En las últimas semanas cientos de sudcalifornianos se han manifestado en Cabo San Lucas y en San José del Cabo, y las protestas van en incremento. El motivo es la reactivación de un antiguo conflicto social: la apropiación del Estero de San José del Cabo por parte de inversionistas particulares gracias a la intervención de diversas autoridades que desde hace tiempo han colaborado en la alteración del área de la Reserva Ecológica Estatal Estero de San José del Cabo (REEESJC), declarada así el 8 de octubre de 1993 mediante un decreto del gobierno estatal, estableciéndose también como Área Natural Protegida bajo la Categoría de Zona Sujeta a Protección Ecológica.
Asimismo, mediante otro decreto de mayo de 2004 fue ratificada en su categorías de reserva y área natural, de este último documento cabe resaltar que por utilidad pública se estableció la prohibición de edificar asentamientos humanos en la reserva. Lamentablemente, de entonces a la actualidad este cuerpo de agua ha sido mermado, pues ha sufrido incendios, vertido de aguas negras, tala de palmares, desecación, así como la modificación de su poligonal para beneficio de los desarrollos inmobiliarios. Pero también ha sido objeto de una tenaz defensa por parte de la ciudadanía organizada en grupos como Amigos del Estero de San José y Rescatemos y Disfrutemos el Estero de San José.
Dos administraciones municipales, la de Oscar René Núñez Cosio (2008-2011) y la de José Antonio Álvarez Montaño (2011-2015), expidieron cambios de uso de suelo y permisos para extracción y traslados de tierra del área para dar entrada a la construcción de obra nueva. Varias autoridades más han estado involucradas en el deterioro del estero, ya sea directamente o por omisión y entre estas se encuentran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Dirección de Ecología Municipal, entre otras; además de varios particulares a los que se les han vendido terrenos inmediatos al estero o se les han cedido, a través de la municipalidad, áreas interiores del mismo, para lo que se ha modificado en varias ocasiones la poligonal de delimitación de la reserva. Incluso hacia finales del siglo pasado y principios del presente el polígono fue transformado por otras administraciones municipales para la construcción del complejo turístico Puerto los Cabos y una marina.
Lo que reactivó el conflicto con la sociedad fue que, a partir del cambio de uso de suelo, el permiso de movimiento de tierra y una nueva modificación al polígono se liberó de este un espacio importante en las inmediaciones del cuerpo de agua, espacio en el que ahora se pretende erigir un gran hotel de lujo de la cadena Caesars Palace mediante Grupo Questro, que contempla un complejo de al menos 500 habitaciones en una edificación de seis niveles; con lo que se sellaría el destino de este espacio de agua dulce, vida silvestre y flora, que es hasta hoy considerado por los cabeños como el pulmón de San José del Cabo.
Ante este intento de ecocidio es necesario enfatizar y recordarle a nuestras autoridades que del decreto de 2004 se derivó el Programa de Manejo de la Reserva Ecológica Estatal “Estero de San José del Cabo” –que fue una actualización del programa de manejo de 1998– que la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología publicó en el número 35, Tomo XXXI, del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 2 de junio de 2004 y que en uno de sus múltiples apartados señala que: “El desarrollo urbano y de proyectos de gran escala en las inmediaciones de la reserva representan un riesgo potencial sobre las características ambientales del cuerpo de agua y sus zonas colindantes”. Lo que además de poner en riesgo el estero afectaría al acuífero de San José del Cabo, al que este cuerpo de agua está conectado, y del que se abastece gran parte de la población del sur de la entidad.
La ciudadanía ha reaccionado enérgicamente ante este intento de despojo legalizado de manera turbia por diversas autoridades, que incluyen a la alcaldesa actual Armida Castro, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien se ha enredado en explicaciones insulsas acerca de la grave situación del estero, además de que culpa a sus antecesores de la crisis, pero sin dar una solución expedita y convincente a la ciudadanía que reclama este espacio como suyo y como factor para el equilibrio ecológico en la zona. La actitud de Castro, después de ganar el cargo público, no concuerda con lo prometido durante la campaña electoral previa a las elecciones de 2018; baste recordar sus promesas en un video que vuelve a circular en las redes (https://www.youtube.com/watch?v=yKnFl2gXUxg). Esperemos que a la alcaldesa no se le olvide que forma parte de un movimiento mayor y que no estar del lado de la ciudadanía, y más en asuntos en los que la gente debería por ley y por sentido común ser privilegiada, no es uno de los postulados del partido político que la llevó a su cargo público, pues como muchos otros funcionarios fue impulsada por la fuerza de Morena y la figura de Andrés Manuel López Obrador.
La alcaldesa debe tener presente que en la media península los conflictos sociales ante el despojo tienen una larga tradición y los sudcalifornianos saben unirse contra el deterioro de su medio ambiente. Así lo han demostrado en largas luchas contra grandes transnacionales mineras y contra otros desarrollos turísticos que intentaron ser emplazados en reservas ecológicas o áreas naturales protegidas, como contra los intentos de erigir un complejo turístico en el Parque Nacional de Cabo Pulmo, asunto en el que estuvieron involucradas diversas administraciones federales, entre otros casos de despojo. Han sido los ciudadanos el fiel de la balanza entre los inversionistas y las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y todo parece indicar que en el caso del Estero de San José del Cabo la situación no va a cambiar.
La pregunta es qué va a hacer al respecto el gobierno federal de la “cuarta transformación” para respaldar a los sudcalifornianos ante el desinterés y la apatía mostrada por la administración municipal actual; pues de parte del gobierno estatal panista, al menos en la intervención de palabra del secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Ángulo, se percibe una tendencia a la defensa de la ciudadanía. El funcionario ha hecho diversos llamados a las autoridades municipales y federales para atender esta problemática y resolverla a favor de los sudcalifornianos, pero sus palabras no son suficientes. En este conflicto será fundamental el papel que tome el nuevo titular de la Semarnat, Víctor Toledo, pues el asunto no es menor y aunque debiera ser sólo una problemática ecológica de preservación del medio ambiente para el disfrute integral de los nativos y los turistas, todo parece indicar que tiene raíces profundas en el manejo de los poderes político y económico. En este sentido, de no resolverse a favor del entorno ambiental y de la ciudadanía, implicará un alto costo político para los objetivos nacionales de la “cuarta transformación”, pues es de todos sabido que la sociedad sudcaliforniana le cobra caro las afrentas a los partidos políticos. En Baja California Sur desde hace décadas aplica a cabalidad el dicho de López Obrador: El pueblo pone y el pueblo quita.
Roberto Galindo*
*Maestro en apreciación y creación literaria; literato, arqueólogo y diseñador gráfico. Cursa el doctorado de novela en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente
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