El Estado mexicano debe abrir un macro caso por el crimen de Ayotzinapa, recomienda el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Ello, porque además de la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales, el “gran operativo” del 26 y 27 de septiembre de 2014 incluyó ejecuciones extrajudiciales, tortura, ataques que dejaron varios heridos y atentados contra la vida de 120 personas. Las nuevas pruebas que el GIEI presenta a la FGR “muestran un entramado que ha permeado las responsabilidades a niveles cada vez más altos”. La Fiscalía ya tiene elementos para actuar contra el exprocurador Murillo Karam y se investigan las cadenas de mando respecto de los exsecretarios Cienfuegos Zepeda, Osorio Chong y Soberón Sanz

El crimen de Ayotzinapa debe investigarse como un macro caso y no como casos individuales, recomienda el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al Estado mexicano. El objetivo: judicializar un solo expediente que englobe las diferentes formas de victimización que acontecieron en el “gran operativo” desarrollado la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y que implicó no sólo la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales, sino también actos de tortura, ataques armados y atentados contra la vida.

Al respecto, el GIEI recuerda que el saldo de ese gran operativo fue de seis personas ejecutadas extrajudicialmente; 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos víctimas de desaparición forzada; 40 personas heridas –algunos, de gravedad– en los ataques, y al menos 120 personas víctimas de persecución y atentados contra su vida (que lograron sobrevivir). Respecto de una de las víctimas mortales, el normalista rural Julio César Mondragón Fontes, su ejecución fue con tal saña que su cuerpo fue desollado del rostro.

En las recomendaciones de su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa –presentado el pasado 28 de marzo–, el GIEI indica que las ejecuciones extrajudiciales (muertes ilegítimas) de seis jóvenes en ese contexto “siguen siendo parte del caso y deben serlo también de la investigación de los hechos, que sucedieron como un gran operativo en donde se dieron diferentes formas de victimización: desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y heridos, y sobrevivientes de los ataques”.

Asimismo, señala que se cuenta con “pruebas nuevas de la cantidad de personas e instituciones involucradas a diferentes niveles en el caso, lo que muestra un entramado que ha permeado las responsabilidades a niveles cada vez más altos. También muestra la actuación, tanto en el momento de los hechos como posteriormente en la construcción de la versión oficial de los mismos, de personas y agentes no sólo del crimen organizado sino de todas las instituciones del Estado”.

Además del informe y pruebas que ha presentado el GIEI ante la Fiscalía General de la República (FGR), esta última institución ya tiene elementos probatorios suficientes en contra del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam. A esas pruebas ahora se suma la videograbación hecha por un dron de la Secretaría de Marina –– en el basurero de Cocula, donde se observa a este exfuncionario arribando al lugar en la mañana del 27 de octubre de 2014, minutos después de que 12 marinos manipularan la escena donde supuestamente fueron incinerados los cuerpos de los 43 normalistas rurales, y días antes de dar a conocer la mal llamada “verdad histórica”.

Además, la FGR investiga las cadenas de mando que actuaron antes, durante y después del gran operativo Ayotzinapa que derivó en el crimen de Estado; en especial, revisa las responsabilidades de los exsecretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; y de Marina Armada de México, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.

El informe del Grupo Interdisciplinario también puede contribuir en ese sentido, pues se documentan una serie de delitos que involucran a estas autoridades. En el caso de la Defensa y Gobernación –de la que dependía el extinto Cisen–, las labores de espionaje en tiempo real que pudieron haber impedido los crímenes; y en el caso de Marina, la manipulación de la escena en el basurero de Cocula.

Las recomendaciones del GIEI

En las recomendaciones de su tercer informe del caso Ayotzinapa, los expertos internacionales abordan los temas del acceso a la información, el fortalecimiento de la investigación, los procesos de búsqueda, la investigación de torturas, el sentido y apoyo a los familiares de las víctimas y la experiencia de otros casos. Asimismo, reitera “la necesidad de agotar todas las recomendaciones del GIEI de conformidad con la medida cautelar [MC/409/14, dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mandató la creación del Grupo Interdisciplinario] y avanzar en todas las hipótesis que se han considerado en los tres informes”.

Estas son sus recomendaciones:

Acceso a toda la información

2. Llevar a cabo la desclasificación y acceso a la información completa que sigue siendo parcial en algunas informaciones y fuentes clave (transcripciones completas de interceptaciones de comunicaciones.
3. Insistir en la búsqueda y entrega del material original –técnicas (mensajes de texto, conversaciones o cualquiera otra)– que dio lugar a los CRFI, recogidos en el Centro de Iguala que estaba a cargo, para 2014, de Sede 27 Batallón de Infantería.
4. Posibilidad de acudir directamente a los archivos de las entidades para buscar la información pertinente para la investigación de parte de la fiscalía general.
5. Que toda la información sea entregada a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa y no se persista por las autoridades castrense u otras en responder a dicha unidad especializada que no se cuenta con información que ha sido entregada al GIEI.

Fortalecimiento de la investigación

6. Evaluar de manera compartida toda la evidencia que se tiene en todas las investigaciones de la Unidad Especializada para que tengan una base común y completa de la información.
7. Utilización de criterios que correspondan a imputación por responsabilidad por cadena de mando o atribución de responsabilidad similar en los casos en donde es evidente.
8. Revisión del concepto de asociación criminal para imputar a todos los integrantes de la organización las conductas planeadas, y las eventualmente dolosas representadas.
9. La necesidad de evidenciar que los funcionarios públicos que participan con una organización criminal hacen parte de ésta.
10. Reiteración de la utilización de investigación de macro casos y no de casos individuales.
11. Utilización de análisis y mapeo geográfico de los delitos. Si bien es cierto se han utilizado de manera aislada no se consolida la información lo que hace perder datos fundamentales para hipótesis, búsquedas y otros.

11.1. Mapas de delitos

11.2. Información geográfica tabulada SIG

11.3. Formatos vectoriales y geocodificación

11.4. Mapas temáticos y prospectivos

11.5. De igual manera métodos estadísticos para la detección de patrones.

12. En investigaciones donde opera una estructura criminal vinculada a actividades de delincuencia organizada debe existir una posibilidad de conocer y compartir los elementos que adelantan las unidades especializadas contra el crimen organizado y la unidad que investiga graves violaciones de derechos humanos.
13. Guardar todos los documentos de todas las instituciones públicas y privadas y evitar su destrucción.
14. Definir la utilización de delitos como desaparición forzada y muertes ilegítimas o ejecuciones extrajudiciales en los casos acontecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 así como considerar todos los hechos delictivos cometidos dentro de un solo caso.
15. Solicitar información a la CNDH sobre adelantamiento de la investigación disciplinaria a las personas de la Oficina Especial para el caso Ayotzinapa. Y realizar una evaluación para adelantar las acciones penales correspondientes por las irregularidades determinadas por la misma Comisión.
16. Seguir en la consecución de medios materiales probatorios independientes para procesar a todos los presuntos perpetradores de la desaparición de los 43 estudiantes y de los demás delitos.

Procesos de búsqueda

17. Sobre búsquedas además de las solicitadas por el GIEI, y las que se están adelantando por datos de informantes, sería fundamental en recabar en toda la información que se tuvo en su momento en las denuncias ciudadanas para evaluar la posibilidad de realizar otras verificaciones.
18. Recoger toda la información de las fosas que se encontraron en octubre en los sectores cercanos a Iguala y camino a los puntos señalados.
19. Avanzar las líneas de recepción y destino de los estudiantes.
20. La utilización de tecnologías para identificar puntos de búsqueda requiere también la experticia necesaria para lograr identificar los elementos necesarios para sugerir posibles lugares por esa razón el georradar, el Lidar y todas las metodologías que se utilicen deben contar con medios –software, equipos adecuados– y herramientas que permitan trabajar el gran número de información que se procesa en el caso Ayotzinapa. Esto implica contar con expertos que puedan realizar esa labor y para ello se requiere capacitación en los sistemas y programas correspondientes.

Investigación de torturas

21. La judicialización de todos los responsables de tortura, obstrucción, simulación, pérdida de información.
22. Posibilitar la investigación en los casos de tortura en donde no se puede oponer ninguna reserva respecto a servidores públicos bien de centro de inteligencia o de otra naturaleza. La tortura es un delito de grave violaciones de derechos humanos, por lo tanto quien impida obtener la información para investigar y procesar a los autores, debe ser investigado.

Sobre los familiares: sentido y apoyo

22. La exigibilidad de no impunidad como elemento central del derecho de la víctima.
23. Los familiares de los desaparecidos han sido el motor de la investigación de este caso, incluso en los peores momentos de negación de los hechos. A lo largo de estos años han sufrido el impacto de la pérdida de sus hijos y la incertidumbre sobre su destino de forma muy lacerante. Siempre esta ha sido su demanda y también la fuerza que ha empujado la investigación, que ha movilizado a los investigadores y a la voluntad política mostrada por el presidente para tener resultados sobre el destino y paradero de los jóvenes, así como son la fuente de sentido para el trabajo del GIEI y el mantenimiento de las medidas cautelares de la CIDH.

Por otra parte, otros familiares de los jóvenes asesinados han seguido con sus demandas de justicia y tratando de rehacer sus vidas. Continúan siendo parte del caso y deben serlo también de la investigación de los hechos, que sucedieron como un gran operativo en donde se dieron diferentes formas de victimización: desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y heridos, y sobrevivientes de los ataques.

24. Este nuevo informe da cuenta, con otras pruebas nuevas, de la cantidad de personas e instituciones involucradas a diferentes niveles en el caso, lo que muestra un entramado que ha permeado las responsabilidades a niveles cada vez más altos. También muestra la actuación, tanto en el momento de los hechos como posteriormente en la construcción de la versión oficial de los mismos, de personas y agentes no sólo del crimen organizado sino de todas las instituciones del Estado. Tomar conciencia de esta dimensión supone para el conjunto de la investigación y para los familiares y víctimas, una conciencia de la profunda gravedad de lo sucedido en este caso a lo largo del tiempo, que necesita un reconocimiento institucional y no sólo una colaboración con el GIEI, la Fiscalía o la Covaj [Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa]. También conlleva la necesidad de mantener una política de información y respuesta a las demandas de los familiares, que ayuden a mantener y profundizar la confianza construida en estos últimos años, sin la cual no hubiéramos llegado a estos resultados, limitados, pero importantes para mostrar la profundidad del cambio que se necesita
25. Debe proporcionárseles información fidedigna y de ninguna forma utilizar su dolor de forma política ni crear falsas expectativas sobre el paradero de los estudiantes. Para ello cualquier entrega de información debe ser rigurosamente analizada antes de emprender acciones por parte de los entes estatales que pueden tener un efecto contraproducente en los y las familiares.

Tener en cuenta esta experiencia en otros casos

26. La forma en que se investigado el caso desde la UEILCA y el apoyo de la Covaj, el diálogo de autoridades del más alto nivel político con las víctimas, los espacios de colaboración y fiscalización por parte de la sociedad civil, actores fundamentales de la lucha contra la impunidad, se deben ampliar, la instrucción de entrega de información por parte de los distintos órganos y la asistencia técnica internacional han mostrado un camino positivo que debería ser el método a aplicar en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Te puede interesar: Caso Ayotzinapa: informe del GIEI revela operación de Estado de Peña Nieto