No bastarán nueve años, ni muchos más, para borrar de la mente de todo un país las imágenes que mostraron uno de los peores abusos de poder en la historia contemporánea: militares vestidos como elementos policiales irrumpieron en las sombras de la noche el 11 de octubre del 2009, para sacar de sus centros de trabajo a los electricistas del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas).

No se trató de un operativo para enfrentarse a  peligrosos narcotraficantes o delincuentes, sino para agredir a mexicanos indefensos que por generaciones levantaron la infraestructura eléctrica en la zona centro del país y atendieron  a 6 millones de usuarios.

Con un despliegue propio de dictaduras militares fue como el espurio exmandatario Felipe Calderón Hinojosa impuso el  Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, que de la noche a la mañana dejó sin empleo  a 44 mil agremiados del SME, y en la indefinición jurídica a otros 22 mil jubilados. Nunca hubo de por medio notificación alguna o invitación al diálogo. La fuerza de las armas suplió a la razón y aniquiló al Estado de Derecho.

Al paso de los años, toda la estulticia que envolvió a esta mendacidad oficial ha salido a la luz, como las declaraciones vertidas al diario El Universal por quien fuera el exsecretario del Trabajo en el gabinete de Calderón y ahora exsenador de la República, Javier Lozano Alarcón, quien aceptó que el encubierto golpe contra el Sindicato Mexicano de Electricistas se preparó con el mayor de los sigilos semanas antes de su ejecución.

El político de marras lo calificó como “un operativo impecable, diseñado y ejecutado por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sin ningún tipo de enfrentamiento y sin necesidad de utilizar la fuerza pública”.

Ahora, en las nuevas circunstancias económicas, políticas y sociales que se avecinan en México, tal abuso de poder se muestra como lo que fue: una cobarde canallada de un presidente que no supo estar a la altura de su cargo como jefe de las instituciones. Un hombre que llegó al poder inmerso en un descarado fraude electoral en contra del hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador,  y se sentó en la silla presidencial –“haiga sido como haiga sido”- buscando desesperadamente legitimarse para quitarse el Sambenito de usurpador. Algo que nunca consiguió.

Vale preguntar hoy  al  fiel cancerbero de Calderón, Javier Lozano: ¿Cómo es posible que tuvo el descaro de  firmar, antes del atropello, la revisión contractual entre Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas,  con vigencia del 16 de marzo del 2008 al 16 de marzo 2010?

Y haber avalado, igualmente, el convenio de productividad donde él mismo redactó la cláusula décima primera, referente a la concesión de una red pública de telecomunicaciones que permitiera la operación de la fibra óptica asociada con el ancho de banda de la red de mediana y baja tensión en material de cobre, para brindar el servicio de voz, datos e imagen a la sociedad, el llamado Triple Play, a bajo costo, lo que se habría traducido en un exitoso plan de negocios que hubiera reportado a la extinta empresa pública recursos por más de 100 mil millones de pesos anuales, saneando con ello sus finanzas.

Lozano y su jefe Calderón sabían perfectamente que la recuperación de las finanzas de Luz y Fuerza era posible, pero ocultaron tramposamente esta información, haciendo creer a la opinión pública que la empresa operaba con pérdidas a las arcas públicas y no podía seguir manteniendo, además, el “costoso” Contrato Colectivo del SME. Todo siempre fue una colosal mentira.

El tristemente célebre “presidente del empleo”, echó mano de la extinción de Luz y Fuerza para tratar de aminorar su caída libre a mitad de su sexenio, luego de que su fallida guerra contra el narco resultó todo un fracaso al sumar miles de muertos y desaparecidos en todo el país, sin obtener resultado alguno.

Otra de sus falacias fue el prometer ahorros sustanciales al gasto con la desaparición de la empresa pública; bajar las tarifas y mejorar el servicio. Ninguno de sus sofismas se concretó.

Ahora se tiene la absoluta certeza de que el encubierto objetivo fue empezar a abrir la puerta a la privatización del sector eléctrico nacional, alcanzado más tarde con la Reforma Energética. El gobierno panista sabía que para avanzar en esta desnacionalización era necesario extinguir de paso al Sindicato Mexicano de Electricistas, razón por la cual antes del “Golpe de Estado” contra el SME, Lozano Alarcón negó la toma de nota a su Comité Central, electo democráticamente para el periodo 2009-2011, bajo el argumento de que hubo fraude electoral.

El pianista fracasado metido a político había fallado en colocar en la dirigencia del SME a su títere Alejandro Muñoz Reséndiz y buscó por todos los medios anular al sindicato. Otro de los fines que tampoco lograron, pues se realizaron nuevas elecciones internas donde se ratificó el apoyo unánime de los miembros del SME a sus representantes.

A nueve años de perpetrado el golpe al SME sigue vigente su registro como sindicato de industria. Más fuerte y unido que nunca.

Llegar al sitio donde hoy los electricistas ven con optimismo hacia el futuro no fue una tarea sencilla, pues además de la movilización social e infinidad de marchas, mítines y plantones, en el terreno jurídico el SME se enfrentó  a jueces y ministros de consigna, lo mismo que políticos de grupos y partidos, maniatados.

Vale traer a colación lo acontecido en septiembre del 2012, cuando el fallo de un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo estableció  la obligación del gobierno federal a asumirse como patrón sustituto, obligándolo a reconocer los derechos y prestaciones de ley del SME, fallo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron sepultar en la ilegalidad, pasando como Calderón y su decreto de extinción, por encima del  Estado de Derecho al revocar la decisión a favor de los electricistas en resistencia, en su sesión del 31 de enero del 2013.

A nueve años del  vergonzoso atropello, nadie duda que el decreto de Calderón que extinguió una empresa pública jamás se sustentó en la Constitución ni en la ley. Valga decir que también los diputados se plegaron a la línea oficial, incluso los de oposición, entre ellos el PRI, negándose a aprobar una controversia constitucional que hubiera echado abajo la ilegal acción.

Es por ello que a nueve años de la felonía del espurio Calderón Hinojosa, los electricistas del SME no olvidan y expresan estar plenamente conscientes de que la lucha sigue por restablecer la legalidad y la justicia en México, para que lo sucedido con el arbitrario cierre de Luz y  Fuerza del Centro no vuelva a ocurrir en el país y ningún trabajador sea despedido sin mediar más explicación que un autoritario decreto.

Por eso, el grito del SME y  del pueblo de México debe ser  al unísono: ¡11 de octubre, no se olvida¡…

Martín Esparza