de los proyectos. Bajo este esquema, ya se asignaron 3 mil megawatts adicionales de generación privada, que iniciarán su construcción el próximo año.
Con ello, señaló, en 2026 comenzará la construcción de alrededor de 6 mil megawatts nuevos, una parte significativa proveniente de fuentes renovables, como parte de un plan más amplio que considera la generación de hasta 24 mil megawatts en el mediano plazo.
“Garantizamos 54 por ciento de generación para el Estado y 46 por ciento para los privados, en un esquema con orden, planeación y certidumbre”, afirmó la mandataria Sheinbaum Pardo, al subrayar que estas inversiones permitirán cumplir los compromisos internacionales de México en materia de cambio climático y asegurar electricidad suficiente para el desarrollo del país.



















