A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de Kano y de los pueblos indígenas de Surinam, el gobierno continúa ignorando los derechos de los pueblos originarios

Paramaribo, Suriname. Desde la independencia de Suriname de los Países Bajos, hace casi 50 años, los pueblos indígenas y tribales del país han luchado para que se reconozcan sus derechos sobre la tierra.

“Somos los habitantes originales del país y hay que proteger nuestros derechos”, declaró Sergio Jubithana con la Asociación de Jefes de Aldeas Indígenas de Suriname (VIDS) en febrero. Es el jefe o kapitein de Hollandse Kamp, una aldea indígena del distrito de Para, en el norte del país continental caribeño y sudamericano, donde el gobierno ha otorgado concesiones madereras. “Es lamentable ver cómo nos tratan. Pero no vamos a seguir aceptando que se pisoteen nuestros derechos”.

Suriname es el único país de Sudamérica que aún no ha consagrado los derechos territoriales indígenas en su Constitución. Ello a pesar de una sentencia histórica dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la tribu Saamaka, en 2007. Anteriormente, había presentado una demanda contra el Estado alegando, el cual otorgó concesiones en sus tierras sin su consentimiento.

Aunque su caso se ganó hace 17 años, aún no está claro cuándo el proyecto de ley de derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales se aprobará en la Asamblea Nacional. El mismo protegerá y regulará los derechos sobre la tierra de los saamaka y otros grupos, y fue presentado por primera vez en 2021.

En los últimos años, las tensiones entre estas comunidades y el gobierno se han intensificado debido a las continuas concesiones a empresas madereras y de oro en el territorio que reclaman. Según afirman, han afectado a sus medios de subsistencia y formas de vida tradicionales.

Los desafíos de no ser reconocidos

Según el censo más reciente, de 2012, en Suriname, viven unos 20 mil indígenas. Residen en más de 50 aldeas y representan casi 4 por ciento de la población total. Como sus territorios aún no están reconocidos, les ha resultado difícil desarrollar infraestructuras locales como escuelas y hospitales, o firmar acuerdos financieros con bancos o inversores para poner en marcha empresas.

Los cimarrones de Suriname, por su parte, se enfrentan a retos similares. Los cimarrones, descendientes de africanos que escaparon de la esclavitud en Sudamérica, son la segunda etnia más numerosa del país. Sus 120 mil habitantes viven en aldeas de los distritos del norte y el sur del interior, lejos de Paramaribo, la capital y el principal centro urbano y puerto.

Los saamaka son una de las seis tribus cimarronas de Suriname. Como muchas otras comunidades tradicionales, se enfrentan desde hace tiempo a las amenazas de las actividades mineras y madereras, como el desplazamiento forzoso y la contaminación de las fuentes de agua potable.

Además, como estas actividades se han llevado a cabo mediante concesiones, estas zonas han quedado vedadas a los indígenas para las actividades tradicionales de subsistencia.

“Vivimos de nuestros terrenos agrícolas y los hombres de la aldea tienen que ganarse la vida con la caza y la pesca”, afirma Chevani Kassels, presidenta de una organización de mujeres de Pikin Saron, una aldea indígena del norte del distrito de Para. “Si otorgan todos nuestros bosques en concesión, ¿cómo vamos a sobrevivir?”.

En mayo de 2023, las protestas antigubernamentales en Pikin Saron se convirtieron en disturbios, en los cuales murieron dos personas. Los manifestantes habían expresado su descontento por la falta de derechos sobre la tierra.

En medio de las elevadas tasas de desempleo, los habitantes también mostraron su disconformidad con la empresa minera estatal Grassalco, por lo que, según ellos, eran promesas incumplidas de oportunidades de trabajo en una mina de oro de su pueblo, situada en la zona de concesión.

“Tras los disturbios del 2 de mayo, nada ha cambiado. Seguimos viviendo en la pobreza. No hay empleo para los hombres del pueblo, por lo que les resulta difícil mantener a sus familias”, afirma Angela Zaalman, miembro del consejo local.

Afirma que se siguen otorgando concesiones y renovando las caducadas, a pesar de que el presidente del país, Chan Santokhi, prometió lo contrario tras las manifestaciones. “Todos los días pasan por aquí decenas de camiones madereros, delante de nuestras narices, pero el desarrollo de nuestra comunidad se está quedando atrás”.

La lucha de los cimarrones

Las seis tribus de cimarrones, incluidos los saamaka, han conservado en gran medida su modo de vida tradicional. Al igual que los grupos indígenas del país, viven de la caza, la pesca y la medicina ancestral.

Décadas de discriminación en diversos ámbitos, como la educación y el empleo, han contribuido a que indígenas y cimarrones se encuentren entre los grupos más desfavorecidos del país: tres cuartas partes de la población cimarrona estaba clasificada como empobrecida en un estudio realizado por VIDS en 2020.

Casi todas las aldeas indígenas y cimarronas dependen económicamente de las subvenciones estatales para llevar a cabo proyectos locales de infraestructura y construcción.

Según el estudio del VIDS, casi dos tercios de la población indígena del país vive en la pobreza y carece de educación, atención sanitaria, electricidad y agua potable de calidad.

En muchas partes del país, el agua de los ríos está contaminada por el mercurio utilizado en las actividades de extracción de oro, realizadas en gran parte por grandes empresas, lo que obliga a algunos aldeanos a abandonar sus hogares.

En la aldea cimarrona de Nieuw Koffiekamp, a unos 100 kilómetros al sur de Paramaribo, en el distrito de Brokopondo, los residentes describen un sentimiento predominante de impotencia.

Desde 1994, la aldea se ha visto arrastrada a una zona de concesión de minas de oro adquirida por primera vez por la empresa minera canadiense Golden Star Resources, y los residentes se resistieron a un intento inicial del gobierno de reubicarlos.

Al parecer, los conflictos y la intimidación hacia los aldeanos han continuado durante años. Organizaciones no gubernamentales afirman que las tensiones han persistido, incluso cuando la propiedad de la mina ha cambiado de manos en múltiples ocasiones. Rosebel Gold Mines se fundó en 2002, cuando la minera canadiense Cambior se hizo cargo de Golden Star.

Luego, Cambior fue a su vez adquirida por la también canadiense Iamgold Corporation en 2006, antes de que Rosebel fuera adquirida por la empresa china Zijin Mining Group en 2023.

Chester Darius, líder juvenil de la aldea que participó en las protestas, afirma que los jóvenes aldeanos exigen prioridad para los puestos de trabajo en la mina de oro, dado el impacto que las actividades han tenido en su vida cotidiana.

“Los jóvenes del pueblo no tienen trabajo. Por eso estamos aquí sentados mirándonos unos a otros [sin hacer nada]”, dice Darius. “Esperamos que el gobierno intervenga antes de que las protestas avancen”.

De igual manera, los activistas de Nieuw Koffiekamp pidieron a Zijin Rosebel Gold Mines que permitiera practicar la minería a pequeña escala en las zonas inactivas. En éstas, no se lleva a cabo ninguna actividad de extracción.

A pesar de las nuevas protestas de los aldeanos en enero, “no se ha resuelto nada”, dice Darius. “Contamos con que la empresa atienda nuestros pedidos, de lo contrario volveremos a actuar”.

Dialogue Earth se puso en contacto con Zijin Rosebel Gold Mines y Grassalco para que comentaran las protestas, pero en el momento de la publicación no se había recibido respuesta.

Según datos del gobierno, el oro representa más del 80 por ciento de las exportaciones totales de Suriname, mientras que la minería representa algo más del 30 por ciento de los ingresos del sector público. Aunque no hay cifras oficiales sobre la madera, gran parte se exporta como troncos.

Ante estas cifras, el reconocimiento de los derechos sobre la tierra es una solución duradera a las injusticias que sufren los habitantes del interior que “hará que los nativos y tribales dejen de depender del gobierno”, afirma Ruben.

Aunque en los últimos meses se ha producido una oleada de protestas por el reconocimiento legal de los derechos territoriales indígenas, la reivindicación de esta protección tiene una larga historia, que se remonta a la independencia del país en 1975.

Desde entonces, la antigua colonia neerlandesa ha sido testigo de acciones periódicas por parte de los residentes del interior para el reconocimiento de su territorio.

Una de las primeras acciones de concienciación sobre la cuestión de los derechos sobre la tierra tuvo lugar apenas un año después. En diciembre de 1976, en una marcha de protesta, hombres indígenas pertenecientes a Kano, un grupo activista que representaba a los pueblos kaliña y lokono, recorrieron a pie casi 140 kilómetros desde la ciudad fronteriza de Albina hasta Paramaribo.

Sin embargo, en los años transcurridos desde entonces, los sucesivos decretos y leyes sólo han servido para que los bosques y recursos naturales del país pasen a ser propiedad del Estado, incluidas las zonas habitadas por comunidades indígenas y cimarronas.

Asimismo, el gobierno ha anunciado su intención de convertir varios cientos de miles de hectáreas de bosques en tierras agrícolas, lo que ha generado la preocupación de activistas y organizaciones ecologistas.

Este pequeño país sudamericano suele describirse como el más boscoso del mundo, con más del 90 por ciento de su superficie cubierta de bosques.

En noviembre de 2015, ocho años después del veredicto a favor de los saamaka, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de Kano y de los pueblos indígenas de Surinam, en un caso que declaraba al Estado culpable de violar su marco de derechos humanos al impedir a los pueblos acceder a partes de sus tierras históricas y ancestrales.

Ambas sentencias ordenaron al Estado a reconocer los derechos sobre la tierra de indígenas y cimarrones en un plazo de 18 meses. Sin embargo, casi 10 años después de la última sentencia, Suriname aún no ha cumplido esa orden ni ha emitido ninguna declaración oficial al respecto.

Hoy, la lucha continúa. “Lo más importante es el reconocimiento de nuestros derechos territoriales. Después de eso, podremos desarrollar nuestros territorios”, afirma Hugo Jabini, experto jurídico y miembro de la Asociación Comunitaria Saamaka.

Fue uno de los principales responsables de llevar el caso de su pueblo a los tribunales. Asegura que su organización iniciará en breve una campaña nacional de concienciación, en la cual se volverá a insistir en la importancia de los derechos sobre la tierra para las comunidades indígenas y tradicionales. “Va a ser difícil, pero estamos obligados a seguir con esta lucha”.

 

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