Luego de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó una serie de medidas cautelares, las cuales prohíben a actores políticos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) vincular la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez con el candidato de Va por la CDMX, Santiago Taboada, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, indicó que esta resolución es “oscurantista” y “medieval”, ya que “atenta contra la libertad de expresión, censura y marca un retroceso al desarrollo del pensamiento crítico en el país”.
“[Al IECM] no les gusta un pensamiento, entonces buscan censurarlo; no están de acuerdo con una opinión, entonces quieren censurarla administrativamente, pero ¿Qué va a pasar? Lo que va pasar es que mucha gente que piensa así, ahora con más ganas lo va a difundir por redes sociales. […] Por un lado, me parece un retroceso muy lamentable a los tiempos de la censura y el oscurantismo; y por otro lado, me parece muy difícil que con esas medidas puedan evitar que florezca el pensamiento crítico”.
De igual manera, el mandatario capitalino señaló que la determinación del órgano electoral muestra que “no es imparcial”, debido a que la mayoría de sus consejeros responde a determinadas fuerzas políticas. También, puntualizó que esta situación está presente en otros órganos electorales de carácter federal.
“Trataron de censurar el libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso digo que son tiempos de oscurantismo. ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer? ¿Cerrar periódicos o quemar libros en la hoguera?”.
Asimismo, Batres Guadarrama añadió que la actividad ilícita relacionada a la corrupción inmobiliaria es real y surgió por la autorización de pisos excedentes en los edificios de la alcaldía Benito Juárez, donde se vieron implicados exfuncionarios de la demarcación.
Finalmente, recordó la iniciativa de reforma que postuló hace algunas semanas, con el objetivo de incorporar como delito al Código Penal de la Ciudad de México estas prácticas. La misma que ya fue aprobada por los legisladores del Congreso de la Unión.
“Esta reforma obedece a situaciones reales, sino no se hubiera dado, cambian las realidades y eso implica que frente a conductas que se desarrollan se establezcan nuevos tipos penales. [..] Y la Fiscalía, por ejemplo, tendrá que seguir haciendo sus investigaciones y las investigaciones que tienen, tienen tiempos legales, no se pueden retrasar o acelerar por otro tipo de procesos”.
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