La falta de profesionalización de la carrera civil de los funcionarios impide un efectivo combate a la corrupción en México. A nivel estatal y municipal, el país carece de regulaciones del servicio civil de carrera, afirma el último reporte del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República.

De acuerdo con la publicación Causas y efectos de la corrupción burocrática, los delitos de corrupción más frecuentes, como el soborno, el cohecho y el desvío de recursos, están asociados de forma directa con el desempeño de los servidores públicos. Por esta razón, la profesionalización del servicio público resulta fundamental para mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

A nivel federal, México cuenta desde 2003 con un Servicio Profesional de Carrera. Sin embargo, a nivel estatal, únicamente siete entidades poseen ordenamientos que regulan el servicio civil de carrera en el poder ejecutivo (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Quintana Roo, Veracruz, Zacatecas) y sólo tres para el poder legislativo (Campeche, Querétaro, Veracruz).

A nivel municipal, el combate a la corrupción no se ha convertido en un problema público apremiante en el diseño de políticas públicas locales: sólo 139 de los 2 mil 463 municipios y demarcaciones cuentan con un plan o programa anticorrupción, y 373 están en proceso de elaborarlo.

El informe del IBD, publicado en mayo de 2021, observó que si bien dentro de los planes estatales de desarrollo se contempla la profesionalización de los servidores públicos como un factor importante, ello no se traduce en la creación de leyes que creen y regulen servicios civiles de carrera en la administración pública central y otras dependencias públicas locales.

“La seguridad pública y el acceso a la justicia se encuentran entre los bienes y servicios públicos con mayor grado de corrupción a nivel estatal”, afirma el reporte número 89 de temas estratégicos del Senado.

Policías, senadores, diputados locales y federales son los funcionarios públicos que menor confianza inspiran en los mexicanos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Asimismo, Durango, Guerrero, Coahuila, Ciudad de México y Quintana Roo son las cinco entidades federativas con las mayores tasas de actos de corrupción reportados, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi.

Los trámites son mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante 2019 fueron el contacto con autoridades de seguridad pública, los permisos relacionados con la propiedad, los trámites ante el Ministerio público y los trámites municipales.

El reporte, elaborado por las investigadoras Perla Carolina Gris Legorreta y Susana Ramírez Hernández, resalta la importancia de contar con mecanismos eficientes de reclutamiento, gestión, capacitación, evaluación y sanción de funcionaros públicos, para evitar efectos de la corrupción como las afectaciones a la recaudación fiscal, a la ejecución del presupuesto y a la calidad de los servicios e infraestructura pública.

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