Investigaciones de la Semarnat y la Función Pública encontraron irregularidades sistemáticas en la operación de la Dirección General de Vida Silvestre. De 13 funcionarios investigados, 12 han renunciado. Las anomalías detectadas alcanzan a la exdirectora María de los Ángeles Palma Irizarry, hoy al frente de Bienestar Animal de Ostok Sanctuary, de Ernesto Zazueta, el presidente de la AZCARM. Entre las conductas que se investigan: usurpación de funciones, alteración de documentos y emisión de instrumentos falsos para legalizar extracciones, ingresos al país, donaciones, explotación, custodias y venta al extranjero de especies amenazadas y en peligro de extinción. Una denuncia penal involucra a un exsubdirector, un exjefe de Departamento y un exenlace técnico por presunta colusión en el tráfico ilegal de pepino de mar, borrego cimarrón, rana pinta, tampicirán y aves acuáticas

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suma 12 funcionarios separados de sus cargos por incurrir en prácticas que podrían inscribirse en tráfico ilegal de especies. Todos han presentado sus renuncias al conocer la apertura de expedientes por actos que podrían constituir conductas delincuenciales. Una persona más permanece en su cargo, a pesar de las indagatorias en su contra.

La mayoría de los señalados pertenecieron a la propia Dirección General de Vida Silvestre y, de acuerdo con los expedientes, las conductas investigadas por probablemente ilegales se realizaban de manera organizada y sistemática.

Entre las personas denunciadas ante el Órgano Interno de Control (OIC) se encuentra la propia exdirectora general de Vida Silvestre María de los Ángeles Palma Irizarry, quien dejó el cargo el 5 de enero de 2022. A los pocos días, ya era la directora de Bienestar Animal de la empresa Ostok Sanctuary, cuyo propietario es el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), José Ernesto Zazueta. La exfuncionaria también es vicepresidenta de Bio Animal Wild International.

Otros investigados ante el OIC son Florentino Chillopa Morales, quien hasta el 29 de junio de 2023 se desempeñó como subdirector de Gestión para el Aprovechamiento en Vida Libre; Mauro Iván Reyna Medrano, hasta el 16 de junio de 2022 jefe del Departamento de Análisis para el Aprovechamiento en Vida Libre, y Viridiana Contreras Castillo, enlace técnico adscrita a la misma área.

Más exfuncionarios con expedientes abiertos ante el OIC son Jorge Alberto Duque Sánchez, quien fuera director general de Manejo de Vida Silvestre hasta el 5 de enero de 2022; Víctor Manuel Campuzano Ocampo, subdirector de Sanidad hasta el 30 de junio de 2022; Ricardo Pérez Albarrán, enlace Técnico en Autorizaciones hasta el 3 de noviembre de 2023; Jaime Antonio Juárez Hernández, técnico especializado hasta el 15 de septiembre de 2023.

También fueron denunciados ante el OIC Andrés González Rodríguez, coordinador del Centro Integral de Vida Silvestre hasta el 31 de diciembre pasado; Catalina Ramírez Aburto, profesional ejecutivo en la Semarnat hasta el 29 de agosto de 2023; Antonio Rivas Vera y José Guadalupe Camacho Zúñiga, enlaces técnicos en Contacto Ciudadano hasta el 29 de mayo de 2022. Una persona más, que aún trabaja en la Semarnat, está sujeta a investigación.

Los expedientes, que obran en la Secretaría de la Función Pública (SFP), y a los cuales Contralínea tuvo acceso, dan cuenta de la alteración o falsificación de documentos para que supuestamente particulares pudieran beneficiarse con la explotación, apropiación o comercialización de especies; varias de ellas en riesgo o peligro de extinción. En los documentos, se advierte de hechos que derivaron en una denuncia penal que involucra a tres exfuncionarios: Florentino Chillopa Morales, Mauro Iván Reyna Medrano y Viridiana Contreras Castillo.

La querella, que también se interpuso contra quienes resulten responsables, fue presentada por la propia Semarnat el 28 de julio de 2022, de acuerdo con los expedientes en la SFP.

Destaca la emisión de autorizaciones, supuestamente ilegales, para la captura, explotación y comercialización de pepino de mar (Isostichopus fuscus), borrego cimarrón (Ovis canadensis mexicana), rana pinta (Lithobates forreri), tampicirán (Dalbergia granadillo) y diversas aves acuáticas.

De acuerdo con los expedientes, integrados con actas de hechos, sólo por estas especies explotadas o comerciadas irregularmente se beneficiaron cuatro personas morales y 31 personas físicas; una de ellas, pareja sentimental de Chillopa Morales.

Una de las actas de hechos da cuenta de amenazas de muerte anónimas contra uno de los funcionarios que realiza las investigaciones en la Semarnat. Se señala que recibió en su correo electrónico un mensaje con el asunto: “plata o plomo” (sic); y en el cuerpo del texto: “Bajale 2 rayitas cabron” (sic).

Alteración de documentos, ampliación de permisos…

Con respecto del pepino de mar, la especie se encuentra en riesgo, enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, sujeta a protección especial.

El pepino de mar es altamente demandado en mercados de Asia, pues se le atribuyen cualidades medicinales, alimentarias, cosméticas y afrodisiacas. Por ello, en China, el kilogramo de esta especie puede superar los 3 mil dólares.

Lo cierto es que esta especie es de alto valor ecológico por las funciones que desempeña en los ecosistemas marinos; particularmente en las lagunas costeras y las trincheras oceánicas. Aporta nutrientes y remueve el sedimento oceánico.

La extracción de pepino de mar no está prohibida totalmente en México. Sin embargo, requiere de un plan de manejo que garantice que se no ponga en riesgo inminente su supervivencia como especie. Los estados donde se aprovecha son Sonora, Baja California y Jalisco. Las autorizaciones establecen que pueden extraerse en horarios diurnos, pues los ejemplares reproductores, es decir, los de tallas grandes, se encuentran a profundidades mayores de 30 metros. Por la noche ascienden por encima de esos 30 metros, precisamente para reproducirse.

En abril de 2017, estudios realizados por el entonces Consejo de Ciencia y Tecnología (Conacyt) establecieron que la densidad de población de la especie en Baja California había disminuido 10 veces en los 10 años previos. Por ello, se dispuso que reducir al mínimo posible las cuotas de aprovechamiento.

Para evitar la extinción del pepino de mar, en mayo de ese año se establecieron modificaciones al plan de manejo de la especie. Las medidas, establecidas por la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat, fueron acordadas con la sociedad civil que directamente aprovecha el pepino de mar. Entre ellas, destaca:

“Importante, la captura será exclusivamente diurna, comenzando al amanecer y hasta media hora antes de anochecer.”

Sin embargo, en 2020, el entonces subdirector de Gestión para el Aprovechamiento en Vida Libre, Florentino Chillopa Morales, y Mauro Iván Reyna Medrano, que en ese tiempo era jefe del Departamento de Análisis para el Aprovechamiento, elaboraron de manera unilateral un plan de manejo para el pepino de mar sin tener atribuciones para ello. Incluso lo publicaron en la sección de documentos de la página electrónica de la Semarnat.

De ello, se valieron distintos aprovechadores para extraer pepino de mar por la noche de manera masiva y sin que la especie tuviera la posibilidad de recuperar sus poblaciones. La encargada de autorizar las extracciones fue la Dirección de Vida Silvestre, sorprendida en ese momento por Chillopa, con base en los nuevos lineamientos modificados ilegalmente.

En los documentos, se advierte que ambos servidores públicos –Chillopa Morales y Reyna Medrano–, al momento de los hechos, “tenían un interés particular y económico en otorgar esa autorización para obtener un lucro económico a su favor”.

No sólo se autorizó la extracción nocturna de la especie, sino también se amplió el periodo de temporada hábil de aprovechamiento. Para ello, se emitieron 19 oficios. Incluso, se alteraron documentos internos de la Semarnat y, en dos ocasiones, se emitieron autorizaciones de manera expedita, en 3 días hábiles, cuando este tipo de aprobaciones demoran 30 días hábiles.

Se advierte en los documentos del OIC que los funcionarios actuaron de manera organizada junto con los beneficiarios de las extracciones. Se trata de una persona moral y 21 personas físicas.

Con respecto del tampicirán, se trata de un árbol, cuya madera es considerada preciosa y altamente demandada en China. La Ley General de Vida Silvestre dispone de varios requisitos para que pueda ser explota. De hecho, la especie es protegida internacionalmente. Por ello, cada exportación, importación o reexportación debe contar con autorización certificada en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

Asimismo, se establece que los aprovechamientos sólo podrán asignarse por un periodo máximo de 180 días por zona. Sin embargo, de acuerdo con los expedientes que obran en la SFP, se encontraron autorizaciones ­–otra vez operadas por Chillopa Morales y Reyna Medrano– por el doble: 360 días, es decir, casi un año.

Es el caso de una autorización de  aprovechamiento comprendida entre el 14 de septiembre de 2020 y el 14 de septiembre de 2021, cuyos beneficiarios fueron una persona física y tres morales. Otras autorizaciones fueron incluso gestionadas por la exservidora pública Viridiana Contreras Costilla.

En lo que se refiere a la rana pinta, se trata de una especie de anfibio que habita bosques tropicales húmedos y secos. Para su aprovechamiento, se delimitan polígonos de extracción, de acuerdo con el respectivo plan de manejo.

Según los documentos, Florentino Chillopa Morales y Mauro Iván Reyna Medrano establecieron arbitrariamente, el 9 de agosto de 2019, los polígonos a explotar sólo con la consulta a los interesados en realizar las extracciones. Además, se otorgaron periodos de aprovechamiento por más tiempo que lo que marca la normatividad: 180 días.

Las autorizaciones no tuvieron sustento científico, técnico ni legal, según el acta de hechos. Por ello, se advierte de nueva cuenta que los exfuncionarios supuestamente habrían obtenido lucro económico por medio de sobornos.

Con respecto del borrego cimarrón y de las aves acuáticas, se encontraron sendas autorizaciones de extracción emitidas en 2021. Ambas fueron en gestionadas por Laura Elena Gómez Montes, a quien se identifica en las actas como pareja sentimental de Chillopa Morales.

Entre las supuestas irregularidades, se señala que la subdirección que encabezaba el exfuncionario fue la misma encargada de emitir los permisos para su pareja. Los trámites, que demoran un mes, se solventaron en sólo ocho y nueve días, respectivamente.

Zósimo Camacho / Primera parte

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