En sesión privada y por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) para que se diera resolución pronta y expedita a todos los medios de impugnación presentados en contra de la reforma judicial, promulgada el pasado 15 de septiembre.
Así, la mayoría del pleno del máximo tribunal rechazó dar certeza al proceso de elección de jueces, magistrados y ministros que ya está en marcha, y que culminará el 1 de junio de 2025.
Al respecto, la ministra Lenia Batres Guadarrama propuso que “se solicitara al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que expida un acuerdo exhortando a juzgados y tribunales que tengan procesos abiertos contra la reforma judicial para que los declaren sobreseídos y desechados, con base en el principio de supremacía constitucional, reafirmado recientemente en el decreto del 31 de octubre pasado, donde se reiteró que cualquier reforma constitucional es impugnable”.
La juzgadora informó –a través de un comunicado de prensa– que también expuso a los ministros y ministras, que la SCJN sí cuenta con atribuciones para solicitar al CJF la expedición de los acuerdos generales necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, así como de su intervención para el adecuado funcionamiento entre los órganos del Poder Judicial de laFederación. Ello, conforme al artículo 11, fracciones XIX yXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Además, la ministra Lenia Batres añadió que “el decreto del 31 de octubre advierte en uno de sus artículos transitorios que ‘los asuntos que se encuentre en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto’. Por tanto, es un hecho notorio que tiene efectos inmediatos y que es aplicable a todos los procesos pendientes de resolución al momento de su entrada en vigor”.
Con esta propuesta, expuso, todos los juicios contra la reforma electoral se habrían declarado sin materia. Con ello se podría continuar con los preparativos para la elección judicial sin amenazas de multas o sanciones aún más graves contra los funcionarios del INE. De estos últimos, indicó que sólo cumplen con sus obligaciones legales que establece la Constitución ya reformada.
“Procede que el Consejo de la Judicatura Federal emita un acuerdo en ese sentido, con el propósito de que las personas juzgadoras dejen de generar una expectativa de una resolución que, en todo caso, sería inconstitucional. Incluso, cabe que en dicho acuerdo se aperciba a las personas juzgadoras con las medidas que resulten procedentes, de acuerdo con la responsabilidad administrativa en la que incurrirían”, señaló la ministra en la argumentación de su propuesta. Sin embargo, tanto la solicitud del INE como la propuesta de la ministra Batres fueron rechazadas por la mayoría del pleno de la Suprema Corte, que encabeza la ministra Norma Piña.
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