Viajes al extranjero, pagos millonarios por el arrendamiento del edificio sede, presuntas anomalías en la aplicación de multas a empresas que infringen la ley de los datos personales, extorsiones al personal para que entregue entre el 10 y el 60 por ciento de su sueldo a sus superiores, opacidad en casos de presunta corrupción –como los cuatro contratos a favor de las empresas de Xóchitl Gálvez o el uso indebido de las tarjetas American Express, incluido el caso del table dance dedicado a la prostitución, del que aún ni se informan los resultados de la investigación interna–, nepotismo, contratos presuntamente amañados en limpieza y paquetería, son algunas de las cuentas pendientes del Inai, organismo que pronto podría dejar de existir. En su próxima reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, los cuatro comisionados abordarán el status de esos asuntos

Primera parte. Un amplio expediente –que le fue entregado a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez– documenta una serie de presuntos actos de corrupción cometidos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y detalla algunos casos de excesos, como los viajes al extranjero de los comisionados.

En ese archivo, al que Contralínea tuvo acceso, se incluyen copias de los cuatro contratos –y sus anexos técnicos– que el Inai firmó con una de las empresas de la familia de Xóchitl Gálvez, y que la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, denunció en el primer debate presidencial; así como los documentos sobre el arrendamiento del edificio sede del Inai, que cuesta 7 millones de pesos mensuales al erario, y que fueron clasificados por el propio Instituto de la “Transparencia” como confidenciales, para ocultar el negocio que significa.

Además, hay copias de correos electrónicos sobre denuncias de presuntas anomalías en la aplicación de multas a empresas que infringen la ley de los datos personales, y que apuntan a que habría una red de traficantes de influencias a través de un despacho externo, de lo que ya se dio vista al Órgano Interno de Control.

También se incluyen copias de las auditorías que demuestran las extorsiones al personal del propio Instituto de la Transparencia para que entregue entre el 10 y el 60 por ciento de su sueldo a sus superiores. En este caso, los hallazgos apuntan que los 44 testimonios reunidos por la Auditoría Superior de la Federación son de personal que estuvo adscrito a la oficina del excomisionado Monterrey Chepov.

También se incluye la auditoría sobre el uso indebido de las tarjetas American Express, en la que se documenta cómo hasta 2023, algunos comisionados emplearon la tarjeta corporativa para pagar gastos personales, como el súper, y para solventar gastos suntuosos en cantinas, bares y restaurantes de lujo.

Otro documento que se le entregó a la secretaria de Gobernación es el acta de sesión del pleno del Inai (de 2015) en la que se clasificó como confidencial el caso del excomisionado Óscar Guerra Ford, por el gasto presuntamente indebido en un table dance dedicado a la prostitución.

Este caso, que Contralínea reveló en noviembre de 2023, es uno de los mayores escándalos de corrupción en el organismo, pues no sólo se refiere al presunto uso indebido del dinero público en un establecimiento donde se cometía el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución, sino a las redes de complicidades dentro del Inai, que permitieron ocultar la información –contrario al deber que le confiere la Constitución de ser garante del derecho humano a la información– y generar impunidad, a grado tal que cuando este semanario publicó la investigación Guerra Ford se desempeñaba como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.

El expediente en manos de la titular de la Segob también contiene denuncias sobre casos de nepotismo; así como auditorías a contratos presuntamente amañados en los servicios de limpieza y paquetería, asignados a empresas que incumplen o que cobran por aviadores.

En su próxima reunión con la secretaria Rosa Icela Rodríguez, los cuatro comisionados –Adrián Alcalá (presidente), Blanca Lilia Ibarra (expresidenta), Julieta del Río y Josefina Román– abordarán el status de esos asuntos, además de profundizar en sus preocupaciones por la casi inminente extinción del Inai.

Los contratos de Xóchitl Gálvez

La empresa Operación y Mantenimiento A Edificios Inteligentes, SA de CV (OMEI), creada por la excandidata presidencial del PRIAN, Xóchitl Gálvez, y ahora manejada por su familia, obtuvo cuatro contratos del Inai, entre 2017 y 2019. Posteriormente, la panista se volvió principal defensora del Instituto.

Se trata de los contratos OA/C015/17, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, para el “servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del Inai”, por un mínimo de 1 millón 400 mil y un máximo de 3 millones 500 mil pesos.

El contrato OA/C012/18, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, para el mismo servicio, por un mínimo de 1 millón 700 mil y un máximo de 4 millones 250 mil pesos.

El OA/C015/19, con vigencia del 1 al 31 de marzo de ese año, para el “servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del Inai por un monto mínimo de 1 millón 480 mil pesos y un monto máximo de 3 millones 700 mil pesos.

Y el contrato OA/C009/19, firmado el 18 de enero de 2019, cuyo monto se fijó en 646 mil 551 pesos, y tuvo por objeto “la prestación del servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del Inai, en los términos pactados en el presente instrumento y conforme a las modalidades, especificaciones y características contenidas en el anexo técnico”.

La empresa beneficiaria –Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, SA de CV– fue fundada en 1998 por Xóchitl Gálvez Ruiz, y actualmente su hija Diana Vega Gálvez es socia. Esta última fue quien coordinó a los simpatizantes a la candidatura presidencial del PRIAN, conocidos como ‘xochilovers’, durante el pasado proceso electoral.

Durante el primer debate presidencial, el 7 de abril pasado, la ahora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, acusó un posible conflicto de interés, pues Xóchitl Gálvez se asumió como principal defensora del Inai al mismo tiempo que la empresa OMEI se beneficiaba mediante contratos con ese Instituto.

Durante la campaña presidencial, la panista dijo que ella no desaparecería al Instituto Nacional de Transparencia, sino que le daría “dientes” para combatir la corrupción. Además, como senadora, se pronunció en varias ocasiones a favor del órgano autónomo con la misma leyenda –“el Inai no se toca”– que inventó el empresario Claudio X González Guajardo. Como parte de esa defensa, el 25 de enero de 2023 acudió al Instituto para mostrar su respaldo a los comisionados, como quedó asentado en la cuenta de la red social X del hoy presidente Adrián Alcalá.

Pero no sólo eso: el 18 de abril de 2023, Gálvez Ruiz colgó mantas en el Senado con las frases: “No le saquen a rendir cuentas” y “A qué le tienen miedo en Morena”, acompañadas con el hashtag ‘Transparencia Ya’, con las que exigía que se nombraran a los comisionados faltantes. Y 10 días después, el 28 de abril del año pasado, incluso participó junto con otros legisladores del PAN, PRI y PRD –como Gustavo Madero– en la llamada “piyamada” por la defensa del Inai, que consistió en la “toma” del Senado.

Xóchitl Gálvez asumió su cargo como senadora de la República en la bancada del Partido Acción Nacional el 1 de septiembre de 2018. Es decir que, cuando se firmó el contrato OA/C009/19, el 18 de enero de 2019, Gálvez ya tenía la “dualidad” de servidora pública y empresaria. No obstante, luego de que el presidente López Obrador diera a conocer que tanto OMEI como la empresa High Tech Services –de la que es socia Gálvez Ruiz– obtuvieron más de 1 mil 400 millones de pesos en contratos con el gobierno, la entonces senadora indicó que había cedido sus acciones de OMEI a su hija Diana Vega.

En OMEI no sólo colabora la hija de la panista: el contrato fue firmado por la sobrina de la candidata del PRIAN a la Presidencia de la República, María Fernanda Flores Gálvez, en su calidad de representante legal, y por Héctor Fernando Ortega Padilla, representante legal del Inai.

Caso del table dance

En el expediente que le fue entregado a la secretaria de Gobernación hay varias evidencias de cómo ha operado el Inai para ocultar sus propios casos de corrupción. Ejemplo de ello es el caso del table dance, en el que participaron todos los ahora excomisionados y excomisionadas del Instituto.

Y es que, en 2016, el Instituto Nacional de Transparencia ocultó los gastos personales que el excomisionado y exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Óscar Guerra Ford, hizo con cargo a la tarjeta corporativa de la institución (una American Express), es decir, con dinero público.

Al resolver un recurso de revisión promovido por un particular, el pleno del Instituto censuró los detalles de 94 cargos indebidos que obran en los estados de cuenta de dicha tarjeta bancaria, porque, según los pares de Guerra Ford, éstos revelarían su patrimonio. Entre los gastos destacan tres que se ejecutaron en un table dance de nombre Curazao, clausurado después por trata de personas en su modalidad de prostitución.

Aunque el pleno analizó de forma íntegra los documentos, no separó del cargo a Guerra Ford ni pidió al Órgano Interno de Control investigar este presunto manejo irregular de recursos públicos. Fue hasta que Contralínea reveló este caso que el exfuncionario se separó del cargo y se abrió una investigación interna, de la que aún no se tienen resultados.

En su momento, Contralínea consultó a Guerra Ford sobre esos gastos en particular, a lo que éste respondió: “asistí a ese establecimiento con compañeros de trabajo, sin tener el conocimiento de que ahí se cometían actos ilícitos y, que por ello fue clausurado. La clausura de establecimientos y determinación de delitos corresponde a la autoridad competente en la materia”.

En el archivo que ya analiza la titular de la Segob, se da cuenta del recurso de revisión RDA 1109/16, en el que el pleno del Inai clasificó la información de los 94 gastos personales de Guerra Ford, incluido el del table dance. No obstante que los gastos se realizaron con la tarjeta American Express –con número 3766-894309-71008– propiedad del Instituto, su pleno censuró los datos bajo el supuesto de que se revelaría el patrimonio del excomisionado.

El Inai –que supuestamente vela por el derecho humano a la información del pueblo de México, y que debe aplicar la máxima publicidad en torno al manejo del dinero público para contribuir al combate a la corrupción y la rendición de cuentas– determinó: “los movimientos bancarios permiten identificar los conceptos de los gastos que fueron solventados con el patrimonio de una persona física, lo que daría cuenta de su patrimonio y su capacidad económica. En ese sentido, este Instituto estima procedente la clasificación como confidencial de los datos referidos, con fundamento en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.

De acuerdo con la ya derogada Ley que citaron, el artículo referido establecía que como información confidencial se considerará: “II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley”. Además del patrimonio, en la propia resolución del pleno se cita que los datos personales confidenciales son aquellos relacionados con, entre otras cosas, características morales, características emocionales, vida afectiva, otras análogas que afecten su intimidad.

Para “justificar” la censura, el pleno del Instituto añadió que se “testaron” los cargos recuperados por el Inai porque, “si bien los conceptos de los cargos fueron pagados en un primer momento por el Instituto, lo cierto es que dichos cargos fueron solventados por el comisionado [Guerra Ford] con su patrimonio. En ese sentido, conocer los conceptos de los gastos generados que al final son pagados por el servidor público referido en su calidad de particular, daría a conocer información patrimonial relativa a la administración de su patrimonio y su capacidad económica; lo que sólo le incumbe a su titular”.

Ese argumento claramente se deriva de una interpretación discrecional de las leyes vigentes al momento de ocurrir la situación, pues en el servicio público el desvío del erario, sin importar la cantidad, constituye peculado ni si se repara el daño o no. De acuerdo con el manual Delitos de corrupción que pueden cometer las personas servidoras públicas, elaborado por la Secretaría de la Función Pública, se trata de la “apropiación o desviación del destino de los recursos, que pertenecen al Estado, por las personas responsables de su manejo y custodia”.

Los gastos personales del excomisionado ocurrieron entre 2014 y 2015, mientras que la censura del Inai se ejecutó en mayo de 2016, cuando el pleno resolvió dos recursos de revisión –el 1109/16 y el 0634/16–, promovidos por particulares. Estos recursos –que recayeron en la ponencia de la entonces comisionada Patricia Kurczyn y fueron convalidados por Ximena Puente de la Mora (entonces presidenta del Inai), y los entonces comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez– permiten saber que el pleno del Instituto censuró los detalles de 94 cargos indebidos que obran en los estados de cuenta de la tarjeta bancaria asignada por el Inai a Guerra Ford. Entre esos gastos destacan los que se ejecutaron en el table dance Curazao, clausurado el 14 de septiembre de 2018 por trata de personas en su modalidad de prostitución. Durante el operativo federal, fueron rescatadas 17 mujeres mexicanas y dos venezolanas.

Contralínea obtuvo copias de los estados de cuenta de la tarjeta American Express propiedad del Inai y que por años manejó Guerra Ford, donde figuran los cargos en ese establecimiento: el primero del 22 de agosto de 2014, por 2 mil 350 pesos, y los otros dos del 23 de agosto de 2014, por 14 mil 523 pesos y 3 mil 538 pesos, respectivamente. En total, 20 mil 411 por la cena que el excomisionado aseguró en su momento, tuvo “con compañeros de trabajo”, es decir, del Inai. Entre esos compañeros podría haber estado el actual presidente del Instituto, Adrián Alcalá, quien sin embargo lo ha negado sistemáticamente. No obstante, hay testimonios en el Inai que apuntan lo contrario.

En la próxima entrega abordaremos el caso del arrendamiento del edificio sede del Instituto, que también fue ocultado por pleno al resolver que los documentos de la renta son confidenciales, así como las contrataciones presuntamente irregulares para los servicios de limpieza y mensajería.

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