Luego de un día lleno de violencias, el pasado 5 de septiembre la alcaldía Xochimilco fue cede de una de las expresiones más claras de abuso de poder por parte de las autoridades locales. El territorio xochimilca es conocido por sus innumerables fiestas y celebraciones, por su alegría, tradiciones, canales y chinampas (que hoy con la actual crisis de agua peligran). Sin embargo, también es nicho de la resistencia y lucha de sus pueblos por la defensa del agua, de la tierra y su territorio; por alzar la voz en contra de la inseguridad y la violencia de sus barrios.

La comunidad de San Gregorio Atlapulco –ubicada en esta demarcación–, es el más claro ejemplo de lo que significa luchar por y para el pueblo; de resistir a la represión de las autoridades y hacer frente a la criminalización absurda de aquellos que han decidido no callar. Tras años de organización y lucha comunitaria por preservar el territorio, los bienes comunales y la autonomía de su gente, este pueblo ha sido testigo del hostigamiento y persecución política de quienes defienden lo común.

Tal es el caso de Hortensia Telésforo, una mujer que no ha cesado su lucha y esfuerzo por lograr la reapropiación de los espacios comunales. Así, la recuperación de la biblioteca comunitaria “Adolfo López Mateos” hoy renombrada “La Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco”, evidenciaría las formas en que operan los funcionarios públicos no sólo xochimilcas, sino de toda la Ciudad de México, al apropiarse de espacios que históricamente han pertenecido a las comunidades y pueblos originarios de cada territorio capitalino.

Después del sismo de 2017, la biblioteca fue cerrada bajo el argumento de presentar “fallas estructurales”. No obstante, su reapertura implicó la lejanía de posesión comunitaria y la privatización del inmueble. Hoy, a pesar de haber transitado por la alcaldía funcionarios del movimiento por la 4T (que se dice al servicio del pueblo), el espacio tuvo que ser recuperado desde la colectividad y participación atlapulqueña. Hay que recordar que para 2022, el ahora jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, había firmado las exigencias del pueblo para regresar a la Asamblea Permanente el espacio remodelado.

El activismo de Horte (como la llaman desde el cariño) y las acciones colectivas del poblado en conjunción con la Asamblea General Permanente, no fueron menores para las autoridades xochimilcas, pues la noche del 2 de agosto afuera del domicilio de la además autoridad tradicional del Comité Pro Concejo, se hallaba una notificación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, anunciando la existencia de una carpeta de investigación en su contra y solicitando inmediata presencialidad.

Lo que comenzó como una protesta pacífica en solidaridad a la profesora, activista y defensora Hortensia, terminó en un evento donde la represión, la violencia y los abusos de autoridad fueron protagonistas. Acciones que desataron la indignación y también la acción solidaria de muchas personas, activistas, defensores, comunicadores, periodistas e incluso organizaciones de la sociedad civil que atendieron al llamado urgente.

¿Cómo fue que una protesta pacífica en solidaridad a la compañera Hortensia Telésforo culminó con una detención arbitraria de asistentes, múltiples personas lesionadas, infancias, mujeres, estudiantes y demás? Al darse cita en la explanada de la alcaldía Xochimilco, para manifestarse en apoyo a la compañera activista (denunciada por las autoridades bajo el delito de “despojo”), un grupo de golpeadores arribó al lugar para amedrentar, perseguir y violentar a cualquiera que se estuviera manifestando. Finalmente, lograron detener arbitrariamente a cinco compañeros: Mayahuel, comunicadora e integrante de Radio Zapote; Anselma Margarito, de la comunidad otomí en Resistencia; Roberto Rodríguez, el Gato, de la Coordinación Metropolitana; así como Jorge Cansino, y Uriel García, de Conciencia y Libertad (UNAM).

Después de indagar y corroborar el paradero de las y los compañeros privados de su libertad de manera ilegal, el acuerpamiento de la comunidad, no tardó en llegar a la Fiscalía 2 de Tlalpan. Donde además, el aparato judicial se reforzó con cuerpos granaderos. Mismos que no dudaron en hacer uso de la fuerza, gasear y maltratar sin distinción alguna a las personas que allí se encontraban.

El tiempo transcurría y de a poco fueron liberando a los manifestantes solidarios capturados. Entre prensa, observadores de derechos humanos, representantes de organizaciones, abogados y demás asistencia, se resaltaron los maltratos y robos dentro de la fiscalía por parte de los cuerpos policiales y granaderos. El miedo, la rabia y la impotencia de saber que estos casos son recurrentes en la alcaldía y más aún, que no van a ser los últimos, reflejaba la preocupación e indignación social.

Así, pasadas las 11 de la noche del jueves 5 de septiembre violento y lleno de impunidades, se logró la liberación de las y los compañeros detenidos. Acto que demostró las consecuencias y los alcances de la presión social, la convocatoria solidaria, la lucha incansable por exponer las injusticias y el acuerpamiento de todos los allí presentes.

Vale apuntar, que todo lo ocurrido durante este día tuvo repercusiones importantes pese a la poca cobertura de los medios “oficiales”. Una vez más, se demostró que aun con las condiciones desiguales de las personas frente a quienes tienen el poder, las redes de apoyo, las colectividades consientes y solidarias en busca de las causas justas, han permitido perpetuar la resistencia y la lucha de nuestros pueblos.

Es importante mantenernos atentos a las acciones posteriores a la liberación. Pues, se responsabilizó a las autoridades de la alcaldía, sobre todo a los funcionarios Francisco Pastrana Basurto, José Carlos Acosta y Juana Onésima (actual alcaldesa de Xochimilco), de cualquier acto que atente sobre la seguridad e integridad física de los compañeros. Así lo colocó Mayahuel, comunicadora comunitaria y habitante xochimilca, quien formó parte del grupo de detenidos.

¿Por qué un pueblo tiene que recuperar los espacios que le han pertenecido a lo largo del tiempo? No solo es el caso de la biblioteca, lo mismo sucede con el panteón comunitario y las zonas ejidales. Defender los espacios comunitarios no debería ser motivo de detención, tortura ni criminalización; el libre derecho a la protesta, al tránsito y a la libertad de expresión, tampoco.

¿Hasta cuándo se va a seguir permitiendo el abuso de poder de las y los funcionarios públicos? ¿Dónde está la apuesta política popular que desde 2018 se ha prometido? Sobre todo, se abre la preocupación de ¿Qué va a pasar con los procesos de resistencia de las comunidades originarias? Las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias por defender la vida, la autonomía y las vías de organización de los pueblos, son temas de agenda urgente desde los derechos humanos.

Para mantenernos informados:

Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco

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Observatorio memoria y libertad

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*Alitzel Díaz es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (@CentroVitoriaMX).

 

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