La Fiscalía General de la República (FGR) informó que iniciará un proceso penal contra la jueza Jovita Vargas Alarcón, por su “escandalosa protección” hacia el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acusado de la presunta comisión de los delitos de peculado y lavado de dinero.
Aunque desde el pasado mes de marzo, Aureoles Conejo se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) obtuviera una orden de captura contra el exgobernador, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta (por el presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos).
Sin embargo, Silvano Aureoles tramitó un juicio de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en la Ciudad de México y logró obtener una suspensión provisional para evitar su detención, hasta que se decida si se le concede la suspensión definitiva.
En este contexto, la FGR señaló –en un comunicado– que la jueza novena de Distrito en Materia Penal ordenó la comparecencia del exfuncionario para el pasado 9 de mayo, “razón por la cual esta institución estuvo pendiente para verificar que se cumpliera dicha comparecencia, la cual no ocurrió, ya que el imputado no se presentó en el Juzgado”.
Una vez conocida esta situación, el Ministerio Público de la Federación (MPF) solicitó a la jueza un informe, pero tras cuatro días “la jueza informó que había dejado por comparecido a Silvano Aureoles”, a pesar de que éste no se presentó a la audiencia, “esgrimiendo un escrito no ratificado de dicho individuo”.
Bajo ese argumento le otorgó fecha para una nueva audiencia, “evidentemente parcial y dilatoria, para dentro de tres meses”, lo que retrasa el proceso judicial y viola “el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que la audiencia debe celebrarse en un lapso de 15 días posteriores”.
La FGR detalló que presentará una denuncia penal contra la jueza Jovita Vargas, pues “no existe justificación legal frente a la no comparecencia de este individuo, a quien se le debió de ratificar la orden de aprehensión vigente, que las autoridades judiciales han suspendido ilegalmente, brindándole una protección que es notoriamente parcial e injusta”.
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