Con una inversión de 6 mil millones de pesos, la Comisión Nacional del Agua arrancó a principios de año la construcción de la presa Santa María, en el estado de Sinaloa, “obra estratégica del gobierno mexicano”, cuando en esa dependencia aún despachaba Blanca Elena Jiménez Cisneros, una experta ingeniera ambiental que ha sido designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la embajada de México en Francia.
El propósito de dicha inversión millonaria es suministrar agua para el riego de 24 mil 250 hectáreas, abastecer agua potable a 429 mil 600 habitantes, proteger a la población ante escurrimientos y generar energía eléctrica.
Hasta aquí todo parece normal en una obra necesaria e importante para el desarrollo de esa región norteña del país, como ocurre con otras grandes inversiones que lleva a cabo el gobierno federal en su política de obras públicas para beneficio de la sociedad; sin embargo, al investigar quiénes están al frente de esta construcción, encontramos que Jiménez Cisneros contrató para desarrollar este proyecto, y mediante outsourcing, a un grupo de exfuncionarios recientemente despedidos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que salieron en medio de señalamientos e investigaciones por supuestos abusos e irregularidades, encabezado precisamente por quien fuera el subsecretario de Infraestructura, Cedric Iván Escalante Sauri, quien además había logrado por todos los medios meterse en la agenda del presidente López Obrador y, mediante grillas, buscó hasta el final sustituir al actual secretario Jorge Arganis, lo cual no logró.
Iván Escalante dejó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace poco más de 2 meses, cuando el presidente López Obrador ordenó su cese después de conocer un expediente que le presentaron los órganos de inteligencia sobre las empresas “favoritas” del entonces subsecretario que se contrataban para desarrollar las obras en los Centros de la SCT en varios estados del país.
A escasos 2 meses de haber salido de la Subsecretaría y de haber fracasado en su intento por convertirse en titular de la SCT, el exfuncionario de inmediato integró un equipo con sus incondicionales, quienes también habían ocupado cargos importantes en esa dependencia durante la actual administración y los identifican como el grupo que ayudaba a “aceitar la red de los Centros SCT”.
Con Cedric Escalante como jefe del proyecto para dicha obra, sus colaboradores son quien fuera secretario particular del exsecretario Javier Jiménez Espriú, Alfonso Mayo; el extitular de la Unidad de Administración y Finanzas (oficial mayor), Eduardo González Ruiz, y el extitular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Carlos Francisco Sánchez Valencia, con quienes ahora podrá contratar empresas y servicios para gastar los 6 mil millones de pesos del presupuesto de Conagua para la construcción de dicha presa.
Será ahora responsabilidad de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, vigilar que no haya desvíos, sobreprecios, ni empresas favorecidas de manera ilícita con contratados asignados para dicha obra, sin descontar que habría que revisar también si no hay algún conflicto de interés porque estos exfuncionarios que hasta hace poco ocupaban puestos clave en la SCT para la construcción de obra pública en todo el país, ahora aparezcan de repente para la construcción de la presa Santa María y se considere que es el nuevo equipo de “enlace de la Presidencia” para la construcción de presas.
Actualmente, la SCT cuenta con 31 Centros, uno por cada estado de la República, y en la mayoría de ellos sus directores vienen de administraciones pasadas, cuando el PRI y el PAN gobernó este país y varios de esos funcionarios hasta son militantes de esos partidos, así que las mañas y las corruptelas han sido una constante en el gasto para la construcción de infraestructura y obra pública por la corrupción que ha imperado en esas áreas y que hasta ahora ha sido difícil erradicar.
Por lo pronto, sería bueno que los directores de los Centro SCT que han rebasado la edad de jubilación, fueran ya retirados y pensionados, pues de acuerdo con informes internos las dos terceras partes de esos directivos (20) ya están en tiempo de retiro y con ello limpiar más rápidamente la corrupción que por décadas ha caracterizado el gasto de infraestructura en obra pública.
Aunque desde Palacio Nacional se ordenó el cese del subsecretario de Infraestructura, parte de su equipo aún opera dentro de la SCT, sin que hasta ahora el secretario Jorge Arganis haya terminado por limpiar esa importante área, como por ejemplo quien fuera el brazo derecho de Cedric Escalante, el director general de Carreteras, Francisco Raúl Chagoya Cárdenas, quien aún continúa en el cargo y mantiene informado al exsubsecretario de todo lo que sucede en esa dependencia.