Alertas, organismos de seguridad nacional por terrorismo internacional

Alertas, organismos de seguridad nacional por terrorismo internacional

En el mundo, 95 organizaciones “terroristas” tienen como blanco intereses de Estados Unidos y Europa. En México, permanente alerta del CNI, la Sedena, la Semar y demás organismos de seguridad nacional para evitar que operen en territorio nacional. Explosivos, otra emergencia de atención urgente por su proliferación en ocho estados de la República, revela documento confidencial de la Sedena

Noventa y cinco organizaciones terroristas operan en el mundo, señala el Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales (Candesti). Las autoridades mexicanas deben extremar la vigilancia para que no utilicen el territorio nacional y atenten contra “blancos occidentales”.

El documento Primera Sesión Ordinaria de la Candesti 2022, fechado el 23 de febrero de este año, da cuenta también de un problema emergente que se ha agudizado en el país: la utilización masiva de artefactos explosivos por parte de la delincuencia organizada. Cada año se incrementa el número de “incidentes” de este tipo y la sofisticación de los dispositivos.

El expediente confidencial ­–clasificado con clave JW10– es parte de los miles de archivos en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fue extraído por el grupo de piratas cibernéticos Guacamaya.

El Candesti es un organismo intersecretarial del gobierno federal mexicano que está presidido por la Secretaría de Gobernación (Segob). La secretaría general de este organismo recae en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y se integra con representantes del propio CNI; de las secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes; y de la Fiscalía General de la República.

Destaca que el documento identifica como organizaciones “terroristas” a grupos fundamentalistas religiosos como Al Qaeda, Talibán y Boko Haram; pero también a revolucionarios como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán o independentistas como Hamas. Asimismo, sobresale que califica de “alto riesgo” a una organización católica sin mencionarla por su nombre.

El documento ofrece un panorama mundial del terrorismo durante 2021. Señala que a nivel mundial hay 95 organizaciones terroristas activas en 60 países, principalmente en Asia, Oriente Medio y África. Del total, 28 son emergentes o están en proceso de reactivación y actúan en 21 países.

Al detalle, en Asia (extremo oriente) actúan 48 organizaciones terroristas; 31 en Oriente Medio; 20 en África; siete en Europa, y tres en América, ninguna en México. Sin embargo, por su vecindad con Estados Unidos, abundan los intentos de utilizar el territorio mexicano para alcanzar objetivos estadunidenses.

También se clasifican según el nivel riesgo. Tal ponderación se realiza con base en cuatro variables: objetivo de la organización, blancos de ataque, zona de operación y apoyo que recibe.

La evaluación arroja cuatro tipos de resultados: Alto (“preponderantemente trasnacional”); medio alto (“preponderantemente regional, con algún componente trasnacional”); medio bajo (“preponderantemente local, con algún componente regional”), y bajo (“de alcance local”).

De las 95 organizaciones consideradas terroristas en el documento, 54 alcanzan el nivel de riesgo alto. Todas son religiosas: 53 de islamistas y una católica. Se asienta que “aunque tienen objetivos locales y regionales, sus blancos y redes de apoyo trascienden al plano trasnacional. Seis son las de mayor interés “por su actividad, sus blancos y redes de apoyo trasnacional”.

Las que menciona el documento son Daesh, Hezbollah, Al Shabaab, Al Qaeda in the Lands of the Islamic Maghreb, Al Qaeda in the Arabian Peninsula y Takfir wal-Hijira.

Con respecto de las organizaciones terroristas de riesgo medio, señala que son 30. “Trascienden de manera preponderante a nivel local y regional” y son de corte separatista, étnico, nacionalista, independentista o de derecha.

Agrega que de ellas son 19 las que confieren “mayor interés por su capacidad de tejer redes de apoyo trasnacionales o atentar contra blancos occidentales a nivel local.

Destaca los casos de Hayat Tharir Al-Sham; Boko Haram; Abu Sayyaf; Taliban; Therik-e-Taliban Pakistan; Kurdistan Workes’ Party (Partido de los Trabajadores del Kurdistán); Hamas; Al Qaeda Central y en el Subcontinente Indio; filiales de Daesh en Afganistán, África Occidental, África Central, Argelia, Egipto, Libia, Arabia Saudita, Túnez, Yemen y Somalia.

Asimismo, refiere que las de riesgo bajo son 11. Las identifica como de extrema izquierda y nacionalistas. Asegura que tanto los objetivos, como su actividad, blancos y apoyos son del ámbito local. Una de ellas es de interés por “tener un objetivo trasnacional y blancos occidentales”. Se trata del Communist Party of Philippines (Partido Comunista de Filipinas).

Explosivos, asunto urgente

El documento también incluye las “acciones de la Mesa de Explosivos 2021”. Informa que durante 2021 se registraron 288 “incidentes”. De todos ellos, 165 fueron hallazgos de material explosivo (el 57 por ciento); 75 casos se trataron de amenazas falsas (26 por ciento); 43 detonaciones (16 por ciento), un robo (0.3 por ciento).

Muestra que cada vez son más las detonaciones y los hallazgos y, en contraste, cada vez menos los casos de amenazas falsas. Mientras que en 2019 hubo 22 detonaciones, 68 hallazgos y 141 amenazas falsas, para 2020 ya eran 30 detonaciones, 159 hallazgos y 76 amenazas falsas, hasta llegar a 2021 con las 47 detonaciones, 165 hallazgos y 75 amenazas falsas mencionadas.

Los estados con mayor incidencia en el uso de explosivos son Chihuahua, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora y Tamaulipas.

Los funcionarios del Candesti señalan más riesgos en el manejo de explosivos por parte de integrantes de la delincuencia organizada. Advierten evolución tecnológica en la confección de los artefactos; aplicación de sistemas de detonación de largo alcance; utilización de drones; adquisición ilegal de pertrechos similares a los utilizados por militares; producción en serie, y desarrollo de dispositivos de tipo mina antipersonal.

Asimismo, el Candesti identifica 17 “áreas de potencial impacto catastrófico” en caso de que los cárteles decidieran verlos como blancos. Señala las instalaciones estratégicas; altos funcionarios públicos; figuras públicas; embajadas y embajadores; eventos masivos; el sector industrial; instalaciones gubernamentales, y el transporte marítimo, aéreo, ferroviario y terrestre.

También enlista ductos y almacenes; proyectos prioritarios; aduanas; lugares públicos; aviones y aeropuertos; infraestructura privada, y escuelas.

Con respecto del uso de drones para lanzar explosivos, el documento señala que seis municipios de la Tierra Caliente de Michoacán son de alto riesgo en este materia: Aguililla, Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Tepalcatepec.

Además, observa seis áreas vulnerables del país que podrían favorecer la utilización de explosivos por parte de la delincuencia organizada. La primera de ellas es el internet, desde donde se pueden comprar materiales para la fabricación de artefactos y acceder a cursos en línea para la elaboración de los mismos.

Las otras son la existencia de fabricantes y distribuidores de materiales de este tipo en territorio nacional; las fragilidades en aduanas y almacenes; la disponibilidad de instructores y expertos en explosivos; las oportunidades de transportar estos dispositivos, y las posibilidades de confinamiento clandestino de los explosivos.

La emergencia que ya significan los explosivos utilizados por el narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada ha obligado a la Candesti a elaborar un plan de acción con seis líneas.

El documento cita la necesidad de impulsar un “robustecimiento del marco jurídico”, es decir, reformar leyes y reglamentos para prevenir y sancionar el uso irregular de los explosivos; ejercer control sobre los cursos y talleres que sobre la materia se ofrecen en el país; incrementar el equipo y las capacidades de las autoridades; generar un registro nacional de las personas y las empresas que trabajan con explosivos y precursores; fortalecer la judicialización de los casos, y establecer un sistema de evaluación de las capacidades de atención de los incidentes.

Acciones

El documento contiene un “informe de labores del segundo semestre de 2021”. La Candesti celebró tres reuniones en ese periodo. Se trató de una sesión del pleno, el 29 de septiembre, y dos reuniones de Grupos Operativos, realizadas el 4 de agosto y el 16 de diciembre.

Además, participó en distintas acciones de carácter global o internacional contra el uso de armas químicas, armas biológicas, proliferación de armas de destrucción masiva y terrorismo. Todo en el marco de instrumentos internacionales firmados por México.

Con respecto de las actividades derivadas de la Convención de Armas Químicas, destaca la “atención a discrepancia con Chile sobre diferencias de operaciones comerciales con químicos controlados”. Asimismo, cuatro visitas de inspección en los estados de Veracruz, Morelos y Nuevo León; y siete cursos en esta materia.

Las actividades derivadas de la Convención de Armas Biológicas, la Iniciativa Global contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la Iniciativa Global para Combatir el Terrorismo Nuclear fueron todas reuniones plenarias, con expertos y de Grupos de Trabajo.

Además, a través de la Candesti, México cumplió los compromisos de trabajo con el Centro de Naciones Unidas contra el Terrorismo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera, el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos y el Comité para la Lucha contra el Terrorismo del Consejo de Europa.

La Candesti informa de una “acción estratégica” y “operativas” de tres ámbitos, de julio a diciembre de 2021. La primera consistió en la capacitación de “más de 190 funcionarios” en cinco tópicos: controles a la exportación; respuesta ante incidentes con químicos; uso de tecnologías para primeros respondientes; procedimientos de descontaminación de armas químicas y sustancias tóxicas, y riesgos asociados al terrorismo.

Con respecto de las acciones operativas, en materia de explosivos se dio “atención al fenómeno del uso, desarrollo y confecciones de AEI” [artefactos explosivos improvisados].

Sobre la seguridad física a material radiactivo, se ejecutaron seis “operativos de traslado de fuentes radiactivas de Cobalto 60 y Cesio 137, sin incidentes”.

Y acerca de incidentes con materiales peligrosos, se dio atención a dos alertas de robo de tres cilindros de gas cloro. Fueron recuperados en su totalidad.

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