El martes 26 de octubre se cumplirán 10 años de la ejecución extrajudicial de Carlos Sinhué Cuevas Mejía, estudiante y activista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El manto de impunidad que en 2011 se garantizó a los perpetradores se mantiene impenetrable, a pesar de los compromisos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de “humanidad y justicia”.

Justo es decir que la protección a los asesinos se resquebraja pero no termina de romperse. La tenacidad de Lourdes Mejía Aguilar, la incansable madre de Carlos, encontró oído en sectores de la actual administración de la ciudad, algo impensable bajo el gobierno de Miguel Ángel Mancera y aún en el de Marcelo Ebrard. Incluso, el 4 de marzo de 2020 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) y el Poder Judicial capitalino ofrecieron una disculpa pública por su actuar que permitió que el crimen se mantuviera impune. Claro, tal mea culpa de las instituciones no devuelve la vida a Carlos ni garantiza que se conozca la verdad de lo sucedido ni se haga justicia.

Hoy, a pesar de avances sustanciales mostrados por la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy, se ha llegado a un punto muerto y las investigaciones están prácticamente detenidas, en medio de una maraña de oficios y trámites que demora de manera deliberada la indolente o cómplice burocracia. El caso es que dependencias, principalmente la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del gobierno de la Ciudad y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del gobierno federal, se muestran poco colaborativas para entregar información de lo que pasó aquella noche del 26 de octubre de 2011 en Topilejo, Tlalpan, cuando asesinaron a Carlos, así como de días previos y posteriores al asesinato.

Las pruebas de las indagatorias hoy permiten corroborar de manera fehaciente lo que desde aquel momento señalaron familiares y camaradas de Carlos: que el asesinato no fue producto de un asalto de la delincuencia común. Se trató de una ejecución extrajudicial atestiguada por, al menos, efectivos policiacos. Un video recuperado tras arduas labores da cuenta de que, al momento del crimen, una patrulla se encontraba en el lugar de los hechos. Tal video derrumba el falso reporte presentado por los efectivos de la corporación esa noche, de que llegaron cuando ya todo había terminado. Por determinarse aún si los policías presentes fueron omisos, cómplices o perpetradores del homicidio.

También está pendiente de conocerse qué papel jugó en el lugar de los hechos un efectivo militar. Quedó constancia de su presencia oficial en bitácoras de entonces, aunque no su nombre completo ni su adscripción específica.

Precisamente estas informaciones que faltan para completar el rompecabezas ahora “no se encuentran” o supuestamente no pueden ser rescatadas de los dispositivos en que se guardaron. Se trata de documentos pero también de audios que podrían arrojar luz del papel que servidores públicos tuvieron en la escena.

La Fiscalía ha gestionado, sin éxito hasta el momento, ante la SSC de la Ciudad de México, la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar) estas evidencias.

Por ejemplo, a la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial de la SSC de la Ciudad de México se le han requerido, entre otros documentos, las grabaciones de los audios del Centro de Atención de Llamadas 066 y 089, del radio de Base Plata, de la base de radio de la Unidad de Protección Ciudadana Huipulco-Hospitales, así como de la base de radio de la Dirección General de Investigación Policial Preventiva Planes y Organización Táctica (antes Base Caminante), correspondientes a los días 26 y 27 de octubre de 2011. La dependencia primero comunicó que la información no se podía remitir, ya que los archivos “se encuentran dañados”. Luego, cuando se les pidió que éstos fueran revisados por peritos de la Fiscalía, ya no respondieron.

A la Dirección General de Armamento, dependiente de la Subsecretaría de Operación Policial de la SSC, se le han pedido los reportes de armamento y resguardo individual que remitió la Unidad de Protección Ciudadana Huipulco-Hospitales, correspondientes a septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011. No ha dado respuesta.

Y a la Dirección de la Unidad de Protección Ciudadana Huipulco-Hospitales se le ha solicitado que remita: copia de la fatiga de servicio, la bitácora de radio, la bitácora de armamento, los partes informativos, notas informativas, cuadernillos e incidencias que se generaron el 20 de noviembre de 2009 en la Unidad de Protección Ciudadana Universidad. Ese día, casi 2 años antes de su asesinato, Carlos había sido detenido ilegalmente y amenazado por policías.

A la Sedena y a la Semar se le han solicitado las fatigas de servicio, armamento y las novedades o partes informativos del personal militar que laboró en la Primera Zona Militar los días 25, 26 y 27 de octubre de 2011. Las dependencias simplemente han respondido que no cuentan con esa información sin hacer una búsqueda exhaustiva de la misma.

Familiares y abogados del caso –principalmente del colectivo I(dh)eas Litigio Estratégico– reconocen un trato serio por parte de la Fiscalía y varias de las actuales autoridades de la Ciudad. También, el diálogo y trato respetuoso de la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, y de los fiscales del caso que trabajan para superar las deficiencias y el sabotaje a la investigación que generaron las administraciones pasadas. Pero no es suficiente. Es necesario que la SSC, que encabeza Omar García Harfuch, deje de poner pretextos y entregue la información que se le solicita. Es importante que, lejos de obstruir, colabore en la resolución de este asesinato. La Policía de la Ciudad debe demostrar, con hechos, que bajo el actual gobierno no se da cobijo a criminales ni hay pactos de impunidad.

Por otra parte, hay confianza en que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes responda a las altas expectativas que generó cuando se anunció su conformación para investigar el caso. Conformado por Gerú Aparicio Aviña, psicóloga victimal; María del Pilar Noriega García, defensora de derechos humanos; Sonja Perkic-Krempl, consultora y académica especialista en análisis de contexto en casos de violaciones graves de derechos humanos; Zoraida García Castillo, académica especializada en ciencias forenses, sistema penal acusatorio y derechos humanos; Miguel Ángel Urbina Martínez, asesor y consultor en materia de justicia penal y derechos humanos en América Latina, y Carlos Fazio, catedrático, sus trabajos han demorado por la pandemia; pero estamos seguros que retomarán el caso con la sensibilidad y la seriedad que sus respectivas trayectorias confirman.

Como se recordará, el estudiante Carlos Sinuhé Cuevas Mejía había sido hostigado desde meses antes de su asesinato. El 26 de octubre de 2011 a las 23:15 horas, luego de bajar del transporte público, que de Ciudad Universitaria lo llevó a Topilejo, Tlalpan, caminaba a su domicilio cuando fue atacado por, al menos, dos personas. Su cuerpo recibió 16 impactos de bala.

Fragmentos

Luego de que trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México realizaran protestas pacíficas –que incluyeron la toma de oficinas–, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJCM), Rafael Guerra Álvarez, no tuvo de otra. Reconoció el adeudo salarial y de prestaciones con alrededor de 10 mil empleados, entre otros compromisos ya adquiridos que intentaba desconocer.

Los trabajadores rebasaron a sus sindicatos blancos, que primero pactaron con las autoridades para no demandar nada y ahora tratan de adjudicarse esta victoria parcial lograda por trabajadores independientes y el Colectivo de Trabajadores del TSJCM.

La protesta, que ya empezaba a prender en amplios sectores del Poder Judicial, obligó a Guerra Álvarez a definir la “política salarial del ejercicio 2021”, cuando ya nos encontramos en el último trimestre del año. A diferencia de los años anteriores, y de lo pactado previamente, de un aumento superior al 4 por ciento, sólo se otorgó el 3.2 por ciento directo al salario. Además, se comprometió a pagar vales y bonos que se deben desde el año pasado.

Estaremos atentos a que no se reprima laboralmente a los trabajadores que participaron en estas movilizaciones en defensa de los derechos de todos los empleados. No sólo tuvieron que luchar contra el patrón, en este caso el TSJCM, sino contra quienes debían defenderlos: sus sindicatos.

La mayoría de trabajadores ganan alrededor de 10 mil pesos al mes, muy lejos de los 149 mil del sueldo que el magistrado presidente cobra puntualmente, sin considerar la compensación garantizada que, dicho sea de paso, ha omitido informar en la Plataforma Nacional de Transparencia. Como mínimo, debería mostrar empatía con los empleados.

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