El juez Brian Cogan, de la corte federal del Distrito Este de Nueva York, condenó a poco más de 38 años de prisión a Genaro García Luna, brazo derecho de Felipe Calderón y exsecretario de Seguridad Pública, por su responsabilidad al conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar cocaína a Estados Unidos.
Cogan indicó que por cada uno de los cuatro cargos de narcotráfico le condenaba a 460 meses de prisión (38 años 3 meses), y a una multa de 2 millones de dólares; además de 5 años de libertad supervisada, una vez que cumpla la sentencia. Y por el quinto cargo relacionado con falsificación de declaraciones ante la autoridad, otros 6 meses.
Las cinco condenas corren al mismo tiempo, por lo que García Luna pasará otros 33 años en la cárcel, pues 5 años ya los cumplió previamente (fue detenido en diciembre de 2019 y desde entonces ha estado privado de la libertad).
De acuerdo con medios internacionales, al inicio de la audiencia, el juzgado detalló que el exsecretario de Felipe Calderón no se declaró públicamente culpable ni aceptó haber conspirado con el crimen organizado para traficar cocaína, porque su defensa apelará la sentencia con el mismo argumento que ha sostenido –y que no ha podido probar–, de que su cliente es “no culpable”.
Esta tarde, García Luna fue calificado por el juez como un “doble vida”, y le recriminó que en prisión intentó sobornar a otros reos para que declararan en su favor. No obstante, destacó que en prisión ha ayudado a otros presos al darles clases. Acerca de su defensa, dijo que los premios que le otorgaron representantes del gobierno de Estados Unidos cuando era servidor público del gobierno mexicano [en los sexenios de Vicente Fox y Calderón] no prueban su no culpabilidad, sino precisamente su doble vida.
Culpable, por unanimidad del jurado
El 21 de febrero de 2023, el amigo del panista Felipe Calderón Hinojosa fue declarado culpable de los cinco cargos que le imputó la fiscalía de Estados Unidos, y por los cuales fue sometido a juicio –durante un mes, del 23 de enero al 23 de febrero del año pasado– en la Corte federal del Distrito Este de Brooklyn que encabeza el mismo juez Brian Cogan.
Por unanimidad, los 12 ciudadanos y ciudadanas integrantes del jurado determinaron el año pasado que el exdirector de la Agencia Federal de Investigación en el sexenio de Vicente Fox es responsable de cometer de forma intencional los siguientes crímenes:
- Pertenecer a una empresa criminal de forma continuada.
- Formar parte de una conspiración internacional para distribuir cocaína.
- Conspirar para distribuir y poseer cocaína con intención de distribuirla.
- Conspirar para importar cocaína.
- Falsificar declaraciones.
El proceso de deliberación de los jurados inició el 16 de febrero de 2023 a puerta cerrada, luego de que el juez Cogan les diera la instrucción, en la que les pidió no tomar en cuenta opiniones, juicios de valor ni sentimientos, sino sólo pruebas y hechos. Además de que les recordó que no se estaba juzgando a los otros criminales confesos que participaron como testigos colaboradores de la Fiscalía, sino la intencionalidad de García Luna en la conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos.
Cuentas pendientes
Además de sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, el exfuncionario federal tiene otras cuentas pendientes tanto en Estados Unidos como en México. Ejemplo de ello es el caso de peculado, por el cual el gobierno del expresidente López Obrador señaló a García Luna –quien ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública de diciembre de 2006 a noviembre de 2012– por una riqueza inexplicable superior a los 1 mil millones de dólares. De ese monto, más de 700 millones de dólares (más de 13 mil millones de pesos) los habría obtenido mediante contratos irregulares con dependencias federales y la procuraduría capitalina.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana, la Policía Federal, el OADPRS (Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social), el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y la Procuraduría General de Justicia capitalina otorgaron contratos fraudulentos –en los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto– a las empresas de García Luna: Nunvav, Inc; Nunvav Technologies, Inc; Nice Systems, Ltd; y GLAC.
Además de la indagatoria sobre presunto peculado –cuya denuncia se presentó en una corte estadunidense de Florida, pues ahí se encuentran las residencias y vehículos de lujo de García Luna–, el gobierno de México también mantiene abiertas investigaciones contra el exfuncionario calderonista por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y el pago de sobornos del crimen organizado, que habría aceptado desde el gobierno de Vicente Fox cuando se desempeñaba como titular de la Agencia Federal de Investigaciones.
La lista de averiguaciones contra García Luna es mucho más amplia e incluye una línea por su participación en el operativo Rápido y Furioso, con el que los gobiernos mexicano y estadunidense entregaron –en 2009– más de 2 mil 500 armas de alto poder a la organización criminal entonces encabezada por Joaquín el Chapo Guzmán, mismas que han cobrado la vida de decenas de personas, incluidos inocentes.
Además, las autoridades mexicanas siguen la pista a las relaciones de complicidad y negocios que García Luna tejió con medios de comunicación y periodistas, no sólo para mostrar una imagen favorable de él, sino para realizar montajes mediáticos de supuestos golpes al crimen organizado. Tema que ya no se abordó a profundidad en la Corte de Brooklyn.
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