La Auditoría Superior de la Federación documentó anomalías millonarias en el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, correspondientes a las áreas de seguridad y salud pública. En el primer caso, se trató de fondos provenientes del Fortaseg, de los que se presume un quebranto patrimonial por más de 100 millones de pesos; en el segundo caso, el daño a la hacienda pública podría superar los 125 millones

Entre las cuentas pendientes que dejará el gobernador saliente de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, están las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Públicas 2020. Entre ellas destacan anomalías millonarias en el gasto federal destinado a las seguridad y a la salud pública, con posibles daños patrimoniales por más de 225 millones de pesos en forma global (100 millones correspondientes al rubro de la seguridad, y 125 millones al de salud).

En el primer caso, la auditoría 1368-GB-GF se enfocó en el ejercicio del subsidio federal denominado Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg), e indica que para 2020 el gobierno de Tamaulipas recibió 151 millones 233.8 mil pesos por ese concepto, de los cuales no pudo comprobar el gasto de 90 millones 508 mil 222 pesos; otros 9 millones 488.3 mil pesos los subejerció, por lo que los reintegró a la Tesorería de la Federación en el primer trimestre de 2021; además de que no acreditó la entrega de bienes supuestamente contratados con la Secretaría de la Defensa Nacional por más de 16 millones de pesos.

Respecto de los más de 90 millones que no pudo comprobar, el máximo órgano de fiscalización del país emitió dos pliegos de observaciones en los que presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal. El primero de ellos es por un monto de 79 millones 308 mil 222.49 pesos (más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesofe), por no acreditar la documentación justificativa y comprobatoria de los supuestos bienes adquiridos en cinco contratos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:

-SESESP/81/2020, por 31 millones 334.5 mil pesos, para el suministro de prendas de protección del personal policial;

-SESESP/86/2020, por 22 millones 109.4 mil pesos, para el suministro de vestuario y uniformes para el personal policial;

-SESESP/38/2020, por 9 millones 984.8 mil pesos, que tuvo por objeto el suministro de termómetros, guantes desechables, jabón antibacterial líquido, overol desechable;

-SESESP/54/2020, por 9 millones 976 mil pesos, para la adquisición de cubrebocas;

-SESESP/55/2020, por 5 millones 903.5 mil pesos, para comprar gel antibacterial.

El otro pliego de observaciones presume un quebranto de más de 11 millones de pesos, más intereses. En éste se señala que el gobierno de Tamaulipas –que encabeza el panista García Cabeza de Vaca hasta este 29 de septiembre, cuando se termina formalmente su administración– “no presentó la documentación comprobatoria que constate que se efectuaron las evaluaciones de permanencia y de nuevo ingreso de acuerdo al convenio de colaboración, como informes y cierre de evaluación o listado de personal evaluado por 11 millones 200 mil pesos”, en incumplimiento de los lineamientos del Fortaseg, el convenio específico de adhesión y el convenio específico de colaboración para formalizar la evaluación de control de confianza para aspirantes y personal en activo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Adicionalmente, la ASF emitió una solicitud de aclaración por 16 millones 563 mil 134.95 pesos que carecieron de documentación comprobatoria respecto de “bienes pagados a la Secretaría de Defensa Nacional con recursos del subsidio que no fueron suministrados”, sin que especifique qué bienes fueron los que se habían comprado.

Respecto del subejercicio por más de 9 millones de pesos, la Auditoría Superior emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas investigara y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo correspondiente “por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, reintegraron recursos del Fortaseg 2020 a la Tesorería de la Federación” en vez de destinarlos a la seguridad pública como lo marcan el convenio y las normas y leyes aplicables.

En sus conclusiones, la ASF determinó que el gobierno de García Cabeza de Vaca registró inobservancias a la normativa en el ejercicio de los recursos, “principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 107 millones 71.4 mil pesos, que representó 75.5 por ciento de la muestra [141 millones 745.6 mil pesos]”.

Además, detalló que también se registraron incumplimientos en las obligaciones de adquisiciones sobre la gestión del subsidio, “ya que omitieron poner a disposición del público en general las adquisiciones en CompraNet, entre otros. En conclusión, el gobierno del estado de Tamaulipas no realizó una gestión razonable de los recursos del subsidio”.

En Salud, probable quebranto de 125 millones

Dos auditorías dan cuenta de probables quebrantos a la Hacienda Pública por unos 250 millones de pesos en salud. La primera de ellas es la 1346-DS-GF, en la que la Auditoría Superior de la Federación emitió cinco pliegos de observaciones por posibles daños al erario, destinado por la federación a Tamaulipas en cumplimiento al Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social.

El primer pliego presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 31 millones 673 mil 49.83 pesos (más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesofe), por no proporcionar documentación comprobatoria que acredite el pago de insumos médicos, en incumplimiento de las leyes General de Contabilidad Gubernamental, y de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Otro tiene que ver con pagos en exceso de medicamentos respecto a los precios máximos de referencia emitidos por la autoridad competente, por 20 millones 933 mil 690.64 pesos (más rendimientos). El tercero, con compras indebidas: se presume un probable daño por 15 millones 923 mil 317.93 pesos (más rendimientos financieros) “por destinar recursos del programa para realizar pagos de claves de medicamentos que no se encontraban registradas dentro de los precios máximos de referencia emitidos por la autoridad competente”.

Otro gasto presuntamente mal ejercido ascendió a 6 millones 497 mil 787.53 pesos (más rendimientos). En este caso se observó que la Secretaría de Salud de Tamaulipas destinó recursos del programa para realizar pagos de remuneraciones que excedieron el 40 por ciento para el personal que hasta el 31 de diciembre de 2019 estuvo contratado con cargo a los recursos del Sistema de Protección Social en Salud, y cuyas funciones se encontraban directamente relacionadas con la prestación de servicios de atención a las personas sin seguridad social, en incumplimiento del Acuerdo.

Y también se documenta un posible quebranto por 219 mil 996.74 pesos (más rendimientos), porque en los estados de cuenta bancarios utilizados para la dispersión de la nómina quedó un saldo pendiente de comprobar en los objetivos del programa.

La segunda auditoría que da cuenta de posibles desfalcos en la administración de García Cabeza de Vaca es la 1356-DS-GF, en la cual la ASF revisó el destino del dinero proveniente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. En esta se emitieron tres pliegos de observaciones. El primero “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 37 millones 807 mil 930.42 pesos, más los rendimientos financieros hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del ejercicio fiscal 2020 que no fueron pagados al 31 de marzo de 2021, en

incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49 y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17.”

El segundo, el posible quebranto asciende a 12 millones 612 mil 444.74 pesos, “por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2020 para realizar pagos de remuneraciones a 33 servidores públicos, de los que no se contó con la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobró dicho personal durante el ejercicio fiscal 2020, en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud […] y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín.

Mientras que el último pliego observó un posible daño al erario por 230 mil 67.99 pesos, “por los rendimientos financieros generados que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2020”, en incumplimiento de las leyes de Coordinación Fiscal y de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

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