Tercera parte. El desaseo jurídico y político con que el gobierno de Felipe Calderón desapareció en una sola noche a la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC), dejando sin empleo a 44 mil trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, el 11 de octubre de 2009, blindó además el saqueo de toda su infraestructura; primero a través de un Contrato Indeterminado de Trasferencia de bienes e instalaciones, y después mediante un Contrato de Comodato. Figuras bajo las cuales el Servicios de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se escudaron para evadir su responsabilidad, lo que constituye un robo a la nación.

Cuando tras una ardua negociación con el gobierno federal se logró que se entregaran al SME diversos inmuebles, talleres e instalaciones de la extinta exparaestatal, como forma de subsanar el pago de pasivos laborales, los escenarios resultaron desoladores: los centros de trabajo de los smeitas fueron saqueados de manera impune, desapareciendo equipos, herramientas, maquinarias y demás enseres.

En una palabra, ni la CFE ni el SAE se preocuparon por el resguardo de bienes públicos de un millonario valor. Más que saqueo, los funcionarios de ambas dependencias consintieron un robo descarado por el que ahora, tras la denuncia del SME ante la Fiscalía General de la República (FGR), deben responder tanto el narcopresidente Felipe Calderón como funcionarios de su gabinete. En particular, el entonces director del SAE, Luis Miguel Álvarez Alonso, y el extitular de la CFE, Alfredo Elías Ayub, sin excluir a la exsecretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez.

En el capítulo ocho de su libro Decisiones Difíciles, Calderón no habla en absoluto de preocupación alguna por resguardar los bienes e instalaciones de LyFC, lo que demuestra que lejos de asumir su responsabilidad en este sentido, se mostró más preocupado en que su operativo contra el SME no tuviera imprevistos que en implementar los mecanismos que evitaran lo que al final sucedió: el robo impune permitido por el SAE y la CFE.

Su prioridad fue atropellar los derechos humanos y laborales de los miembros del SME, para que al asumirse el SAE como liquidador de LyFC tuviera la excusa para encubrir la sustitución patronal, violando desde un inicio el debido proceso y el acceso a la justicia. Llegó el momento de que Calderón Hinojosa explique a los mexicanos cómo fue posible que aún antes de publicarse el Decreto de Extinción de la empresa pública se autorizó al subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, Benjamín Contreras Astiazarán, poner a disposición de la CFE todas y cada una de las instalaciones del organismo público descentralizado.

A las 0:25 horas del 11 de octubre de 2009, y sin tener aún el carácter legal de liquidador de LyFC, el SAE celebró un convenio con la CFE para otorgarle los derechos sobre los bienes de la paraestatal, dándole amplias facultades para hacerse cargo de la facturación y la cobranza de los recursos económicos pendientes por el suministro de energía eléctrica en la zona centro del país.

La celebración de dicho convenio implicó, de hecho y derecho, la sustitución patronal de los agremiados del SME, pero así como el narcogobierno de Calderón echó mano de las fuerzas armadas para cumplir su ilegal cometido, de igual forma permitió que el SAE ejerciera facultades fuera de la ley, ya que su nacimiento legal como órgano liquidador de LyFC estaba previsto en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto de Extinción, hasta tres días después de publicado el mismo.

Tanto el convenio improvisado a deshoras como el Contrato de Comodato firmado el 11 de agosto de 2010 sirvieron de pretexto para sustentar la terminación de las relaciones individuales y colectivas, así como el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre LyFC y el SME, en la Junta Especial Número Cinco y la Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos, ambos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

En el “Anexo I. BIENES EN COMODATO”, del contrato del 11 de agosto, se especificaba que entre los bienes inmuebles que el SAE entregaba a CFE, se encontraban bienes inmuebles y líneas de transmisión, sin establecer con precisión, por ejemplo, el monto del dinero que se encontró en el momento de darse la toma de cada una de las instalaciones; tampoco se especificaba qué materiales y herramientas se hallaron ni cuál fue el destino de la maquinaria que estaba dentro de los talleres.

Hasta el día de hoy, ni el SAE ni la CFE han informado sobre el paradero de estos bienes, ni presentado un inventario que por ley debieron levantar sobre lo que de manera indudable eran bienes públicos.

Por estas fundadas razones es que en su denuncia ante la Fiscalía General de la República, el SME estableció que tal indolencia conforma “conductas que a todas luces son constitutivas de delito cometidas en agravio de la nación y en contra de las personas responsables de llevar materialmente dicho decreto, solicitando sea investigado por esta Fiscalía General de la República y se deslinden responsabilidades correspondientes en contra de quién o quienes resulten involucrados, considerando las personas que recibieron dichos bienes y, posteriormente, las que tuvieron en resguardo o les fueron transmitidas de cualquier forma en posesión o propiedad para determinar el destino de dichos bienes”.

El robo al patrimonio de la empresa extinta no sólo se dio en sus talleres, inmuebles e instalaciones, también lo operó la CFE en la sustitución del cobre por aluminio en los 1 mil 100 kilómetros de las redes de distribución y que en su momento el SME denunció sin que autoridad alguna tomara cartas en el asunto. Toneladas del preciado metal desaparecieron sin dejar rastro.

Otra punta de la madeja en la corrupción que precedió al cierre de LyFC, fue la aparición como concesionaria de la fibra óptica de la empresa WL-Comunicaciones, propiedad de los exsecretarios de Energía en el gobierno de Vicente Fox, Fernando Canales y Ernesto Martens, cargo por cierto también ocupado por el propio Calderón Hinojosa; hechos que a la distancia explican un bien planeado tráfico de influencias entre los políticos panistas. (Continuará).

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