El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF nacional) ya ha recomendado a DIF estatales que no envíen niños y niñas víctimas de trata a los refugios de la organización Unidos vs Trata, propiedad de la panista Rosi Orozco –Rosa María de la Garza Ramírez–. Ello, luego de que se han documentado violaciones a los derechos humanos de tres niños víctimas de trata que fueron violados sexualmente en uno de esos albergues.
“Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de romper relación con ese tipo de albergues, pero necesitamos una cosa como gobierno y es saber a dónde van a ir esas víctimas de trata. Necesitamos que el gobierno empiece a operar albergues para víctimas de trata y eso es todo un tema, porque requiere atención psicológica, un tema de seguridad muy cuidadoso”, indica en entrevista con Contralínea Nuria Fernández Espresate, titular del DIF nacional.
Agrega que lo mismo sucede con los llamados “anexos”, por lo que es necesario “que todos estos encierros de gente victimizada empiecen a funcionar de otra manera, en un lugar donde no se les victimice dos veces”.
La funcionaria explica que desde que Contralínea expuso el tema en la conferencia presidencial, el DIF nacional se coordinó con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y con el área de la Secretaría de Gobernación que dirige Félix Santana, y que se encarga directamente del tema de trata. Nuria Fernández agrega que es la Procuraduría de los menores la institución que ve directamente el asunto.
De acuerdo con la funcionaria, el DIF nacional no puede tomar decisiones respecto del futuro de los albergues de Rosi Orozco. “Nosotros tenemos una limitación, no es facultad de nosotros cerrar albergues; esto tendría que depender de una instancia jurídica, por ejemplo, la Fiscalía [General de Justicia de la Ciudad de México]. Tendría que ser una orden de otro tipo, producto de un proceso. Lo que nosotros estamos haciendo es impulsar que se supervise el asunto”.
La titular del DIF nacional apunta que a pesar de que el albergue donde ocurrieron las violaciones sexuales de los tres infantes no se ha cancelado, se está supervisando tanto por Procuraduría como por la Fiscalía de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría de los menores.
“Si Contralínea me preguntara qué debilidad tiene todavía el DIF [nacional] yo diría: el registro de las casas de asistencia social. Nos falta registrarlos mejor. Tenemos un registro de los centros de atención a primera infancia de 13 mil; tenemos más o menos la idea de que hay unas 1 mil 800 casas de asistencia social de distintos rangos, pero sólo tenemos registradas 150. Una debilidad del DIF en la que vamos a esmerarnos en las próximas semanas es el registro de los centros de asistencia social”, admite Nuria Fernández.
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