El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (CEDHAPI), celebró la publicación del Protocolo de la Secretaría de Gobernación para la Implementación de Medidas Cautelares y Provisionales Emitidas por los Organismos Internacionales dedicados a la Protección y Defensa de los Derechos Humanos, ocurrida el pasado 12 de agosto, en el Diario Oficial de la Federación.
Se trata, indicó la organización, de un compromiso adquirido por el Estado mexicano en la solución amistosa ante la CIDH P-1014-06, del caso Antonio Jacinto López Martínez, litigado por CEDHAPI que encabeza el abogado Maurilio Santiago Reyes. Ésta fue suscrita el 23 de septiembre de 2015 y homologada y publicada en la página de la CIDH el día 8 de abril de 2019.
Este caso, recordó, fue litigado por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 14 años, y dicho Protocolo fue un compromiso adquirido por el gobierno mexicano como un derecho de las garantías de no repetición.
En un comunicado, CEDHAPI rememoró los antecedentes del caso López Martínez: “el 24 de octubre de 2004, el señor Antonio Jacinto López Martínez fue nombrado como presidente municipal constitucional de San Martín Itunyoso, Tlaxiaco, Oaxaca, por el Sistema Normativo Interno, Usos y Costumbres para el periodo 2005-2007. El 27 de diciembre de 2004, fue amenazado de muerte para que no asumiera el cargo. El 30 de enero de 2005, al intentar tomar posesión, fue víctima de una agresión por arma de fuego. Posteriormente intentaron asesinarlo”.
Añadió que el 29 de julio de 2005, la CIDH otorgó medidas cautelares a su favor. Y que el 8 de septiembre de 2006, se demandó al Estado mexicano ante la CIDH, por violar los derechos humanos de Antonio Jacinto López
Martínez y los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca.
El 17 de octubre de 2011, ante una indebida instrumentación de medidas cautelares, Antonio Jacinto López Martínez fue asesinado en pleno centro de la ciudad de Tlaxiaco. La organización detalló que hasta ahora, la Fiscalía General de Oaxaca no ha esclarecido su muerte.
Por ello, consideró que “este caso refleja la imposición de los intereses políticos de aquel entonces y que desde la Secretaría General de Gobierno ponían y quitaban a los presidentes municipales que no obedecían la línea política del gobierno del estado. Estos hechos ocurrieron en el mandato del gobernador Ulises Ruiz Ortiz; y fue el entonces subsecretario de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, quien operó el desconocimiento de Antonio Jacinto López Martínez como presidente municipal de San Martín Itunyoso”.
Para CEDHAPI, este “protocolo será de gran utilidad y servirá de guía y fundamentación para una debida implementación de medidas cautelares otorgadas por organismos internacionales de derechos humanos”. Asimismo, consideró que” es un precedente para la creación de una Ley General de Implementación de Medidas Cautelares otorgadas por Organismos Internacionales de Derechos Humanos.
Otros compromisos que el Estado mexicano asumió en la solución
amistosa 35/19, es precisamente la presentación de un Proyecto de Ley sobre Implementación de Medidas Cautelares al Congreso del Estado de Oaxaca para la creación de una Ley Estatal de Implementación de Medidas Cautelares en Oaxaca. Por ello, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas reconoció el cumplimiento del Estado mexicano en publicar en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo. En ese contexto, solicitó que se cumpla con el compromiso de imprimir los ejemplares suficientes para su lanzamiento.
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